El Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de caza vigente -la Ley 9.481, de ecología y protección de fauna indígena, promulgada en 1935, y el Decreto 164 de 1996, de prohibición de caza de especies zoológicas silvestres-. El nuevo decreto, del martes 26 de abril, entre otras cosas habilita la práctica de la caza deportiva en todo el país menos en Montevideo y autoriza la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. Además, los permisos de caza serán independientes del tipo de arma y ya no se exigirá justificar la autorización del propietario u ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad para obtenerlos.
La nueva normativa, aprobada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ambiente y Turismo, habilita la práctica de la caza deportiva “en las condiciones y con las limitaciones dispuestas en el presente decreto” en todo el territorio nacional a excepción de Montevideo. Asimismo, reduce de tres a un kilómetro el radio de distancia de centros poblados o escuelas rurales en el caso de caza con escopeta de perdigones.
Con relación a la emisión de los permisos de caza, los propietarios u ocupantes de predios rurales podrán conceder permisos en “forma verbal o escrita, sin requerir ninguna formalidad especial” y “su constancia no podrá ser exigida por la autoridad competente como requisito previo al otorgamiento del permiso de caza”. La normativa anterior a esta modificación dictaba que era necesario presentarse ante el Ministerio de Ambiente (MA) con un documento con varios requisitos, entre ellos, especificar las guías de armas, un croquis del campo donde se realizaría la caza y una nota con la autorización del dueño del campo.
Además, en el nuevo decreto se establece que los permisos de caza “son independientes de las armas que utilice el cazador”, por lo que “en los permisos de caza no se hará referencia a un arma específica. Para practicar la caza en forma legítima, el arma utilizada deberá estar legalmente registrada y habilitada para dicha práctica. Durante la actividad de caza, el cazador deberá portar el permiso de caza y la guía vigente del arma que utiliza”. Asimismo, se amplían detalles sobre los permisos de caza de control y científica, que deberán ser otorgados por el MA.
Por otra parte, el decreto emitido reduce de 15 a 10 días la vigencia de los permisos de caza deportiva para las especies de pluma de fauna silvestre, y la vigencia de los permisos de la caza comercial de liebre (Lepus sp.) pasa de 120 a 90 días consecutivos. Por último, se plantea que “los permisos de caza deportiva de ciervo Axis axis tendrán una vigencia de 365 días corridos desde su otorgamiento”. De acuerdo a la norma, en ese período se podrán cazar “diez ejemplares (cinco machos y cinco hembras)” y se podrá “trasladar un ejemplar por permiso, con un máximo de dos permisos por vehículo” junto al permiso de caza. “La autoridad competente entregará al solicitante el medio identificatorio para las diez piezas a las que está autorizado”, añade el texto.
“Procaza”
Mauricio Álvarez, presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), que ha hecho varias campañas contra la caza en el país, señaló a la diaria que desde la ONG no se “imaginaban para nada este decreto”, al que califican de “un decreto procaza”. “Fue una sorpresa leer en la fundamentación del decreto hablar de la caza como actividad turística a potenciar, de ahí seguramente la firma del Ministerio de Turismo a un decreto de caza”, dijo Álvarez, y agregó: “Es muy triste que Uruguay vaya a contramano del resto del mundo, donde el turismo ecológico y amigable con el medioambiente avanza y el turismo cinegético retrocede. Uruguay anti Natural hace lo opuesto. Si es por facturación, se factura más con el turismo amigable con la naturaleza que con el de gente matando”.
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— COENDU (@CoenduOng) May 1, 2022
Con relación a las modificaciones aprobadas, Álvarez planteó que algunas de ellas son “preocupantes”, como la habilitación de caza nocturna de especies exóticas aprobadas por la ley. “A nivel mundial, la mayoría de las muertes de personas -sobre todo, cazadores- por accidentes de caza se dan en la noche, y más allá de que la actividad de caza nocturna en Uruguay se practicaba de forma ilegal, hoy se aprueba. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del gobierno cuando se produzca una muerte humana por caza nocturna?”, cuestionó.
