La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), en representación del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) y del Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), presentó una petición a las autoridades del Ministerio del Interior (MI) al considerar que existe una problemática “que surge de la aplicación discrecional de plazos de caducidad/prescripción en cuanto a los días de descanso remunerado generados por el personal civil y policial”. La solicitud fue presentada el 21 de mayo.
En ese petitorio, dirigido también mediante una carta al ministro del Interior, Carlos Negro, se solicita que se oficie a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) “para que zanje la diversidad de criterios en cuanto a la interpretación y aplicación de la normativa vigente”.
Sobre este tema, en una reunión mantenida este jueves entre dirigentes de la Conasip y representantes del Ministerio del Interior –el comisario general (PT) (R) Rubén Williams Amato Lusasarian y Claudio Cabana–, las autoridades comunicaron la aceptación de la petición y dispusieron su remisión urgente al área de Asesoría Letrada del ministerio para su correspondiente tramitación ante la ONSC.
“La finalidad de dicha gestión es obtener un pronunciamiento técnico que permita establecer un criterio uniforme y ajustado a derecho respecto del goce de las licencias y demás períodos de descanso remunerado, tanto para el personal civil como para el personal policial, garantizando el pleno respeto de los derechos laborales reconocidos por la normativa nacional e internacional vigente”, expresaron los sindicatos en un comunicado. Además, agregaron que “confiamos en que la ONSC pondrá fin a esta práctica de verdadera precariedad laboral dentro del Estado”.
Germán Alejandro Gutiérrez, dirigente del Sitrapen, organización integrante de la Conasip, dijo a la diaria este viernes que “es un paso importante que la petición haya sido aceptada por el MI”. Explicó que “lo que se venía denunciando históricamente en el MI es que los lugares de trabajo donde hay mayor presión sobre los trabajadores son también aquellos donde existen más certificaciones médicas y mayor falta de personal. Entonces, se generaba un círculo vicioso en el que la administración, por la falta de personal, exigía trabajar más tanto a los funcionarios civiles como al personal policial”.
En ese sentido, comentó, a modo de ejemplo, que muchos funcionarios debían cumplir jornadas extendidas de trabajo, además de trabajar en feriados y días libres. Señaló que “no sólo hacían trabajar fuera de la carga horaria normal, sino también durante el tiempo correspondiente a las licencias anuales, que constituyen el descanso remunerado por excelencia, sin permitir su goce en tiempo y forma”. Sostuvo, además, que esta situación “se evidencia con particular gravedad en el sistema penitenciario”.
El dirigente afirmó que, en definitiva, el MI decidía que, “por la misma falta de personal, hacían trabajar más a los funcionarios, sin respetar las horas de descanso ni la licencia reglamentaria y, a la vez, justificando esa decisión en la potestad de organizar el servicio, no permitían hacer uso de la licencia o tomar tiempo libre”.
Una vez adoptada esa decisión, agregó Gutiérrez, la secretaría de Estado “aplicaba una caducidad a las licencias y al tiempo libre remunerado. En caso de que las licencias generadas no se tomaran en dos años o más, caducaban. Es decir, directamente el Estado no brindaba la posibilidad de salir de licencia durante más de dos años y, si se excedía ese plazo, ya no se podía hacer uso de esa licencia”.
“Esto rompe los ojos. Es una locura que lo esté haciendo el Estado. Estamos hablando de que el Estado, y dentro de él el MI y el Ministerio de Trabajo, que son los encargados de controlar el cumplimiento de la normativa en este ámbito laboral, es el mismo que la incumple. Eso no puede pasar. También rompe los ojos –y eso lo digo por la Policía– porque, si se recurre a la Ley Orgánica Policial en materia de jornada laboral, descanso y licencias, hay un vacío legal total, porque no está reglamentada mediante decretos actuales. Eso quedó, de alguna manera, al arbitrio de resoluciones internas del MI”, concluyó.
