El vivero Santana, propiedad de la empresa finlandesa UPM, se encuentra en Paysandú, a pocos kilómetros de Guichón. Desde 2014, los vecinos y vecinas que integran el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales denuncian que el establecimiento arroja sus vertidos a una cañada que conecta con el arroyo Santana. Finalmente, el Ministerio de Ambiente (MA) lo comprobó y emitió una resolución a la que accedió la diaria donde se estableció que la empresa se encuentra “pasible de ser sancionada” con una multa de 700 unidades reajustables -cifra que equivale a 1.045.800 en pesos uruguayos y 25.381 en dólares- por incumplir con el artículo 114 del Código de Aguas. En la normativa se determina que está “prohibido introducir en las aguas o colocar en lugares desde los cuales puedan derivar hacia ellas, sustancias, materiales o energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el medio ambiente natural o provocar daños”.
La cartera también planteó que “la empresa reconoció la existencia de vertidos y presentó información dando cuenta de las acciones realizadas para eliminarlos” cuando “había informado anteriormente que no existían vertidos directos de ningún tipo”. A su vez, resaltó que UPM utilizó “plaguicidas no registrados, cuyos principios activos son considerados tóxicos o muy tóxicos para la vida acuática”. Recientemente, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) constató que de 19 agroquímicos que la empresa declaró como utilizados, solamente 2 de ellos están autorizados para uso en viveros. De las sustancias no autorizadas, cuatro pertenecen a la clasificación toxicológica II de la Organización Mundial de la Salud, que los define como “moderadamente peligrosos”. Por esta razón, la autoridad ambiental la intimó a “cesar en forma inmediata y definitiva el uso de agroquímicos que no cuenten con el registro habilitante”.
Pero, ¿por qué UPM envió a los ministerios la lista de los productos que utilizó? En mayo, el MA mediante otra resolución, le solicitó a la empresa que enviara el “listado completo de principios activos utilizados en el vivero durante los años 2021 y 2022, así como las cantidades aplicadas por fecha”. Asimismo, en aquel momento, ya le había advertido que se encontraba “pasible de sanción” por el mismo incumplimiento. A partir de ahora, según consta en la nueva misiva, UPM deberá informar una vez por año “el listado total de plaguicidas utilizados, sus dosis y cantidades aplicadas, así como los balances hídricos para asegurar que la totalidad de las aguas derivadas de la actividad, son canalizadas e incorporadas como agua de riego nuevamente”.
Por otra parte, la empresa deberá incorporar en el programa de monitoreo “la totalidad de los principios que sean utilizados en el vivero Santana con funciones de plaguicidas” y presentar en el plazo de un mes la “reformulación del programa de monitoreo referido, incorporando tales sustancias, cuyos análisis deberán ser realizados utilizando analíticas que aseguren un límite de cuantificación y detección acorde para cada principio activo”.
Cabe resaltar que en noviembre del año pasado, la DGSA tomó tres muestras de agua superficial en cursos de la zona aledaña al vivero. ¿En qué contexto? Gracias a un compromiso asumido en el marco del proyecto Monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú que llevó adelante la Universidad de la República. Allí, la autoridad agropecuaria constató la situación denunciada por los vecinos y se solicitó un análisis multirresiduos de agroquímicos de las muestras. Se detectó la presencia de varios principios activos. En la cañada afluente al arroyo había tebuconazol, azoxystrobin (ambos fungicidas), imidacloprid (insecticida) y glifosato junto a su metabolito ampa (herbicida). Por otra parte, en el desagüe del vivero había metolaclor, glifosato (ambos herbicidas) e imidacloprid (insecticida).
“Muchas veces se nos dijo que lo que denunciamos no tiene sustento técnico y desde la empresa se sale a desmentir lo que desde la sociedad civil señalamos. Hoy podemos asegurar que UPM contamina el arroyo Santana”, decía un comunicado del colectivo Guichón por los Bienes Naturales, en aquel momento.