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Gerardo Montes.

Foto: Alessandro Maradei

El Movimiento Cooperativo por Uruguay Sostenible busca “justicia social” y una “intercooperación multinivel”

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, el coordinador ejecutivo del programa Sícoop dialogó con la diaria sobre los orígenes de la red, su funcionamiento y su desarrollo dentro del sistema cooperativo uruguayo.

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El Día Internacional de las Cooperativas, que este año se celebra bajo el lema “Cooperativas para un mundo en paz”, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Sin embargo, el movimiento tiene una historia mucho más extensa: los primeros antecedentes se remontan a una cooperativa fundada en Escocia en 1761 y, en 1844, 28 trabajadores de la industria textil de Rochdale, en el norte de Inglaterra, crearon la que es considerada la primera cooperativa moderna.

En la actualidad, según la Alianza Cooperativa Internacional, existen cerca de tres millones de cooperativas en todo el mundo. En Uruguay, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), funcionan unas 3.800 cooperativas. En ese contexto, la diaria conversó con Gerardo Montes, coordinador ejecutivo del programa Sícoop, sobre los objetivos del Movimiento Cooperativo por Uruguay Sostenible, su papel en la articulación del sector y los desafíos que enfrenta para fortalecer el cooperativismo en el país.

¿Cuál es la estructura institucional de Sícoop?

La plataforma está enmarcada en un convenio entre el Inacoop y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop). Tiene el formato jurídico de programa, no de persona jurídica. Opera dentro de la órbita del instituto y se constituyó un comité de seguimiento integrado por delegados de ambas instituciones que opera como dirección.

¿Cómo funciona la plataforma en la práctica?

La mecánica es sencilla: se van construyendo módulos que operan como unidades de negocio. Por ejemplo, detectamos que las cooperativas de consumo tomaban créditos del sistema financiero tradicional cuando las cooperativas de ahorro y crédito podían cubrir esa necesidad. Lo que hace la red es generar los acuerdos para que interactúen y el Inacoop facilita un sistema de garantía centralizado que elimina el riesgo de cobrabilidad. Desde 2018 tenemos morosidad prácticamente cero gracias a un fondo de contingencia constituido con el aporte solidario de las propias cooperativas.

¿Cómo se testean o validan estos módulos antes de abrirlos a la red?

Nacen de la práctica, cada módulo lo probamos primero en mi cooperativa de consumo de salud pública. Si funciona allí, funciona para el resto porque los modelos de gestión dentro del movimiento son similares. Por ejemplo, a nuestros socios les facilitamos cobertura odontológica las 24 horas y, en lugar de recurrir a profesionales privados independientes, hicimos un acuerdo con la cooperativa de trabajo RedDentis.

¿En qué etapa de desarrollo se encuentran?

Estamos creando nuevos módulos para que las distintas clases cooperativas internalicen la necesidad de intercooperar. Por ejemplo, en acuerdo con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, generamos un piloto con las cooperativas de trabajo vinculadas al convenio Inacoop-UTE para regularizar instalaciones eléctricas. El problema era que no coordinaban la compra de insumos en común. Ahora cuentan con un módulo que facilita la compra centralizada de materiales a precios competitivos; el proveedor le factura a cada cooperativa, pero recibe todo el dinero junto.

Estaban construyendo un módulo para cooperativas de vivienda, ¿cómo evolucionó?

Estamos avanzando con el Inacoop y las federaciones en el diseño de dispositivos para dos problemas concretos que encontramos. El primero es cuando una cooperativa se forma: ¿cómo compra la tierra si aún no tiene el préstamo del Ministerio de Vivienda? Lo que realizamos fue consensuar con federaciones que tienen fondos propios para facilitar ese adelanto, pero faltan algunas autorizaciones para viabilizarlo. El segundo surge en las cooperativas ya construidas cuando una unidad queda vacía. La cooperativa debe devolver las partes sociales al socio que se retira, pero no cuenta con ese dinero. Al tratarse de una propiedad colectiva, el crédito lo debe tomar la cooperativa y no una persona física a través de una hipoteca individual.

El próximo semestre cumplen siete años, ¿cuáles han sido las principales dificultades?

En realidad, el sistema previo nació entre 2017 y 2018 para reconvertir a las cooperativas de consumo, pero a finales de 2019 la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC) cedió el proyecto para que fuera una plataforma global del movimiento bajo la órbita de Cudecoop e Inacoop. El principal desafío es diluir un problema estructural que tienen las fuertes culturas organizacionales de cada clase cooperativa y es que suelen operar mirando solo sus problemas internos. Trabajamos para romper esa barrera y forzar la discusión sobre desarrollo económico real, ya sea sobre financiamiento, certificación de calidad o sustitución de insumos. Tenemos documentado en el Inacoop que las organizaciones que transitaron por la plataforma mejoraron su competitividad.

¿A qué te referís con competitividad?

Está vinculada a una gestión de procesos eficientes, porque pensar que hacer las cosas por repetición nos va a generar un virtuosismo es un error; a veces la antigüedad de un método es obsolescencia, no sabiduría. Por eso, junto al Instituto Nacional de Calidad (Inacal), aplicamos el sistema Más Valor Cooperativo, que otorga reconocimientos a la mejora de gestión de aquellas organizaciones que cumplen con determinados estándares.

¿Cuál es el siguiente paso del Sícoop?

Buscamos la consolidación de un ecosistema de intercooperación multinivel, donde exista convergencia de instrumentos públicos en territorio. Estamos organizando las rondas de negocios; una se va a realizar próximamente en el litoral, Salto. La ronda de negocios ya no es entre cooperativas que compran y cooperativas que venden. Medimos que sea un espacio formal de construcción de relaciones donde participan cooperativas, entidades de la economía social y solidaria del territorio, gobiernos departamentales o autoridades municipales y representantes de los diferentes ministerios que tienen programas que están vinculados a cooperativas. El verdadero diagnóstico es que los diferentes instrumentos de política pública están repartidos en los ministerios y no dialogan entre sí. Pretendemos que esos recursos dispersos converjan sobre las organizaciones para generar un cambio estructural.

¿Cómo se traduce la convergencia de políticas públicas en un caso concreto?

La convergencia requiere resoluciones que enlacen programas y enlacen datos. Por ejemplo, si a través del Procoop una cooperativa accede a asistencia técnica y no puede usar esos fondos para invertir en packaging, pero el Ministerio de Industria sí tiene fondos concursables para diseño de packaging, ¿por qué no hacer que los instrumentos dialoguen en lugar de obligar a presentar un expediente nuevo desde cero?

Si tuviera que definir el espíritu definitivo del Sícoop más allá de su ingeniería técnica, ¿cuál sería?

La plataforma funciona en su lógica como un Marketplace o un Amazon, pero no está pensada para enriquecer al dueño, sino para utilizar los datos para mejorar la aplicación de los instrumentos públicos y lograr justicia social. Entendemos el desarrollo económico como inclusión, movilidad social y democratización de los conocimientos de gestión. Esto se sostiene sobre la solidaridad, que implica involucrarse en el problema del otro para revertir sus condicionamientos, y la reciprocidad. En el Sícoop no se participa solo para recibir, sino para recibir y para dar; el sistema mide de forma transparente lo que cada uno aporta porque, si esa relación se quiebra, el modelo no escala.

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