Asimismo, consideró “grave” la disminución del radio de distancia de caza de una escuela rural o centro poblado cuando el arma utilizada sea una escopeta de perdigones, “más allá de que sea un arma menor” que otras. “Era una protección a personas ajenas a la caza. En las escuelas rurales, no es que las y los niños salen de la puerta a un camino donde pasa un ómnibus, muchos van a caballo y atraviesan campos”, sostuvo.
“Otro elemento que no es menor es que se habilita la caza en Canelones, que estaba prohibida por el Decreto 104 del año 2000”, señaló el presidente de la ONG. Asimismo, destacó que el decreto emitido “no menciona en sus fundamentos al decreto del 2000, pero lo modifica tácitamente”; por lo tanto, hubo un “descuido jurídico que incluso pone en duda otras cosas”.
Sobre los impactos en las especies nativas, Álvarez sostuvo que si bien la caza de aves nativas se reduce en cinco días, el nuevo decreto implica “un perjuicio” porque disminuye los costos de la caza. “En principio podemos considerar como algo levemente positivo que se reduzca el máximo de permiso, pero a su vez hay un beneficio económico para el cazador”, agregó.
Álvarez consideró que es “abismal” la extensión del permiso de caza del ciervo axis a 365 días, aunque se trate de una especie exótica invasora. Asimismo señaló que la normativa anterior permitía la caza de “machos adultos”, mientras que ahora el texto permite la caza de cinco machos y cinco hembras sin especificar que sean adultos, por lo que permite la caza de crías.
Uno de los cambios más graves para el activista de Coendu refiere a los requisitos para los permisos de caza. “Anteriormente, por resolución, a la hora de emitir el permiso de caza el ministerio correspondiente exigía al cazador saber dónde iba a cazar, contar con el permiso del propietario del predio, especificar con qué arma se iba a cazar y contar con el permiso de uso de esa arma. Con este decreto, el permiso pasa a ser independiente de todo eso”, explicó Álvarez. Con estas modificaciones, consideró que hay un fomento a la “informalidad” en el uso de las armas cuando se debería apostar a lo contrario. Además, manifestó su preocupación por las armas de aire comprimido, que “cada vez vienen con mayor potencia destructiva y aún son libres en su porte y tenencia”.
A su vez, el integrante de Coendu sostuvo que el nuevo decreto deja algunas “dudas” por la omisión de la mención a las modificaciones al Decreto del 2000. Por ejemplo, Álvarez mencionó que no tienen claro que pasaría con la caza de patos en las lagunas del este del país, si la caza de patos se volviera a habilitar.
No es la forma
Álvarez sostuvo que si bien el objetivo de Coendu es “velar” por la conservación de las especies nativas y reconocen el impacto de las especies exóticas en los ecosistemas, la caza que aquí se promueve “no soluciona el problema”. Incluso señaló que varias especies exóticas como el jabalí, la liebre y el axis fueron introducidas en el país por motivos de caza. “La caza deportiva no soluciona el problema. Lo único que hace es introducir un problema más a los ecosistemas que ya están presionados y, por ende, a toda la biodiversidad que los conforman”, manifestó.
“La promoción de la caza desde el punto de vista del ambiente es una actividad que tiene un gran impacto. Si el Estado cree que las especies exóticas son un problema, las tendría que atacar como problema con la seriedad que implica y no a través del fomento de la caza deportiva turística”, expresó Álvarez. Además del impacto de la presencia de los cazadores en los ambientes, comentó que está comprobada la “contaminación de los ecosistemas por plomo que genera la caza”, y resaltó “la pérdida de vidas humanas” por esta práctica, que “no ha sido ajena al Uruguay”.
Finalmente, sin que el decreto lo mencione, la ampliación de facilidades para la caza deportiva no viene de la mano de un refuerzo del personal que fiscaliza la actividad, más aún cuando fenómenos como los del abigeato dejan en evidencia la dificultad de controlar el territorio, particularmente las zonas de difícil acceso y alejadas de los centros poblados.