Sistema electoral venezolano: ¿seguro o vulnerable?

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Luego de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2025-2031, comenzó el debate por la veracidad de los resultados informados. En primer lugar la oposición, nucleada bajo la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), que presentó la candidatura de Edmundo González, cuestionó los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y exigió la publicación de la totalidad de las actas.

Esto fue secundado por gobiernos extranjeros de todo el espectro político, entre los que se encuentran los presidentes Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Preto de Colombia, así como organismos internacionales.

En Uruguay también surgieron voces, tanto de la oposición como del oficialismo, que pusieron en duda la transparencia del proceso. Tal vez la declaración más llamativa haya sido la de José Mujica, en el pasado aliado del chavismo, quien afirmó que “no hay información creíble de un lado ni de otro”, luego de desmarcarse del comunicado del MLN-T, que saludó la “victoria” de Maduro y definió los comicios como un “un acto eleccionario ejemplar”.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado en el que saludó a una jornada electoral que “transcurrió en paz”, pero pidió la publicación por parte del CNE de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, “elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección”. Por otra parte, el senador Mario Bergara manifestó “preocupación y tristeza” y exigió “iniciar un verdadero proceso de reinstitucionalización democrática”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del FA (Carifa), Pablo Álvarez, opinó en radio Carve que el sistema electoral venezolano “parece más seguro” que el uruguayo, y afirmó que las elecciones son “muy fáciles de auditar”, por lo que le parece “muy difícil hacer fraude”.

En línea similar otro integrante de la Carifa, Rony Corbo, quien estuvo como observador en ese país, dijo no tener “ninguna duda” del triunfo de Maduro y definió el resultado como “ajustado”. Corbo defendió el sistema electoral venezolano y afirmó que fue “hackeado” y el resultado pudo obtenerse gracias al recuento manual de votos. “Me parece un sistema electoral estupendo que ojalá lo tuviéramos en Uruguay. Da muchas garantías”, afirmó.

Proceso electoral venezolano

En conversación con la diaria Verifica, José Vicente Carrasquero, matemático, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Simón Bolívar, explicó que el proceso de discusión en la implementación de un proceso automatizado de votación y conteo de votos comenzó en los años 80.

“Lo primero que buscaron en Venezuela fue automatizar el escrutinio. Es decir, se creaban planillas por las máquinas que venían en las urnas”, comentó. Este sistema fue utilizado por primera vez en la elección general de 1998, que en sus orígenes era un sistema mixto de identificación manual y conteo automatizado de los votos.

Fue en la elección presidencial de octubre de 2012, última previa al fallecimiento de Hugo Chávez, cuando se implementó el sistema totalmente automático, con reconocimiento de identidad a través de datos biométricos de huella dactilar y la auditoría de todas sus etapas.

De acuerdo al Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Generales de Venezuela, las urnas electrónicas están asociadas a un Cuaderno Electoral que incluye el padrón electoral de votantes, ambas asociadas previamente a un padrón de votantes y a un circuito o “mesa” electoral. Cualquier ciudadano habilitado puede integrar la Mesa Electoral y son elegidos al azar por el CNE.

Sobre el posible sesgo en la elección de los integrantes, Carrasquero opinó que es “bastante difícil”. “Al final, yo te puedo tener registrado a ti como que eres de mi partido, pero yo no sé si tú estás contento con mi partido y si me vas a ayudar”, dijo. Además, los partidos de la oposición tienen derecho a contar con un delegado que vela por el correcto desarrollo del escrutinio y a quien debe entregarse una copia del acta final una vez finalizado.

“Hubo un momento en que a través del Plan República (operativa militar a cargo de la logística del proceso de votación) se impidió la presencia de los testigos de la oposición en el cierre de mesas”, señaló, y que evitó que en algunos casos la oposición no pudiera acceder al acta.

Sin embargo, esto no impidió que el comando de la PUD supuestamente se hiciera con más del 80% de los documentos, los cuales fueron digitalizados y disponibilizados en línea. En el gobierno de Maduro “no tuvieron en cuenta que la oposición iba a ser capaz de acumular tantos recibos”, señaló Carrasquero.

