El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de junio y que se encuentra a estudio del Senado, incluye una serie de artículos que proponen una adecuación normativa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), entidad pública de derecho privado que tiene el objetivo de “generar, adaptar y transferir tecnologías y conocimientos que respondan a las necesidades y a la realidad del sector agropecuario y del Uruguay”, según se define en su sitio web.
Se trata de modificaciones a la Ley 16.065, del 6 de octubre de 1989, que creó el INIA. Por ejemplo, el artículo 215 de la iniciativa establece que entre los cometidos del INIA estará el poder “crear, adquirir y/o integrar sociedades comerciales, participar en consorcios y/o en fideicomisos u otros instrumentos a los efectos de promover, generar o transferir tecnología aplicada al sector agropecuario, alimentario y bioeconomía, previa autorización del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria” (CCTA).
Otra modificación apunta a fortalecer el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y establece que el INIA pueda “participar activamente en su ejecución y desarrollo sin percibir retribución directa” del fondo por esta participación.
Además, se propone habilitar al personal del instituto a participar de emprendimientos aparte creados a partir de investigaciones (spin-offs). La nueva norma establece que “el régimen de dependencia del personal técnico y especializado del instituto podrá ser compatible con su participación a cualquier título en entidades que impliquen el desarrollo de nueva tecnología e innovación, derivado de conocimientos generales en el marco de actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas en el instituto. Los participantes del personal del instituto en dichas empresas no podrán exceder los tres años, y requerirá, en todos los casos, autorización previa de la junta directiva del INIA, la cual evaluará, entre otros aspectos, la pertinencia tecnológica y estratégica de la iniciativa, la adecuada protección y gestión de la propiedad intelectual involucrada, la inexistencia de conflictos de interés que afecten el cumplimiento de sus funciones en el instituto, y las condiciones de uso o licenciamiento de los resultados de investigación de línea. El empleado no percibirá ningún tipo de remuneración o compensación por sus actividades en el emprendimiento, y se deberá garantizar el amplio acceso a los resultados derivados del conocimiento generado como resultado de un esfuerzo de investigación posibilitado por recursos públicos”.
“Abordar temas que hoy no estamos abordando”
El presidente del INIA, Miguel Sierra, dijo a la diaria que estas propuestas, aunque aún deben pasar por la mirada legislativa, apuntan a “habilitar a que el INIA participe con el sector privado en nuevas sociedades, que se hagan siempre en torno a temas priorizados por el plan estratégico del instituto”. “Cuando se configura el plan de desarrollo de Uruguay, ver dónde se puede generar alguna alianza entre el INIA y alguna empresa para abordar algún tema de competitividad, siempre vinculado al sector agro o al sector de bioeconomía, que es todo lo que está en torno al agro”, agregó Sierra.
Hasta el momento, el INIA no puede “establecer ese tipo de vínculos; es un instituto público no estatal de derecho privado, y cuando quiere hacer acuerdos con empresas o generar una empresa para comercializar sus productos tecnológicos, tiene limitaciones legales”.
Sierra contó que el asesor jurídico del INIA, José Miguel Delpiazzo, “estuvo analizando qué trabas teníamos, y, en función de eso, se presenta esta iniciativa en la ley de competitividad”. “Hicimos un listado de una serie de temas, quedaron estas tres iniciativas que no tienen costo fiscal, que el Ministerio de Economía y Finanzas valoró que eran importantes, y hubo mejoras del texto que nosotros enviamos”, añadió.
Sierra puso como un ejemplo de lo que se podría lograr con estas modificaciones: “Hay un centro de excelencia que Marfrig ha hecho con Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, por su sigla en portugués) en Brasil, que perfectamente podríamos hacer en Uruguay. Es un proyecto en ganadería de bajo carbono o ganadería de carbono neutro. Marfrig hizo un acuerdo con Embrapa para buscar tecnologías que le aporten a esa certificación”, expresó.
“Tuvimos un caso de un equipo de investigación en biotecnología vegetal que identificó genes resistentes a sequía en soja -grupo de Sabina Vidal, de Facultad de Ciencias; Omar Borsari, de Facultad de Economía; y Victoria Bonnecarrere, de INIA-. Y ese gen, si bien surgió en un proyecto de ANII con empresas de Uruguay, finalmente se lo comercializamos al grupo Don Mario de Argentina, porque no tuvimos capacidad en Uruguay de integrarlo en empresas uruguayas que lo pusieran en su línea de trabajo de mejoramiento genético”, sumó como otro ejemplo.
El INIA tiene aporte del Imeva, de los productores y de rentas generales, “pero para abordar temas de comercialización de tecnología y nuevos productos, precisamos más inversión del sector privado, no solo de las fases primarias, sino también la gente del sector agroindustrial, y ahí podemos abordar temas que hoy no estamos abordando”.
