“El primer paso en un proceso de colonización es el desplazamiento de la población. Nuestro territorio está vacío; ese proceso comenzó con la persecución a los pueblos originarios, continuó con los gauchos y ahora vienen por nosotros, los paisanos. Somos la última expresión de la cultura nacional que va quedando”, declaró Alejandro Wasem, colono de Tacuarembó del Instituto Nacional de Colonización.
El sábado 20 de noviembre se realizó la novena Fiesta de la Semilla Criolla en Atlántida, que reunió organizaciones sociales para debatir temáticas vinculadas a la soberanía alimentaria, defensa de las semillas nativas y criollas, derecho a la tierra, agua y biodiversidad. Tiene lugar cada dos años y es coorganizada por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, junto con Redes-Amigos de la Tierra Uruguay. Participaron grupos de mujeres rurales, huertas comunitarias, colonos, productores agroecológicos y la academia. Cecilia Rameau, presidenta de la Red de Semillas, resaltó que el “rol fundamental” de las productoras y productores es tener las semillas en sus manos “para que cuando falte el alimento o se venga la crisis” estén disponibles.
Wasem contó que con el incremento de la forestación y pools de siembra -un sistema de producción en el que los capitales financieros son protagonistas y se sostienen en base al arrendamiento de grandes extensiones de campo- generaron una “distorsión de los ecosistemas”. Dijo que en el norte del país es “muy claro” el impacto sobre los ríos, arroyos y aguas subterráneas.
“Han cambiado los ecosistemas y nadie se hizo cargo, nadie protegió a la población local. La gente se va porque es desplazada; primero fue el latifundio ganadero y ahora es el agronegocio. Los tambos que desaparecieron en estos últimos años eran arrendatarios, tenían que salir a competir con el precio que ofertaron los pools de siembra, que son capitales especulativos. Dejan a la gente inerme”, planteó el colono. Relató que en Picada de Quirino y Pueblo del Barro, localidades de Tacuarembó, ha habido “problemas de contaminación de vecinos y escuelas”. “Se han secado pozos de agua en las escuelas”, enfatizó, y resaltó que pese a que este tipo de situaciones se denuncian, “muchas veces se paga la multa” y “queda pronto”. “Esto tiene un nombre, se llama ecocidio: es el desplazamiento de la población producto de la transformación del medioambiente. Otra cosa que nos trae es el etnocidio, la pérdida de nuestras culturas rurales y nuestros saberes”, sumó.
El colono comentó que “el único competidor nacional y criollo” que “había en el mercado de tierras en venta” era el Instituto Nacional de Colonización. “¿Quién puede competir con una corporación como UPM? No hay ningún nacional que lo pueda hacer, es el Estado el único”, afirmó.
Foto: Federico Gutiérrez
El que puede comer es quien la puede pagar
La agroecología fue declarada de interés general -mediante ley y con consenso de todo el espectro político- en 2018. En la iniciativa se estableció la creación de una comisión honoraria que en febrero del año pasado presentó un documento preliminar del Plan Nacional de Producción de Bases Agroecológicas. Fue resultado del intercambio entre más de 100 participantes de la academia, organizaciones civiles y representantes del gobierno.
Al ingresar el nuevo gobierno, la comisión estuvo seis meses sin reunirse hasta que las autoridades designaron al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina como presidente. Él manifestó en abril que no apoyaría varios de los puntos del borrador y, como asesor del ministro, se veía en la “obligación ética y profesional” de recomendarle que no los avalara con su firma. El hecho generó varias discrepancias entre las organizaciones sociales y el gobierno.
Inés Gazzano, ingeniera agrónoma y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, participó en la Fiesta de las Semillas Nativas. Allí apuntó que la agroecología latinoamericana surge desde la articulación de productores y movimientos campesinos, acompañados por estudiantes, docentes universitarios y profesionales “en forma contestataria a la revolución verde”. Al definir esta revolución verde dijo que “es una estrategia de armado del sistema alimentario, va desde la producción industrial intensiva, comercialización, distribución, consumo e industria. Tiene un supuesto básico de que lo que se produce es una mercancía. Que sea mercancía implica que el que puede comer es quien la puede pagar y se olvida que el alimento es un derecho fundamental de las personas”, describió.
La docente explicó que la agroecología enfrenta cuatro procesos. El primero es “el rechazo sistemático, que viene con la desacreditación y el ninguneo”. Continúa una etapa de “muerte por inanición”, en la que “aquello que logró superar el rechazo se aísla, y se toman algunos elementos que pueden servir para más adelante”. Después sigue un proceso de “asimilación u hospedaje”, en el que “se integran algunos elementos de la agroecología y se los convencionaliza”. Al último punto lo denominó “cooptación”: se “aceptan las banderas, términos, palabras, ideas”, pero esto se hace “al servicio del mismo modelo que la agroecología intenta cambiar”. Por ello recordó que la producción agroecológica tiene “una base de transformación social, económica y productiva”.
Gazzano contó que en Brasil se están estudiando las formas de “desmantelamiento” de las políticas públicas que apuestan por la agricultura familiar. “Burocracia institucional”, “reuniones mal convocadas” y “poco financiamiento” fueron las principales. “La narrativa confusa enreda a las personas que van detrás de un modelo que busca un cambio”, acotó.
“Nosotros hoy tenemos que tomar el papel de salir a convocar y organizar a los territorios”, planteó Hugo Bértola, delegado de la Red Uruguaya de Agroecología en la comisión honoraria. Al mismo tiempo afirmó que “muchas veces surge la pregunta de hasta dónde se puede estar validando con la presencia una serie de soluciones que se ofician por hechos consumados”.
Unir la clase trabajadora
“Lo tradicional en el mundo sindical, y debe seguir así, es solucionar el problema de los trabajadores, licencia, salario, despido. No teníamos una costumbre de preparar compañeros para tener una visión a largo plazo, de hacia dónde va el mundo y cuál puede ser la vida de los trabajadores en el futuro”, manifestó Mario Pérez, representante por el PIT-CNT en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Admitió que en la central de trabajadores el sector industrial ha tenido “un fuerte peso” sobre “todas las decisiones y las formas de organización”.
“No queremos esa ciencia, tecnología e innovación como se utiliza ahora, que es para desarrollar el agronegocio, para desarrollar una mayor rentabilidad. Nosotros queremos una ciencia, tecnología, innovación y conocimiento a favor de los trabajadores para vivir mejor”, agregó Pérez.
Martín Drago, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, dijo que uno de los desafíos para “dar la disputa” por la soberanía alimentaria es “construir la unidad popular de la clase trabajadora del campo y la ciudad” y “popularizar” sus propuestas. “No alcanza si no damos la disputa por una justicia climática, ambiental y de género; todas a la vez y todas juntas. Es necesaria una correlación de fuerzas para resistir el avance de las empresas en los territorios”, destacó.
Otro punto que indicó necesario fue “resistir el avance de las falsas soluciones”, entre ellas las conocidas “soluciones basadas en la naturaleza”, porque son “un lobo con piel de cordero”. Drago comentó que buscan que “las grandes empresas transnacionales y los países del norte continúen emitiendo, generando el caos climático, pero compensando con algunos proyectos en el sur global”. Estableció que estos proyectos “incrementan la mercantilización, privatización y financiarización” de la naturaleza. “No son sólo formas para compensar, también son formas de apropiación de otros territorios. Son nuevas formas de colonización”, sentenció.