Con más de 30 años en el sindicato, Richard Ferreira fue delegado y pasó por secretarías como las de Organización, Interior y Vivienda. Tras años en la dirección nacional, hoy está en su segundo mandato como presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
La entrevista con la diaria fue en la sala del Ejecutivo nacional, que funcionó como cuartel durante la dictadura y retornó al sindicato en malas condiciones. La mesa en la que conversamos atravesó las diferentes etapas del edificio, ya que fue lo único que no lograron llevarse, por estar fijada al suelo.
¿Qué valoración hacés de tu gestión como presidente del Sunca?
Siempre es una responsabilidad muy importante; me ha tocado vivir diferentes instancias y momentos dentro de la organización sindical. Siempre es un desafío mantener la unidad del gremio, los niveles de organización, mantener ese contacto permanente con la sociedad en su conjunto. Son cosas que uno aprende de este sindicato desde que ingresa, te enseña a sentir el dolor del otro como propio.
¿Cuál es la situación cuantitativa actual de la mano de obra en el sector?
Entre 2025 y principios de 2026 tenemos alrededor de 55.000 trabajadores directos en la industria, según el Banco de Previsión Social [BPS]. Si sumás los trabajadores indirectos, podés estar hablando de 70.000 trabajadores como mínimo; si considerás el resto, podés hablar de 100.000. Si ese dato lo comparás con el dato histórico de 35.000 de ocupación, estamos hace varios años por encima de ese promedio. Cuando ese mismo dato lo desagregás por departamento, te encontrás con otra realidad, porque ese nivel de ocupación se concentra en Montevideo, Maldonado, Canelones, y después está salpicado. ¿Cuál es el dato en el período anterior? Que a partir del recorte presupuestal no hubo crisis en la industria, pero hubo menos inversión pública y lo que sostuvo la ocupación fue la inversión privada.
¿Creés que los sistemas no tradicionales de construcción pueden llegar a afectar al sector?
Podría llegar a afectar si no estuviéramos mirando ese avance tecnológico en función de ir generando mayores capacitaciones. Después del convenio colectivo, se conformó una comisión de productividad que intenta ver los sistemas de producción en la industria, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales que se utilizan. Obras que se hacían en dos años y con 50 trabajadores hoy se hacen en un año y con 25 trabajadores. No lo estamos mirando solamente ahora, porque años atrás creamos el Fondo de Capacitación que es coadministrado en conjunto con el sector empresarial con el objetivo de generar un mayor grado de capacitación de la mano de obra ante las nuevas tecnologías.
¿Cómo va la inserción de las mujeres en el sector?
Los datos de 2025 decían que, con 55.000 trabajadores en la industria, el 1% eran mujeres, y ese es un dato que nos preocupa. Intentamos, a través de la negociación, de la organización de la obra, promover el ingreso de la mujer a la industria, y nos hemos encontrado con resistencias del sector empresarial, que, más allá de las declaraciones públicas que hacen, en la vida concreta, te demuestran que el 1% son mujeres. No hay ninguna evidencia que diga que la mujer rinde menos que el hombre, que produce menos o trabaja menos. La mano de obra femenina es tan o más calificada que la mano de obra masculina. Acá lo que hay de fondo es una decisión política empresarial. Creo que la ley de empleo integral que se aprobó puede ayudar mucho en la contratación de compañeras.
Recientemente firmaron un convenio por cinco años que incluyó la reducción de la jornada laboral a 40 horas para 2030, sin pérdida de salario. ¿Qué evaluación hacés de eso?
Logramos un convenio muy importante, histórico para algunos, porque nos permite estabilizar la organización sindical, generar otros niveles de actividades, de formación sindical, de asimilación, de participación o relevos en la organización. Más allá del contenido, valoro el momento en que empezamos a discutirlo, cuando el sector empresarial uruguayo denunció a Uruguay en la Organización Internacional del Trabajo [OIT] por trabajo infantil, por trabajo esclavo, por violación a los derechos humanos, y lograron que quedara en la lista.
El convenio, además de la reducción de la jornada sin pérdida de salario, avanzó sobre la salud de los trabajadores de la construcción con los exámenes de próstata, en la creación de un centro de atención a la primera infancia en el departamento de Maldonado, en función de que existen dos en Montevideo y dos en Canelones, que permita que los gurises de la construcción y de la comunidad puedan atenderse o estar ahí en condiciones normales, en la democratización del ingreso, en las asambleas en obra por salud mental y consumo problemático.
Acaban de firmar el convenio, pero ¿qué sucederá dentro de cinco años? ¿Les preocupa que se mantenga lo acordado?
No pensamos que sea un problema ya resuelto y que habrá que discutirlo dentro de cinco años. Tenemos una mirada nacional e internacional; miramos con mucha preocupación y mucha atención cómo se desarrollan e impactan las políticas en América Latina y el retroceso que generan en el movimiento sindical.
Si hubiera un cambio político en el que triunfara una concepción fascista en Brasil el 25 de octubre, Uruguay quedaría aislado en función del contexto político de América del Sur. Por eso valoramos que los trabajadores de la construcción se apropien de estas conquistas; si la tendencia es que en América Latina se instalen gobiernos de ultraderecha o neoliberales, nadie puede asegurar que en 2029 seamos la excepción. El sindicato tiene mucho que decir de lo negativo que han sido para las condiciones de trabajo y los intereses de los trabajadores cuando hubo gobiernos del Partido Nacional o del Partido Colorado.
