La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) hizo este viernes un paro general parcial de actividades en todo el país tras la agresión que sufrió una funcionaria que cumple tareas en las oficinas del Centro de Mediación, en el departamento de Rocha. El hecho se produjo este jueves.
El secretario general de la AFJU, Pablo Elizalde, explicó a la diaria que la situación se originó cuando un hombre accedió a una oficina donde se encontraba una trabajadora mediadora judicial. Posteriormente, trancó la puerta, sacó una cuchilla que tenía consigo y empezó a insultar y amenazar de muerte a la mujer.
El dirigente informó que en el pasado el agresor había ocasionado otro incidente, provocándose heridas en su cuerpo. El motivo habría sido la falta de respuestas a sus reivindicaciones relacionadas con la tenencia de un menor. Sobre la situación de violencia con la trabajadora, agregó que la quiso atar con un cinto, y decía que el Poder Judicial no había dado solución a sus problemas.
Con referencia a la paralización, que se desarrolló de 12.30 a 15.30, Elizalde dijo que “el acatamiento fue muy alto”, y que en esta oportunidad no hubo ni marcha ni movilización. Agregó que “las últimas noticias que tenemos es que el hombre está detenido y que se había solicitado una pericia psiquiátrica por parte de Fiscalía. Por este hecho, vamos a convocar una reunión de la Intergremial, para evaluar cómo se sigue con este tema”.
Acerca de la salud de la trabajadora, manifestó que “quedó muy nerviosa, muy angustiada y preocupada. También porque en algún momento tendrá que volver a trabajar y el miedo está latente. Por unos días no se va a reintegrar. Luego se evaluará cómo se reintegra a sus tareas. Estas situaciones en el interior se agudizan un poco más porque se conocen todos”.
Elizalde reconoció que “no existe ningún tipo de protocolo para este tipo de hechos o situaciones. De hecho, nosotros estamos exigiendo la creación de una oficina de salud laboral, para justamente comenzar a trabajar en este tipo de problemáticas. Temas de violencia, acoso y persecución en el ámbito interno, pero cuando surgen sucesos de violencia, activar un protocolo de actuación. Lamentablemente, el Poder Judicial no tiene ningún tipo de protocolo en ese sentido”.
Sobre la creación de esos protocolos, dijo que la negociación “viene trancada”, dado que la Asociación presentó un proyecto hace casi dos años pero “no avanza”. La negociación es con la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y a través de su Dirección General. El dirigente recalcó que situaciones de violencia por temas de genero y casos de violencia doméstica “llegan todos los días”, pero no de la gravedad y seriedad del hecho que aconteció en Rocha.
Mencionó también que otros funcionarios, quienes ejercen tareas como notificadores y alguaciles, “han sido robados en la calle”, y recordó que “en el Poder Judicial, su materia es el conflicto. Siempre se están tratando de dirimir conflictos, y no todo el mundo está en condiciones de aceptar y acatar ciertas responsabilidades. Entonces, la SCJ la responsabilidad que tiene que tener es justamente garantizar la seguridad de los trabajadores”.
Para Elizalde, muchas de las dificultades que atraviesa la Suprema Corte de Justicia son “multicausales, y a la vez hay responsabilidades compartidas. Bien sabemos que el Poder Judicial tiene pocos recursos, pero en determinadas situaciones, cuando se le pide protección al Ministerio del Interior, lo más fácil es decir que no tienen funcionarios. Ahí están las responsabilidades compartidas. Sabemos que, por las políticas del gobierno, los organismos están trabajando con los recursos mínimos imprescindibles”.
“Hay una discusión bastante seria y profunda que hay que dar, y es hasta qué punto se puede negar el envío de un custodio a algunas sedes judiciales. No es desproteger y dejar a la Justicia desguarnecida”, afirmó.