Tras la aprobación de la ley de medios en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) convocó una conferencia de prensa “con caracter de grave y urgente” este jueves al mediodía, en la que también participaron representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, aseguró que el sindicato no descarta ningún tipo de medida, pero aún es pronto para afirmar cuáles serán los pasos a seguir. El dirigente sindical recordó que el sindicato ha organizado distintas manifestaciones y movilizaciones en contra de esta ley desde 2020.
“Desde el punto de vista de las acciones, el sindicato y las organizaciones vamos a ver en conjunto las medidas que tomamos hacia adelante. Y del punto de vista jurídico, estamos estudiando también qué vamos a hacer de acá para adelante. No podemos adelantar absolutamente nada porque recién se aprobó la ley, y nuestro abogado y quienes nos están dando la mano estarán viendo qué se puede hacer con esta ley del punto de vista constitucional. No descartamos absolutamente nada”, expresó Molina.
Asesor legal de Sutel: “Nos pone en alerta de las consecuencias de la aplicación” de esta ley
El asesor legal de Sutel, el abogado Luis Acosta, sostuvo que esta ley “nace con una tacha de inconstitucionalidad que los propios servicios jurídicos del Parlamento señalan a los parlamentarios. Eso en contexto de la urgencia con la cual fue aprobada y con problemas de instrumentación que tiene todo el capítulo de creación de un servicio descentralizado”.
“Hay un conjunto de retrocesos en materia de derechos ciudadanos y de participación ciudadana, además de la potencialidad de la concentración de medios, que determinan que, aunque no existiera el artículo 72 que resulta escandaloso desde el punto de vista jurídico, esta es una muy mala ley que significa un retroceso para el Estado uruguayo y para la sociedad uruguaya en su conjunto desde el punto de vista regulatorio”, sostuvo Acosta en referencia al aditivo propuesto por Cabildo Abierto que establece la “imparcialidad” de los medios al informar sobre política.
El abogado también mencionó algunos ejemplos de cómo esta normativa impacta sobre Antel y sobre sus trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, vulnerando el monopolio de la empresa estatal a través de la concesión de licencias clase B, “donde los operadores privados pueden brindar acceso a internet”. “En definitiva, nos pone en alerta de las consecuencias de la aplicación y el desenvolvimiento que esta norma tenga”, agregó.
El asesor de Sutel sostuvo que por el momento no anunciará qué medidas se pueden adoptar desde el punto de vista jurídico porque aún las están analizando. De todas formas, mencionó que desde el movimiento sindical se velará por que “los derechos de los trabajadoras, trabajadores y en general de la ciudadanía sean respetados y por lograr atemperar en la medida de lo posible los efectos que una norma tan perjudicial como esta pueda tener para las uruguayas y los uruguayos”.
Florencia Leymonié: seguiremos “defendiendo nuestra empresa pública junto al pueblo uruguayo”
Por su parte, Florencia Leymonié, secretaria general de Sutel, señaló que este jueves es “un día triste” no sólo para los trabajadores, por “la situación de nuestra empresa pública”, sino para “la democracia” uruguaya. La dirigente sindical sostuvo que Sutel condena a “todas aquellas y aquellos que ayer, con voz en el Parlamento, minimizaron a un detalle la libertad de expresión” y a “todas aquellas y aquellos que han subestimado no solamente a las trabajadoras y trabajadores de Antel, con el impacto que va a tener esta ley para todas y todos, sino al pueblo uruguayo”.
“Antel no es una casualidad de la historia, es producto de la lucha del pueblo uruguayo, de las grandes mayorías uruguayas que han sabido defender a nuestra empresa pública desde 1992 hasta la recolección de firmas en 2002. Y hoy, en 2024, pese a la aprobación de esta ley, va a seguir encontrando a todos los trabajadores y trabajadoras de Antel a pie de lucha defendiendo nuestra empresa pública junto al pueblo uruguayo”, manifestó Leymonié.
A su vez, dijo que debe ser este gobierno y el Parlamento actual el que asuma con “nombre y apellido” el “costo político, el económico, el democrático y en materia de derechos que va a tener esta ley”.
APU respondió a Pasquet: “El todo es lo que nos preocupa, no solamente un determinado artículo”
A su turno, el presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) e integrante de APU, Álvaro Pan Cruz, sostuvo que el sindicato de trabajadores de la prensa considera que esta es una ley “regresiva, autoritaria y violatoria de principios constitucionales y elementales como la libertad editorial, las libertades de expresión y de prensa”. Asimismo, dijo que varios organismos internacionales se han manifestado en contra de la normativa como la Fepalc, la Federación Internacional de Periodistas, Unesco y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
Pan Cruz se refirió a las declaraciones del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, que durante la discusión en el Parlamento sostuvo que el artículo 72 de la ley “es una amenaza a la libertad de expresión” y “un adefesio”, pero que “pasó mucho tiempo” y llegó a la conclusión de que “no se puede sacrificar el todo por una parte”.
Al respecto, el presidente de la Felpac dijo que desde APU “le pediríamos que la leyera de nuevo [la ley], porque el todo es lo que nos preocupa, no solamente un determinado artículo, porque buena parte de lo que está allí planteado es muy malo y lo que no se puede sacrificar es la libertad y los derechos de los ciudadanos”. “Esto, tal cual salió ayer del Parlamento, nos avergüenza como ciudadanos y como integrantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya”, agregó.