El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social celebró los 110 años de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en un acto que contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes del sector empresarial, organizaciones sociales y sindicatos. Durante la actividad hicieron uso de la palabra el ministro Juan Castillo, el inspector general de Trabajo, Luis Puig, y la subinspectora general, Andrea Bouret.
El ministro felicitó a las actuales autoridades de la Inspección General del Trabajo y a todo su personal, incluyendo las áreas de Condiciones Generales de Trabajo (CGT), Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT) y Jurídica.
Castillo destacó que “la Inspección del Trabajo es más antigua que el propio Ministerio de Trabajo. Cuando fue creada, hace 110 años, aún no existía el ministerio y fue contemporánea a la ley que estableció la jornada laboral de ocho horas”. Subrayó además la importancia del cuerpo inspectivo y jurídico en el marco de la campaña del Compromiso Nacional por la Vida, la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Por su parte, el inspector general Luis Puig recordó los orígenes de la institución: “La Inspección del Trabajo se crea inicialmente para fiscalizar dos leyes fundamentales: la Ley 5.032, vinculada a la organización del trabajo y a la prevención de accidentes laborales, y la ley de ocho horas. En un momento en que en el mundo se discute el rol de los ministerios de trabajo y de la inspección, Uruguay puede mostrar una larga tradición de legislación protectora de los derechos de los trabajadores”.
Puig señaló que, al aprobarse la ley de ocho horas en 1915, “muchos gremios ya habían logrado reducir la jornada laboral gracias a su organización y lucha, lo que demuestra una conjunción de esfuerzos y una clara vocación de proteger derechos”. Recordó además que el primer cuerpo inspectivo estuvo integrado por 25 militantes sindicales “que conocían tanto la ley como las situaciones de vulneración de derechos”.
“Corresponde reconocer a quienes hicieron posible avanzar en ese proceso”, añadió.
En relación con los estándares internacionales, destacó que los principales convenios que regulan la inspección laboral —el Convenio 81 (1947) y el Convenio 129 (1969)— son muy posteriores a la creación de la Inspección en Uruguay, que data de 1915.
Respecto de la situación actual, el inspector general afirmó: “Estamos ante un escenario complejo, con una inspección integrada por muy pocas personas: 88 inspectores en marzo, y 86 en la actualidad; 14 abogados y un número reducido de funcionarios. Al mismo tiempo, enfrentamos un elevado nivel de siniestralidad laboral, que había disminuido en la década pasada pero que en los últimos años ha vuelto a aumentar”.
Por otra parte, reconoció el rol fundamental del Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo (Conasat), “que funciona de manera tripartita e involucra a varias instituciones del Estado”. Señaló que el compromiso asumido es “reducir claramente la accidentalidad y la siniestralidad laboral” mediante estrategias basadas en la prevención, la capacitación, la fiscalización y el trabajo tripartito.
“Estamos convencidos de que, aplicando esta estrategia de manera conjunta, podremos reducir drásticamente la cantidad de accidentes. Cuando a fin de año evaluemos los resultados por cuatrimestre, es probable que ya podamos observar señales de mejora”, concluyó.
Bouret presentó datos sobre la gestión realizada desde marzo. Destacó, en primer lugar, la puesta en marcha del Compromiso Nacional, las instancias de capacitación dirigidas a trabajadores y empleadores, y los operativos de fiscalización por rama de actividad.
El primer operativo del 2025 se llevó a cabo en el sector de la caña de azúcar, en Artigas. Allí se inspeccionaron 46 empresas, se clausuró una vivienda por malas condiciones y se alcanzó a 1.669 personas a través de acciones de CGT y CAT. En las instancias de capacitación participaron 85 trabajadores y empleadores.
A lo largo del año se desarrollaron operativos en diversas áreas, entre ellas la construcción, donde se registraron 1.877 actuaciones, 107 clausuras preventivas y 13 accidentes mortales.
Bouret subrayó además que se comenzó a exigir a las empresas la presentación de un protocolo para prevenir situaciones y entornos de violencia en el trabajo, así como la constancia de formación en la materia. “En este marco se labraron 1.305 actas. En el sector transporte se realizaron 180 actuaciones y se registraron seis accidentes mortales”, señaló, y recordó que por quinto año consecutivo el transporte es la rama con mayor número de accidentes fatales.