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Foto: Ignacio Dotti

AEBU se reúne con bancos estatales por Caja Bancaria, sistema de cuidados, metas y acoso laboral

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Dirigente afirmó que trabajan “en forma bipartita” en la definición de las metas y en el seguimiento de su cumplimiento, “pero la OPP introdujo algunos cambios a ese sistema de remuneración que nos preocupan, porque es bastante más exigente”.

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El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) solicitó reuniones con los directorios del Banco República (BROU), del Banco de Seguros del Estado (BSE), del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), del Banco Central del Uruguay (BCU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), con el objetivo de dialogar sobre cuatro temas. Los puntos son la ley de la Caja Bancaria, el sistema de cuidados, la defensa de la autonomía de los entes autónomos y una serie de irregularidades comprobadas en el tratamiento de casos de acoso laboral.

María Eugenia Estoup, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, expresó a la diaria que ya se reunieron con autoridades del BCU y del BSE, que este miércoles dialogaron con representantes del BROU, mientras que el BHU y la ANV aún no los han convocado.

Acerca del cumplimiento de la ley de la Caja Bancaria, que postergaba la edad de jubilación, dijo que el artículo 17 de la norma “establece que por ser entes autónomos, y porque los estatutos de los funcionarios son decretos, los directorios tienen que pedir una iniciativa al Poder Ejecutivo para que se modifiquen, porque actualmente expresan que un trabajador se debe jubilar a los 60 años, pero puede trabajar por dos años más”.

Agregó que como hay una transición entre los funcionarios nacidos entre 1965 y 1968, “existe un escalonamiento para jubilarse, y ahí habría que hacer una modificación de los estatutos que la propia ley exige o dispone que los directorios gestionen”. Sostuvo que “como los directorios no han hecho la proclamación de la ley, lo estamos pidiendo porque desde 2025 los nacidos en 1965 tienen la posibilidad de jubilarse”.

Explicó que otro de los planteos es el sistema de remuneración por cumplimiento de metas. Dijo que es un sistema que se empezó a aplicar a partir de 2013, que tiene que ver con un estímulo a la gestión pública.

Estoup afirmó que este año la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ha puesto “bastante restrictiva con el tema”, y notan “una injerencia en la gestión de los bancos públicos”. “Por eso llevamos una alerta a los directorios de que este sistema viene funcionando bien, y que no queremos que nuevamente el salario de los trabajadores sea la variable de ajuste de la política económica del gobierno”.

En ese sentido, afirmó que “trabajamos en forma bipartita en la definición de las metas, en el seguimiento de su cumplimiento, en la corrección de desvío, pero la OPP introdujo algunos cambios a ese sistema de remuneración que nos preocupan, porque es bastante más exigente. Eso no sería problema, pero empiezan a aparecer puntos relacionados a la gestión de las instituciones públicas que significan un cambio en la política de cómo se venía trabajando”.

Por su parte, el tercer tema se refiere al sistema de cuidados. La dirigente explicó que en la Rendición de Cuentas se establecieron nuevas licencias por maternidad y por cuidado para los empleados públicos, pero en el caso los entes autónomos “hay dos interpretaciones”.

Dijo que “hay quien dice que cuando se habla de funcionarios públicos se habla de la Administración Central, pero nosotros entendemos que se trata de una política social del gobierno que tiene que ver con mejorar la natalidad y los cuidados en la primera infancia, y que aplica a todos los trabajadores públicos, incluidos los de los entes autónomos”.

El cuarto tema a abordar es el acoso laboral. Mencionó que en AEBU hay una comisión central de acoso laboral, pero además hay otras comisiones que cuentan con protocolos. “Hay protocolos en las instituciones, y se trabaja en situaciones de denuncia de acoso laboral. Hemos tenido primeras experiencias, porque esto es muy nuevo en las distintas instituciones, y ha pasado que han existido diferencias entre las actuaciones en distintas entidades”, contó.

Añadió que “una vez que se define que existe un presunto acosador, la normativa no tiene especificada una sanción. Para el caso de que existan indicios de que hay acoso laboral, lo que termina sucediendo es que en algún caso se pasa a sumario, y el sumario ya no tiene las mismas garantías que durante el procedimiento de la comisión. El tema se hace público, se cita a testigos y puede haber careos. Pasa a ser una modalidad que no protege y no da garantías ni a las víctimas ni a los acusados”.

Balance primario

Con respecto a las reuniones con el directorio del BSE y con el presidente del BCU, Estoup dijo que en los dos primeros temas con ambas entidades existieron coincidencias, receptividad y buena sintonía.

Acerca del tratamiento de casos de acoso laboral, desde el BSE se coincidió con el sindicato sobre que “existen algunos vacíos que hay que atender”. “Además, con las dos instituciones llegamos a la conclusión de que es muy necesario trabajar en materia de clima laboral y en prevención de ciertas situaciones”, agregó, y señaló que este tema seguramente se canalice por medio de las comisiones bipartitas de salud laboral y de acoso.

La dirigente manifestó que además se solicitará asesoramiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que “fue quien homologó los protocolos de acoso, y [es] quien brinda los cursos de capacitación en estos temas”.

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