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Daniel Fratin (archivo, febrero de 2025).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

La Asociación de Funcionarios Registrales se declaró en conflicto: reclaman ingreso de personal y cumplimiento de fallo judicial

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A partir de la próxima semana el gremio llevará adelante paros sorpresivos y otras medidas de lucha.

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La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) informó a través de un comunicado que resolvió declararse en conflicto debido a que “el Estado sigue en deuda” y “las previsiones para la próxima ley de presupuesto siguen desconociendo el cumplimiento de la sentencia judicial favorable que tenemos y que exigimos que se incorpore a nuestro salario”.

En el comunicado, el gremio sostiene que “para el correcto funcionamiento de la institución” resulta “imperioso” que se lleve a cabo la regularización de los trabajadores, “compañeros que son indispensables para continuar brindando un servicio de calidad y que provea certeza jurídica para los usuarios”.

La AFRU también cuestiona que haya funcionarios obligados a desempeñar tareas por las cuales no fueron contratados, lo cual empuja a los trabajadores “a recurrir a la vía judicial para que se les pague por dicha tarea”. La defensa de los puestos de trabajo también es otro punto que menciona el gremio en el comunicado.

A partir de la declaración de conflicto, el sindicato llevará a cabo distintas acciones a partir de la próxima semana, entre ellas, paros sorpresivos, medidas distorsivas del funcionamiento y el no cierre de certificados ni de documentos.

En diálogo con la diaria, el secretario general de AFRU, Daniel Fratin, señaló que existe “una sentencia judicial que condena a futuro a incluir en el salario el juicio del 26%”. “Si bien cobramos el monto que nos pagaron en febrero, no han tenido la misma solución para lo que es la condena a futuro de lo que ese importe generaba mensualmente”, apuntó.

En cuanto al ingreso de personal, una de las reivindicaciones del gremio, Fratin mencionó a modo de ejemplo que el registro de automotores en Montevideo maneja en promedio unos 65.000 documentos por año, un trabajo que “llevan adelante siete u ocho funcionarias contratadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo o la Asociación de Escribanos del Uruguay, y en condiciones laborales que no tienen los mismos derechos que los demás trabajadores”. “Eso hace que los funcionarios registrales nos movilicemos, porque, aunque contraten y regularicen a estas funcionarias, seguimos con escasez de empleados para trabajar”, resaltó.

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