En Uruguay, los productores familiares ocupan sólo 15% del área productiva del territorio nacional, según registros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De ese 15%, menos de la mitad (44%) de los predios fueron registrados por mujeres, pero sólo 22,5% de ellas poseen la titularidad. La producción familiar tampoco tiene cara joven. De los más de 25.000 productores pequeños, sólo 4.000 son jóvenes.
El MGAP presentó un borrador del proyecto “Sistemas agroecológicos y resilientes en Uruguay” y su “plan de compromiso ambiental”, que actualmente está en consideración pública y será financiado por el Banco Mundial. Con base en la implementación de “prácticas basadas en principios ecológicos”, se pretende mantener “la producción de alimentos inocuos” en volúmenes “suficientes para el mercado interno y la exportación”. También se promoverá el “apoyo” a la adopción de tecnologías “climáticamente inteligentes”, al “control biológico” y a “insumos de origen orgánico y bionatural”. Para llevar adelante el trabajo se articulará con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En el borrador se manifiesta que el MGAP firmará acuerdos específicos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de la Leche, Conaprole e intendencias. Sobre el vínculo con el INIA se expresa que “no solo será el espacio donde se sistematizará la información para identificar paquetes de tecnologías vinculadas a la transición agroecológica sino que también será promotor de las mismas”. El Instituto Nacional de Bienestar Animal también sería “fortalecido con recursos del proyecto”; mientras que “seguramente” el Instituto Nacional de Colonización “se encuentre vinculado en acciones de transición agroecológica”.
Se aspira a llegar en “forma directa” a unos 800 productores -medianos y pequeños-, de diversos sectores -como la ganadería, lechería, agricultura y hortifruticultura- por medio de “acciones de transición agroecológica en todo el país”. “Se trata de productores familiares que no han recibido apoyos desde el MGAP a través de líneas de intervención que se ejecutaron en los últimos años”, hace hincapié el documento.
Dentro del proyecto también se trabajaría con 200 productores en “acciones de calidad de agua” en la cuenca del río Santa Lucía. Los predios se encuentran instalados sobre espacios considerados de “alto riesgo ambiental” y con “escaso acceso a recursos para realizar las inversiones necesarias para mitigar el impacto negativo en ese curso de agua”. “La población objetivo es de unos 1.200 productores familiares y medianos, se han apoyado unos 400 y se espera ampliar a unos 600 con los recursos del proyecto”, dice el documento. Se expresa que “esperan” que los demás productores dentro del sector de la cuenca “tomen como ejemplo estas intervenciones” y “avancen en las soluciones necesarias en sus predios”.
Dentro de los “beneficiarios directos e indirectos” del proyecto se encuentran: la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Remitentes a Conaprole, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz y otras cinco organizaciones.
Los técnicos y los beneficiarios recibirán capacitación en temas como “manejo de plagas y uso seguro de pesticidas”; “salud y seguridad en el trabajo”; “buenas prácticas forestales”; “enfoque de género e intercultural”, y “biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales”. También se plantea que el proyecto “no tiene adquisición, uso, almacenamiento y eliminación de pesticidas y envases, ni serán apoyados por el proyecto”, pero que “sí puede apoyar actividades de capacitación en apoyo de los subproyectos de inversión en la temática”. En el borrador del proyecto se reconoció una “potencial amenaza” a la “sostenibilidad de los recursos naturales que sirven de base al sector agropecuario”. Afirma también que el cambio climático y la variabilidad son “desafíos cada vez más relevantes para la producción agropecuaria en Uruguay”.
A su vez, “colectivos de profesionales, especialmente aquellos vinculados al agro” también serán parte y “participarán directamente en procesos de asistencia técnica y capacitaciones, instrumentando el monitoreo animal, sistematizando experiencias para la transición agroecológica, acompañando la toma de decisiones con base en sistemas de información”.
Otro de los puntos que resalta entre las acciones del proyecto es la entrega de notebooks a grupos de mujeres rurales. Se lograría a partir de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura “aprovechando las ventajas que brinda el Plan Ceibal”. Se busca “fortalecer el vínculo” con las “beneficiarias” y “favorecer su participación activa”.
Malestar de integrantes de la comisión honoraria
En 2018, con consenso de todo el espectro político, se aprobó la ley que declaró de interés general la agroecología y se creó una comisión honoraria nacional para elaborar un Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas. El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, elegido por el gobierno actual, es quien la preside; también está integrada por representantes de ministerios, la academia y organizaciones civiles.
En febrero del año pasado, la comisión honoraria presentó un documento preliminar del Plan de Agroecología, que se elaboró durante cinco meses y contó con el aporte de más de 100 personas. Cuando se convocó la primera sesión de la comisión en el nuevo gobierno, Blasina manifestó discrepancias con el plan preliminar.
“Es parte de un proceso que se viene dando desde hace tiempo. En ningún momento se habla de la comisión honoraria, en ningún momento se habla de las organizaciones que promovimos la agroecología en el país, no se nombra a la Red de Agroecología del Uruguay, a la Red de Semillas Nativas y Criollas o la Red de Huertas Comunitarias”, señaló Gabriel Picos, integrante de la comisión honoraria del Plan de Agroecología y de la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), sobre el nuevo proyecto que busca impulsar el MGAP.
Indicó que “hay puntos que son muy genéricos” y “puntos que son alarmantes”. “Se está planteando que se va a capacitar en el manejo de plagas y uso seguro de pesticidas. Se está afirmando que van a usar pesticidas, eso para nosotros de por sí ya está deslegitimando que estemos hablando de transiciones agroecológicas. Nosotros concebimos que no debería usarse ningún tipo de pesticida”, manifestó.
Picos dijo que “en ningún momento hablan de hacer capacitaciones en cuanto al manejo ecológico de los predios”, porque “las buenas prácticas forestales no son manejo ecológico de los predios”, y “que se plantee el uso sostenible de los recursos naturales es muy genérico, quiere decir mucho y no quiere decir nada”. Agregó que “la pregunta es qué de diferente tiene esto en relación a lo que ya se viene haciendo en producción en Uruguay”.
“No puede dejar de verse como si hubiera algo contra las organizaciones vinculadas a la agroecología. El Ministerio evidentemente no tiene intención de construir transiciones agroecológicas con las organizaciones vinculadas a la agroecología; fue directamente con organizaciones con las que ellos se sentirán con mayor afinidad, porque son las organizaciones del agronegocio, de donde ellos provienen”, apuntó.
También se consultó al integrante de la RAU si tienen pensado solicitar ser beneficiarios del proyecto y respondió que no tuvieron “ningún tipo de participación”, y “es muy difícil” porque “es legitimar algo que no va con lo que promovemos como transición”. “Es sumamente irregular que, si hay un proyecto que intenta fortalecer las transiciones agroecológicas, no envíes un informe o des a conocer que se está avanzando en el proyecto en un ámbito específico para construir políticas públicas de agroecología”, resaltó.
Contó que están evaluando si van a seguir siendo parte de la comisión honoraria del Plan de Agroecología porque no pueden “seguir destinando tiempo, energía, militancia a un espacio donde el gobierno no tiene ningún tipo de intención de construir una política seria”.