Este martes, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) presentó un documento con una batería de medidas de salvaguardia “para atenuar el impacto sobre la clase trabajadora y el desarrollo de la industria nacional”.
Además, la organización brindó un informe sobre los perjuicios que el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) puede generar en diversos sectores del país.
La CSI comunicó que el acuerdo “solo será viable para el conjunto de la actividad industrial-productiva si se mejoran las salvaguardias que garanticen la soberanía, la seguridad alimentaria y el empleo digno, entre otros aspectos”. “Sin estas cinco garantías que protegen el trabajo, la industria y el valor agregado, la firma del acuerdo en los términos actuales es inviable. Defender la industria y la producción nacional es defender la soberanía”, añade la CSI.
En el documento, de cinco puntos, plantea una salvaguardia con un “gatillo laboral”, que se dé prioridad al empleo, que exista un mecanismo de activación obligatoria si un sector registra una caída de 3% en cotizantes al Banco de Previsión Social o un aumento de 10% en el seguro de paro en un semestre, como así también la exigencia de una aplicación de aranceles de defensa en un máximo de 21 días.
Otro eje es que exista un blindaje de compras públicas y contenido local, y que como exigencia se blinde “la Reserva de Mercado”, establecida en la Ley 18.362, para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para cooperativas nacionales, así como exigir a las empresas europeas ganadoras de obras públicas un mínimo de 75% de mano de obra nacional, y la contratación de empresas uruguayas, especialmente pymes y microempresas.
El denominado “blindaje al valor agregado” es otro de los puntos. La CSI exige la inclusión de salvaguardias específicas para productos y ramas industriales con alto porcentaje de mano de obra en su elaboración (por ejemplo: autopartes, frigoríficos, industria alimenticia). “Que los Núcleos Industriales asuman un dinamismo superior, ellos pueden diseñar salvaguardias más precisas. Para ello, es fundamental aumentar los recursos destinados al MIEM [Ministerio de Industria, Energía y Minería]; de lo contrario, es muy difícil lograr resultados en los tiempos que la realidad nos impone”, dice el documento.
“Consensuar una Estrategia Nacional de Desarrollo es un desafío histórico y necesario para revertir nuestro destino de exportadores (el mayor porcentaje) de productos con bajo valor agregado”, agrega.
El Fondo de Reconversión Industrial es otro de los ejes centrales para la CSI. El comunicado reclama su creación con varios objetivos: “Ayudar a planificar la capacitación necesaria para una industria de nuevo tipo, análisis y propuestas de política industrial, formar parte de un colchón social para los impactos que implica el cambio de matriz industrial-productiva”. En ese sentido, agrega que “debería ser gestionado de forma tripartita” (Estado, cámaras empresariales y sindicatos) “para que todos asumamos las responsabilidades de la planificación”.
Finalmente, “la calidad y compra de insumos industriales nacionales” tiene exigencias clave, ya que se propone un plan de acción para que el sector agroexportador compre insumos en la industria nacional (en lugar de importarlos), utilizando un registro de ‘Proveedores Nacionales Certificados (PNC)’. Esto ayudará a las empresas uruguayas a ingresar a mercados que utilizan algunas normativas para impedir el ingreso a sus países”, sostiene la CSI.
Danilo Dárdano sobre el acuerdo con la UE: “Nos preocupa que veamos con inocencia todo esto”
El presidente de la CSI, Danilo Dárdano, dijo a la diaria que “lo más importante es que las salvaguardias que figuran en este caso del Mercosur, en particular en Uruguay, y su reglamentación ayuden a defender la industria y producción nacional, y que incluso se utilice este contexto para la matriz productiva. Porque si esto no se mejora, estamos condenados al fracaso total”.
Dárdano sugirió tomar nota “de lo bueno que está haciendo Europa, especialmente los últimos cambios realizados en la reglamentación de las salvaguardias agrícolas”. Además, comentó que “aquí estamos hablando específicamente como sectores de la industria manufacturera”, y que “somos, en general, los perdedores. Ahora, para no ser perdedores y que no se consolide la primarización es que la CSI realiza planteos en este tema”.
“Lo que queremos, de cierta manera, es patear el tablero, en el sentido de decir que estamos acá. Si se suman trabajadores directos e indirectos, son alrededor de 250.000 personas. Por tanto, no es menor la incidencia del sector manufacturero en el país”, añadió el dirigente, y sostuvo que les preocupa que se vea “todo esto con inocencia”, ya que “la postura del movimiento sindical en América del Sur, especialmente en el Mercosur, es clara; somos contrarios, no a este tratado, sino en general a firmar acuerdos que consoliden la privatización de la región”.
De cara al futuro, resaltó la necesidad de reforzar los recursos que tiene el MIEM para el funcionamiento del Consejo de Industria y, específicamente, “los núcleos industriales, que de 12 han funcionado aproximadamente cuatro o cinco”.