625 colmenas de 11 productores, distribuidos en más de 30 apiarios, se vieron afectadas en la ciudad de Sauce, Canelones, específicamente en la zona de Cuchilla de Rocha y el eje de la ruta 6: 118 están muertas y 507, disminuidas. Cada colmena en esta época del año tiene en promedio entre 50.000 y 60.000 abejas. Los datos se plasmaron en un informe realizado por un conjunto de productores apícolas, enviado al Ministerio de Ambiente (MA), al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA). Estela Santos es una de las apicultoras involucradas, además de bióloga y entomóloga con formación en abejas. Contó a la diaria que los primeros episodios tuvieron lugar el mes pasado. “Empezamos a dar aviso y todos los apicultores empezaron a revisar sus apiarios. Efectivamente se encontraron con mortandad, aparentemente una aplicación de los primeros días de noviembre fue la más complicada”, apuntó.
Santos comentó que la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP tomó tres muestras. Una de ellas dio positivo en fipronil, un producto químico cuya utilización en la agricultura está prohibida en Uruguay desde 2009, aunque sí se permite su aplicación como hormiguicida y para uso veterinario; en la segunda no se constató la presencia de la sustancia, y aún se esperan los resultados de la tercera muestra. La bióloga explicó que algunas colmenas están en “estado de descomposición”, por lo que “es difícil analizarlas para buscar químicos”. También planteó que cuando se tomó la segunda muestra había llovido y “es posible que el producto hubiera sido lavado”. A su vez, relató que cuando la DGSA analiza las muestras busca “algunos principios activos” –en estos casos “analizaron ocho”–, por lo que la mortandad “capaz que fue causada por algún otro producto que no sospechamos”. En el informe enviado a las autoridades se incluye una georreferenciación de las colmenas afectadas para que se haga “una búsqueda de los cultivos que están en el entorno”. Según la apicultora, la zona es mayormente frutihortícola, aunque también hay campos ganaderos.
La Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MA también recibió la denuncia. “Esta semana van a estar recorriendo el lugar y van a estar viendo si no hay daños colaterales en aguas, en suelos. Ya que las abejas muestran la presencia de productos químicos, es posible que hayan contaminado algunos recursos naturales”, señaló Santos.
Daños en el ambiente
“Si mueren las colmenas, [significa que] han muerto otros miles de millones de insectos que no podemos evaluar porque nadie los está monitoreando, nadie los está atendiendo y nadie se entera si se mueren o no”, manifestó la entomóloga. Dijo que los episodios de mortandad o disminución de abejas siempre son “complicados y dolorosos”, pero que los episodios puntuales asociados a algún cultivo se suelen dar en agosto y setiembre, “cuando empiezan las protecciones sanitarias”. “En general no provocan tanta mortandad de abejas, quizás un poco de intoxicación que nos permite recuperarlas y llegar a esta época con la colmena en buen estado”, desarrolló.
“Un caos”: de esa forma definió la situación que están viviendo. “En esta época tenemos la mayoría de todas las especies de insectos que aportan su rol en el ecosistema: los degradadores de materia orgánica, los polinizadores en general ‒tenemos abejas nativas, especies de avispas‒. Muchos de estos insectos hibernan en el invierno y no los tenemos presentes, pero en esta época del año están en plena reproducción, con formación de nidos”, indicó. Y añadió: “Después pretendemos que haya de forma natural mariquitas que se comen los pulgones de los cultivos, y las abejas nativas que los polinizan”. Una de las principales preocupaciones de los productores es que “pueda volver a ocurrir” una situación similar.
Santos recordó que existen más de 100 especies de abejas nativas que se alimentan en las floraciones silvestres, aunque en la actualidad también rondan los cultivos porque “es lo que les estamos ofreciendo”. “Las abejas nativas tienen un rol importante, a pesar de que no son productoras de miel, en lo que tiene que ver con la polinización de la biodiversidad silvestre, de plantas y cultivadas también. Mantienen las comunidades vegetales porque son las que hacen producir semillas: con el evento de polinización aseguramos la producción de semillas y frutas. Es un proceso ecológico esencial, y perderlas en el ecosistema va a provocar daños y movimientos de las poblaciones de la diversidad vegetal”, enfatizó.
De la mano
La bióloga manifestó que la mortandad de abejas es un problema ambiental, pero también social. Por esta razón, están intentando entablar diálogo con los productores que tienen quintas en la zona. Sin embargo, comentó que es “frustrante” para los apicultores visualizar “la pérdida de miel de ese año”. “Estos eventos son preocupantes en esta época porque perdemos las cosechas del año. A veces en marzo puede haber algún resto de miel, dependiendo de cómo venga la floración”, especificó.
Fernando Gorostidi, integrante de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Villa Nueva del Sauce, fue otro de los apicultores que se vieron afectados. Aseguró que por el ciclo de la abeja, aunque esta se recupere, “ya pasó la floración”. “El momento de generar néctar es ahora. Se pierde la producción en un año, que supuestamente va a ser récord en cuanto a precios. Venimos de tres, cuatro años trabajando por debajo de los costos. Recién el año pasado se levantó el precio y parece que va a ser mejor. Era el momento de recuperarnos”, planteó.
Dijo que el apicultor necesita que el ambiente “esté bien para que las abejas estén bien”. “Lo que nos preocupa es que la abeja es un centinela y nosotros estamos viendo la punta del iceberg. Andá a saber qué fue lo que pasó, en dónde está ese veneno”, apuntó. Resaltó que como sanción por causar las intoxicaciones “se pone una multa que para el productor es un insumo más”. “Todos decimos que se tiene que cobrar algo que les duela o cerrarles la quinta por un año. Nosotros no estamos contra nadie, pero queremos poder convivir con la producción. 600 colmenas se vieron afectadas, ¿qué pasa si matan a 600 vacas? Se arma un lío que sale por todos lados. Lo que pasa que la apicultura está en el fondo de la bolsa”, consideró.
Buscar soluciones
Néstor Causa es el presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) en representación del MGAP. Declaró que el fipronil “hace varios años que se prohibió para la aplicación foliar”, aunque “es cierto que se ha dado durante todos estos años, lamentablemente, algún evento de envenenamiento de colmenas”. Advirtió que en la situación de Sauce todavía “puede haber un riego posterior a nivel de las colmenas” porque “son productos muy persistentes”. Comentó que Fernando Mattos, ministro del MGAP, “está al tanto de la situación”.
A su vez, consideró que corresponde “una ayuda a los apicultores”. “Un envenenamiento masivo parecido a este, pero con mayor cantidad de colmenas, ocurrió en 2017 en Salto. En aquel momento, el ministerio tomó algún tipo de acción gestionándola a través de créditos, algún caso de subsidio para los apicultores más chicos. No quiero reafirmar que va a ser la misma medida en esta situación, pero se va a evaluar”, resaltó. Causa dijo que “hay que medir el impacto para los productores” porque detrás “están las familias” y “todo un entorno que también se ve afectado”. “Cuando se trata de productores chicos, cualquier golpe genera dolor”, afirmó.
Causa afirmó que acercará ideas a Mattos sobre lo sucedido, en el sentido de que “se cobra una multa a quienes cometieron la infracción y mataron las colmenas”, pero “el productor queda a expensas de qué medidas se tomarán”. “No es solamente una multa en sí; el apicultor que pierde debería de tener establecida una reparación económica por el efecto. Primero hay que trabajar para que estas situaciones no se den; pero por más regulaciones que tenemos, por más normas, se pueden dar accidentes”, expresó.
La Ley de Desarrollo Apícola estableció la creación de la CHDA para asesorar al Poder Ejecutivo en temáticas vinculadas a la producción y venta de miel, tanto en el mercado interno como en el exterior. Está compuesta por delegados del gobierno y del sector privado. El 4 de octubre renunció un representante por el MGAP, el ingeniero agrónomo Jorge Harriet, por “una acumulación de disconformidades”. Había realizado tres propuestas, incluida la incorporación de un “análisis de riesgo apícola en el registro de los productos fitosanitarios”, pero dijo que “no fueron tomadas en cuenta”.
Causa planteó que “el tema de los agroquímicos” es “uno de los más complejos cuando se trata la apicultura”. “Yo no tengo ninguna duda y siempre lo tuve como uno de los principales temas, o el principal problema. En lo que llevó a Harriet a renunciar, quizás no se ha avanzado con la velocidad que uno quisiera, pero se viene trabajando firmemente con la DGSA. El tema es que hoy por hoy son recomendaciones. Como apicultor quisiera cambiar todo rápidamente, pero es un proceso”, consideró.