Entre el 14 y 18 de diciembre, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará haciendo una visita de trabajo a Uruguay. Según transmitió el organismo a través de un comunicado, tendrá como objetivo “analizar los desafíos y las respuestas de política pública frente a la pobreza” y “el derecho humano al agua en el contexto del derecho a un ambiente sano, con especial atención a la situación de niños, niñas y adolescentes”. La delegación será encabezada por el relator especial, Javier Palummo. Él es abogado por la Universidad de la República, tiene un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y una larga trayectoria trabajando en organismos internacionales. Además, en su plan de trabajo, el derecho a un ambiente sano fue definido como uno de los ejes prioritarios.
“La temática pobreza e infancia es un desafío tradicional del Estado uruguayo. Existen estudios de la década del 90 que ya hablaban de la infantilización de la pobreza. Es importante en la agenda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y es importante la intersección con el tema agua y ambiente. La protección de los recursos naturales importa mucho para las personas mayores, pero especialmente para las nuevas y futuras generaciones. Hay que cuidar los recursos para las próximas generaciones, para las infancias y las adolescencias. Hay una conexión muy lógica entre ambos temas. La mirada intergeneracional tiene un lugar muy importante en la agenda y debate sobre clima, ambiente, biodiversidad, contaminación, etcétera”, afirmó Palummo a la diaria.
El relator destacó que la última visita de trabajo que recibió Uruguay fue en 1978 –durante la dictadura, en un contexto sumamente diferente–, por lo que el hecho es “casi inédito”. Desde que asumió su rol, en 2023, vino al país en el marco de visitas académico-promocionales. En este tipo de visitas aclaró que no puede hablar de la situación del país, hacer observaciones, emitir recomendaciones ni dar entrevistas adelantando observaciones preliminares. Puede hablar sobre las temáticas en “términos generales”. Sin embargo, en las visitas de trabajo, como la que va a tener lugar en diciembre en Uruguay, la CIDH “necesita que el Estado esté abierto a recibir a un relator especial en su función”. En concreto, en el comunicado se manifiesta que la instancia tendrá como objetivo “aportar elementos para fortalecer las políticas públicas desde los estándares interamericanos” y que la información recabada “podrá servir de base para la eventual elaboración de un informe sobre los temas abordados”.
Palummo tiene previsto pautar encuentros con autoridades nacionales y departamentales, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, academia y comunidades. La relatoría también buscará crear espacios para “recoger las perspectivas de personas y grupos afectados por las problemáticas objeto de la visita, incluidos niños, niñas y adolescentes, mediante modalidades adecuadas para su participación”. A su vez, las personas y colectivos interesados pueden remitir información sobre infancias y ambiente –incluidas experiencias territoriales y respuestas de política pública– al correo [email protected], con el asunto “REDESCA Visita Uruguay 2026”.
El relator consideró que el momento de la visita de trabajo es “especialmente oportuno” porque el Estado está “tomando decisiones y abordando las temáticas” con “políticas públicas vinculadas a recursos hídricos y también políticas fiscales específicas, a los efectos de poder tener resultados en términos de la reducción de la pobreza infantil”. A su vez, resaltó el rol de Uruguay en “el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución, a raíz de la activación de un mecanismo de democracia directa” en 2004. También lo situó como un caso de relevancia por haber sido de los primeros países en ratificar el Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a garantizar participación, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente.