El 14 de octubre, organizaciones que integran la Red Unión de la Costa (RUC) recibieron una convocatoria de la Intendencia de Canelones para reunirse e intercambiar en el marco de una revisión del Plan Costa de Oro. En un comunicado, el núcleo de colectivos cuenta que la comuna les pidió que envíen un mail en el que se indique “el tema de interés a tratar” y advirtió que “las reuniones se coordinarán de forma individual con cada organización” entre el 26 y el 30 del mismo mes. En este contexto, la RUC –en especial los colectivos canarios que la integran– ve con “gran preocupación” este proceso de “revisión sustancial”. “Este plan ordena el territorio, lo que se puede hacer y lo que no, dónde y cómo, y, aunque no es perfecto, es un instrumento valioso. Entonces, si se modifica tiene que ser para fortalecerlo y que sirva más y mejor a su objetivo, no para adaptarse a otros intereses fuera de su finalidad”, esgrime.
La RUC afirma que el proceso de modificación del Plan Costa de Oro debe contar con la “participación genuina de la población, con toda la información y los materiales sobre la mesa para que las comunidades puedan entender de qué se está hablando”. Sin embargo, manifiesta que la Intendencia de Canelones “pretende desencadenar ese proceso de manera opaca y no transparente al no poner a disposición la información que ya generó y que debería presentar previamente para que la población pueda concurrir a las convocatorias con información”. “Esta convocatoria fragmentada y simplificada subestima la importancia de la participación y la integridad del proceso de cambio de un instrumento tan fundamental”, subraya. A su vez, remarca que “las comunidades necesitan entender qué cambios se propone hacer la intendencia y cómo van a afectar su vida y su futuro para poder decidir”. “Las autoridades no pueden decidir sin escuchar de verdad a la gente. Pero ¿cómo se puede participar genuinamente si no está claro qué implicaría esa ‘revisión sustancial parcial’, ni conceptualmente ni desde el punto de vista práctico?”, pregunta en la misiva.
“¿Cómo se garantiza la integridad de la Costa de Oro si la invitación es a mandar un mail con los temas de interés de las organizaciones y reunirse aisladamente? El territorio no se puede desmembrar y mirar cada pedacito como si no formara parte de un todo. Por eso tampoco se puede escuchar a cada colectivo por separado, y menos aún si no cuentan con la información necesaria. A nadie escapa que la costa canaria y los espacios de valores socioambientales vitales –como la fuente de agua potable que es la cuenca de laguna del Cisne, el arroyo Yasyry/Solís Chico, los humedales y la formación costera– no pueden seguir siendo depredados por proyectos que priorizan el extractivismo inmobiliario y destruyen para siempre el equilibrio precario sobre el que se ha desarrollado la zona”, lamenta la red de organizaciones. Enseguida, insiste en que la costa “está siendo asfixiada por una topadora de fraccionamientos y de urbanizaciones que no deja lugar a su protección verdadera”. Sostiene que “bajo la mancha urbana descontrolada que viene arrasando desde oeste a este, quedan por el camino los medios de vida de miles”. “Sin playas no hay Costa de Oro; sin Costa de Oro no hay economía para todos, como tampoco hay salud y derechos para quienes estamos hoy ni para las generaciones futuras”, expresa.
¿Qué implica la revisión del instrumento de ordenamiento territorial?
Tras la publicación del comunicado, la RUC fue avisada de que en la página del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) existía un documento con un poco más de información. Integrantes de la red que fueron consultados por la diaria comentaron que no es de fácil acceso y que únicamente pudieron leerlo en un enlace que les fue compartido. El texto, elaborado por la Intendencia de Canelones y fechado el 3 de agosto, resalta que tiene como objetivo “reexaminar parcialmente el instrumento, con el fin de ajustar y perfeccionar la relación entre el decreto, las memorias y los planos con la experiencia de los años transcurridos desde su promulgación”. Asegura que, tras “ocho años desde la aprobación y puesta en vigencia del Plan Local”, ha habido “transformaciones territoriales y avances en los instrumentos de gestión territorial”.
Reconoce que la Costa de Oro presenta una “vulnerabilidad territorial” por la presencia de “factores ambientales relevantes y las grandes presiones inmobiliarias, industriales y extractivas que se ejercen sobre ellas”. A su vez, indica que el territorio “atraviesa una dinámica de transformación acelerada, impulsada principalmente por un significativo crecimiento demográfico”. Detalla que, según los datos del censo de 2023, la población de la microrregión “aumentó casi un 40%” respecto del censo de 2011. “Este incremento poblacional, sumado a otros procesos territoriales en curso, evidencia la necesidad de revisar y profundizar determinadas definiciones contenidas en el instrumento. Esta revisión no implica modificar el modelo territorial establecido por el plan, sino adecuar y fortalecer sus criterios y disposiciones frente a los nuevos desafíos surgidos a partir de iniciativas, procesos y demandas que han emergido durante su implementación, con el propósito de garantizar un desarrollo territorial ordenado y sostenible”, asevera la comuna en el texto.
Entre las principales transformaciones que registró durante la última década destaca la “expansión de asentamientos urbanos, tanto regulares como irregulares”, el “incremento de fraccionamientos en suelo rural destinados a usos no productivos”, la “incorporación de nuevas áreas de conservación ambiental” y la aprobación de otros instrumentos de ordenamiento territorial, como el Plan de Ruralidades Canarias y el Plan de Manejo del Arroyo Solís Grande.
La Intendencia de Canelones, según consta en el texto, pretende revisar varios puntos del Plan Costa de Oro, entre ellos “la categorización del suelo”. También quiere analizar los atributos potencialmente transformables, “con el fin de garantizar su coherencia y adecuación a los nuevos lineamientos y necesidades territoriales”. Otros dos puntos son “evaluar la disponibilidad de suelo para actividades productivas” y “profundizar en la zonificación y en la normativa asociada a cada categoría, con especial atención a las Áreas de Desarrollo Urbano, Áreas de Oportunidad y Zonas de Conservación y Valorización Ecosistémica y Zonas de Recuperación Ambiental”. En estas últimas se hace hincapié en establecer “disposiciones específicas y claramente diferenciadas para cada caso”.
A su vez, busca hacer una “revisión de la faja costera en el marco de las Directrices Nacionales del Espacio Costero” y “actualizar los programas y proyectos en el ámbito territorial, reevaluando las propuestas existentes y formulando nuevas iniciativas que respondan a las necesidades actuales, promoviendo la participación activa de los municipios y la ciudadanía en general”. Otro de los cometidos es “fortalecer la gestión de las Áreas de Desarrollo Urbano, incorporando definiciones de carácter general y normativa específica que facilite su gestión y desarrollo”.
Finalmente, la comuna resalta que quiere “abordar los conflictos territoriales y ambientales detectados, tanto en el ámbito rural como en lo urbano, adoptando un enfoque integral que contemple las áreas de conservación ambiental” e “incorporar y definir en el ámbito ecosistemas vulnerables prioritarios, su clasificación y medidas de protección”. En este sentido, quiere incorporar el concepto “ecosistemas vulnerables prioritarios”, que se suma a los “ecosistemas relevantes” que ya existen. Son definidos como sistemas que “por sus características biofísicas, funcionales y territoriales, presentan alta sensibilidad frente a perturbaciones antrópicas o cambios ambientales, limitada capacidad de recuperación natural y un rol estratégico en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, servicios ecosistémicos y biodiversidad”. Destaca que consideran prioritarios aquellos ecosistemas que “cumplen funciones críticas como la regulación hidrológica, la recarga de acuíferos, la amortiguación de inundaciones, la protección frente a la erosión, la conectividad biológica, el mantenimiento de hábitats de especies nativas, migratorias o amenazadas, la conservación de suelos, la captura de carbono y la resiliencia frente al cambio climático”. La vulnerabilidad, dice el documento, “puede estar determinada por su fragilidad intrínseca, por la presión de usos incompatibles del territorio, por procesos de fragmentación o por su ubicación en áreas sometidas a fuerte presión urbana, productiva o de infraestructura”.
En este contexto, la comuna prevé clasificar como “vulnerables prioritarios” los siguientes sitios: los humedales costeros que fueron definidos como de “importancia ambiental” por el Ministerio de Ambiente; la Laguna del Cisne; los cangrejales del arroyo Solís Grande, Solís Chico y Pando; las “barrancas prioritarias de La Floresta, Costa Azul, Guazuvirá Viejo, San Luis, Cuchilla Alta y Jaureguiberry”; el arroyo Tropa Vieja; el Área de Protección Ambiental Laguna Blanca, y “zonas vulnerables específicas (parches psamófilos en la trama urbana)”. “En el marco del instrumento se propondrán medidas específicas de actuación para su recuperación y/o protección”, asegura. En el documento, hasta el momento, no se puntualizan cuáles serían.
En varios de estos lugares existen conflictos socioambientales. Un caso es el que involucra a la laguna del Cisne, una de las principales fuentes de agua potable de la Costa de Oro, que presenta severos problemas de contaminación. En concreto, fue generado por un proyecto que pretende instalar más de 70 chacras alrededor del cuerpo de agua. Un grupo de vecinos se encuentra movilizado con el objetivo de crear un área protegida alrededor y garantizar el derecho humano al agua potable. Este es tan solo un ejemplo; en los balnearios Guazuvirá y en los cangrejales de Las Vegas suceden situaciones similares con emprendimientos inmobiliarios.