“Esta situación no es un accidente aislado o un hecho puntual”, dijo este martes Daniel Pena, integrante de la Coordinación por el Agua, con referencia a los incidentes que tuvieron lugar en la segunda planta de UPM durante los últimos meses. Junto a Nelson Altieri y Ana Filippini, también voceros de la organización de la que forman parte más de 70 colectivos, Pena visitó la Comisión de Ambiente del Senado para presentar un informe sobre “los sistemáticos incumplimientos” de la empresa y “la falta de control del Ministerio de Ambiente (MA)”.
En su exposición ante los parlamentarios, Pena se refirió a dos pedidos de acceso a la información pública: uno realizado por él y otro por la periodista Mariana Abreu, a partir de los cuales tomaron conocimiento de que “el grupo empresarial que comprende UPM 1 y UPM 2, Forestal Oriental, acumula 52 multas, intimaciones y sanciones entre los años 2009 y 2022”, contó. De hecho, sólo durante su construcción, la planta de celulosa de Durazno recibió 11 sanciones. Tanto estas como las demás han sido impuestas por excesos en los vertidos al agua, problemas en la infraestructura e incumplimientos vinculados a la forestación.
En lo que respecta a la forestación, hubo ocho multas. “Cuatro fueron por extracción de minerales de forma irregular, sin tener autorización –por extraer tosca para hacer caminos sin autorización– y otras cuatro por incumplimientos en la forestación en sí misma, entre ellas, por avanzar sobre el monte nativo”, comentó Pena. Asimismo, recordó que el número de infracciones en materia de infraestructura fue aún mayor: existieron “dos por por mala disposición de sólidos, dos por no aviso de evento de olor y nueve por irregularidades en la construcción”.
Para los colectivos que integran Coordinación por el Agua, tanto las infracciones de UPM como las de la otra papelera, Montes del Plata –que acumuló 27 multas e intimaciones entre 2011 y 2022–, evidencian que lo que está en juego es “una práctica sistemática, que hace parte del modelo productivo”, afirmó Pena. En ese sentido, la respuesta gubernamental “no es suficiente porque, de lo contrario, se hubiese podido frenar estas prácticas”, consideró.
Por otra parte, Ana Filippini, integrante de la Coordinadora y portavoz del Movimiento por un Uruguay Sustentable, se refirió al último derrame, que tuvo lugar el sábado pasado. La vocera mencionó los videos difundidos por los trabajadores del lugar, en los que se observaba cómo un líquido amarronado se había esparcido por todo el piso de una zona de la fábrica. También lamentó que sólo se diera “un escueto comunicado por parte de la empresa”, en el que se anunció la puesta en marcha de obras de mantenimiento y la posibilidad de que hubiese “episodios de olor de forma eventual”, sin notificar nada sobre el accidente.
“Estábamos viendo los videos de estos miles y miles de litros de celulosa con químicos que están recogiendo con palas mecánicas, y la empresa reitera que estaban en una operación de mantenimiento”, criticó.
Luego, Filippini cuestionó al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por su posicionamiento frente a los derrames de soda cáustica. “¿Cómo podemos suponer que no se trata de un líquido tóxico si la celulosa se blanquea con soda cáustica, dióxido de cloro, oxígeno, otros tóxicos y químicos? Es preocupante que el señor ministro de Ambiente no declare qué es lo que sucede con esta empresa y en qué medida está siendo o no controlada”, declaró.
En la misma línea, Nelson Altieri, integrante de la Comisión Nacional por el Agua y por la Vida, señaló el incumplimiento de la normativa internacional relacionada con el trabajo con productos químicos y su almacenamiento. Además, expuso que “por motivos de seguridad, de ninguna manera se puede colocar en una piscina de concreto soda cáustica porque la va erosionando de a poco y, por supuesto, el terreno es el que recibe, después, eso”. Según Altieri, “la forma de almacenar soda cáustica es en plásticos de alta resistencia –una especie de goma o geomembrana–, pero la empresa, justamente, deposita ese sobrante y tuvo ese problema con la soda cáustica porque, evidentemente, en un mes o dos iba a filtrarse a todo el terreno”.
Asimismo, “se desconocen informes de la Dinacea [Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental] sobre esta situación y también desconocemos si hay informes de las autoridades responsables”, añadió Altieri. “Cabe señalar que cada empresa debe tener un ingeniero químico responsable y un gestor de medioambiente, que tiene que hacerse cargo de esto”, observó.
Sanciones y propuestas
En respuesta a lo que viene sucediendo, la Coordinación por el Agua dejó planteadas una serie de sanciones y propuestas. Entre ellas, solicitaron “sancionar a UPM 2 con una parada de planta total” hasta que se solucione por completo el problema actual, e imponer “una multa ejemplarizante”. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, en el que se subrayó que “la empresa miente”, “no se concibe una multa de 42.000 dólares cuando la empresa tiene una ganancia neta de entre 650.000 y un millón de dólares diarios”.
Por otro lado, la Coordinación pidió que “se concrete en el Parlamento la discusión y votación sobre el delito ambiental”, y que se instale “una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la participación, gestión y control de toda la ciudadanía, en las tres plantas de celulosa”.
Además de añadir que la información debe ser “pública y de fácil acceso” y que “la Dinacea debe cumplir el rol para el cual fue creada”, los activistas se refirieron a dos aspectos “urgentes”. El primero es la necesidad de imponer una “prohibición de la expansión de los monocultivos forestales”, y el segundo, la posibilidad de “frenar las subvenciones y exoneraciones impositivas a las grandes corporaciones transnacionales y volcar fondos para la promoción de la transición hacia modelos agroecológicos de producción y habitabilidad en los territorios”.