Mencionaste el rol de los empresarios en la industria; en ese sentido estaba la idea de desarrollar una agencia de infraestructura. ¿Qué opinión te merece?
Es una propuesta interesante que planteó la Cámara de la Construcción del Uruguay; hay que desarrollarla y tiene que encontrar voluntades políticas, pero también empresariales y de la sociedad. Vemos con buenos ojos una agencia de infraestructura que mire el desarrollo del país más allá de cinco años. Ayudaría a los niveles de inversión, a la planificación, y para el sindicato es bien importante que la inversión en la industria de la construcción no esté atada al gobierno de turno, sino que haya una mirada a largo plazo, y que se constituya como una política de Estado. Esto no es un problema solamente para la construcción, sino que lo es para el país, el tener una perspectiva de decir “en 2030, 2040, 2050, el país va para este lado y la industria de la construcción tiene que ir para este lado”, ayudaría en la programación y en la asignación.
Con la reducción de la jornada laboral, preocupaba si se mantenía la productividad y la competitividad, entre otras cosas, por lo que se trabaja en una estrategia de desarrollo. ¿Cómo avanza el Sunca en ese sentido?
Empezamos a trabajar en una comisión que quedó establecida en el convenio, en la que tuvimos dos o tres reuniones y coordinamos con el BPS, la DGI [Dirección General Impositiva] y el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] para tener insumos en función de las realidades. Creo que hubo un planteo muy superficial del sector empresarial, que tenía un contenido más político que evidencia científica, en cómo afectaba la reducción de la jornada.
Se planteó: ‘Si el Sunca sigue insistiendo con la reducción de la jornada y la pérdida de trabajo, va a provocar menos inversión y mayor desocupación”. Ese planteo obedece a un argumento empresarial para defender sus intereses, pero no se dice cómo ha aumentado el nivel de ganancia empresarial en los últimos diez, 15, 20 años, ni cuál es el nivel de incidencia de la mano de obra en el costo de construcción, que no es el 40% como se ha dicho, es significativamente menor.
A más de diez años de aprobada la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, ¿qué balance hacés?
Es un proceso que tenemos que revisar, pero la ley ha sido una herramienta muy poderosa, que requiere de mayor participación por parte de la Justicia. Se aprobó en 2014, con un nivel de accidentabilidad muy importante. Hubo sectores políticos que acusaban al sindicato de que era una ley innecesaria, pero de 2014 a 2019, bajó la accidentabilidad. En el período de gobierno 2020-2025, se flexibilizaron los controles de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y del BPS, y la accidentabilidad creció. El crecimiento de la accidentabilidad está atado al crecimiento de la informalidad o de la precarización del trabajo. No es un dato casual, es en función de dónde ubicó sus prioridades el gobierno anterior, que no estuvieron en asegurar que las condiciones de trabajo fueran seguras, que se respetara el derecho de los trabajadores.
¿Cómo es la situación actual de los siniestros laborales?
En lo que va del año llevamos un accidente fatal registrado. Hubo otros accidentes que después la investigación determinó que no eran trabajadores de la industria. Uno es mucho, sin duda, pero cuando uno mira la realidad y compara con el año 2025, a esta altura llevábamos más de diez accidentes fatales. Ha bajado la accidentabilidad, pero considero que hay que aumentar la cantidad de inspectores en la Inspección de Trabajo y que el BPS controle la parte documental efectivamente. Por eso, seguimos reclamando la creación de la Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, por la salud de todos y de todas.
Muchas veces se tiene en cuenta el accidente fatal, pero hay otro tipo de accidentes que dejan discapacidades de por vida; a veces no se tienen en las estadísticas, pero suceden, y pretendemos seguir trabajando para seguir previniendo.
Mencionaste los problemas de consumo en la construcción. ¿Cómo evolucionó la campaña de “Tengo un problema con las drogas”?
Muy bien, hay que sostenerla; no alcanza con un episodio, con una campaña que esté en las redes o en los medios durante un tiempo determinado y después desaparezca. Tiene que ser permanente. Habrá que ver las formas y las condiciones de los medios, pero creo que generó un impacto importante, generó sensibilización en todos y en todas. Son campañas que hay que sostener en el tiempo sobre la base de que no te van a solucionar el accidente por sí solas, pero ayudan.
¿Han firmado convenios en este sentido?
Firmamos un convenio con la Facultad de Psicología en el que hicimos un primer trabajo de campo del tipo encuesta, para conocer la opinión de los trabajadores. Ese trabajo nos dio algunas pistas de por dónde debíamos seguir; ahora venimos iniciando un segundo trabajo con ellos. Lo que aparece de ese primer trabajo es la necesidad de hablar del problema de la salud mental y el consumo problemático. Surgió además que el estrés laboral genera una tendencia a problemas de salud mental y también de consumo. No es casualidad que hayamos trabajado el tema de la reducción del tiempo de trabajo, no está solamente pensado en términos económicos, sino en términos de condiciones de vida, de más contacto con la familia y más tiempo de descanso.
No somos de los sindicatos con la mayor tasa de suicidios, aunque tenemos circunstancias de intento o de autoeliminación y no siempre les prestamos la atención necesaria, pero pretendemos, a través de esta circunstancia, generar ámbitos de discusión, de intercambio, y que el trabajador o la trabajadora, por lo menos, sepa a dónde acudir.
El segundo trabajo de campo intenta profundizar en qué cosas debemos instrumentar desde la negociación colectiva, teniendo datos concretos y el sentir de los trabajadores.