El CNE está obligado a hacer públicas al menos el 50% de las actas, algo que fue solicitado por varios gobiernos de la región y observadores internacionales. Cada uno de los “recibos” cuenta un código de identificación alfanumérico asociado a su Mesa Electoral y que podría contrastarse con las actas publicadas por plataforma web de la oposición.

No es la primera vez que el gobierno de Maduro omite este paso previsto en la ley. Tanto en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 como en el Referéndum Consultivo sobre la situación de la Guayana Esequiba de 2023, el CNE no publicó actas que respaldaran los resultados informados.

Respecto a la emisión del sufragio, el votante debe presentarse con su cédula de identidad así como firmar el Cuaderno Electoral. Luego, debe digitar su número de identidad y presentar su huella dactilar ante un lector biométrico que habilita la urna electrónica.

“Incluso si alguien quisiera quedarse la noche anterior metiendo votos no lo podría hacer, porque necesitas las huellas digitales para que la máquina se active. En caso de presentarse una huella que no corresponda a un elector de esa mesa la máquina se bloquea y solamente se puede desbloquear dos veces”, relató Carrasquero.

El dispositivo además emite un comprobante impreso en papel que es depositado en una urna y con la que se realizará un conteo manual una vez finalizado el horario de votación. Los resultados arrojados en el conteo manual deberán coincidir con los reflejados en el acta electrónica.

Las incongruencias del proceso

El diseño de todo el sistema hace que el proceso sea muy seguro debido a sus múltiples etapas de auditoría. Sin embargo, es el apartamiento al procedimiento el que enciende las alarmas respecto a la transparencia de la elección del domingo. Estos pasos fueron detallados por el periodista venezolano Eugenio Martínez en la red social X.

Carrasquero señala no estar de acuerdo, como se ha afirmado desde la oposición, con que el fraude pueda ser logrado gracias al sistema electoral. “El que te está salvando de un descarado robo es precisamente el sistema electoral, porque el sistema de votación es el que te está diciendo que tú ganaste”, opinó. Y añadió: “Es un sistema auditado por técnicos de la oposición, quienes normalmente han validado que el sistema funciona como tiene que funcionar”.

Uno de los relatos difundidos por el oficialismo venezolano para justificar el no cumplimiento en la publicación de las actas es el supuesto hackeo de los servidores del CNE que habría deshabilitado el sitio web, el cual no habría sido restituido hasta el momento.

Sin embargo, la comunicación desde las 30.060 mesas electorales hasta el centro de cómputos central del CNE se realiza a través de líneas telefónicas, las cuales cuentan con tres capas de encriptación. “Si tú lograras interceptar la comunicación no vas a ver nada, y si tú quisieras meter datos, la otra máquina lo que va a recibir es basura y lo va a desechar”, señaló el especialista.

Otro de los elementos de desconfianza es la exactitud de los resultados divulgados por el CNE, que informó un total de 10.058.774 votos, de los cuales 5.150.092 fueron para Nicolás Maduro y 4.445.978 a Edmundo González. Sin embargo, esto arroja un porcentaje de 52,2000% y 44,2000%, situación que es estadísticamente improbable.

Estas irregularidades se suman a movimientos previos a la fecha de la elección, como el impedimento de la inscripción de la candidatura de Corina Yoris, quien fuera la primera opción de la PUD luego de la proscripción de María Corina Machado. En un comienzo se argumentó que Yoris poseía ciudadanía uruguaya, situación que la impediría a presentarse a la presidencia, algo que resultó ser falso.

Luego de diversos intentos de inscribir a Yoris, algo que sólo era permitido a través de la web del CNE, finalmente fue ingresada, pero el organismo la inscribió con su apellido de casada, lo que inhabilitaba la inscripción.

Por otra parte, el CNE liberó a las embajadas la definición de los criterios de inscripción de votantes en el extranjeros, que de acuerdo a la ley electoral deben demostrar arraigo en el país de residencia. La rigidez de los requisitos planteados impidió la inscripción de la inmensa mayoría de los solicitantes, lo que derivó en que solamente pudieran registrarse unos 60.000 venezolanos de un universo de cinco millones de posibles electores en todo el mundo.