Octubre de 2022. Una persona, que se presenta por su nombre, toca la puerta de la casa de Yohana -ubicada en el barrio Pauru, al oeste de Montevideo- y le dice que su terreno va a ser expropiado. Sin brindarle ninguna notificación o papel que lo demuestre, la desconocida le cuenta que se va a hacer una ruta.
Yohana hace 21 años vive allí, crio a sus hijos, construyó su hogar. No se toma en serio el planteo y piensa que es una broma de mal gusto. Pero comienza a hablar con sus vecinos y se percata de que no llamaron únicamente a su puerta. La preocupación va en aumento; busca en internet el nombre de la persona y encuentra que es “consultora de Impacto Social”. Yohana entonces se moviliza para intentar obtener más información.
En paralelo, Sara, una señora de 91 años que desde su niñez vive en el barrio, le cuenta que esta desconocida le transmitió que “debía armar sus maletas”. Más tarde, aparecen funcionarios de la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y confirman las expropiaciones, aunque para los vecinos todavía no estaban claros los padrones que tendrían que pasar por el proceso. Son tres las palabras que utiliza para describir la situación: incertidumbre, tristeza y destrucción. “Así empezó la tragedia que estamos viviendo”, lamenta Yohana.
El proyecto consiste en la construcción de una ruta doble vía de nueve kilómetros, con iluminación y dos intercambiadores de tránsito, que tiene por objetivo unir la ruta 102 con la ruta 1. Según la ficha ambiental del proyecto, elaborada por el MTOP, la idea fue presentada por una “iniciativa privada” y “no abarca zonas con prioridad para la conservación, ni ecosistemas vulnerables o amenazados”. Al leer el documento, se deja entender que los impactos ambientales serían mínimos. Pero existe un pequeño detalle: la obra busca realizarse dentro del área protegida Humedales del Santa Lucía, que ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2019.
En este territorio se encuentran muchísimas especies prioritarias para la conservación: más de 40 especies de aves; anfibios amenazados como la ranita de Fernández (Physalaemus fernandezae) y la ranita de Bibron (Pleurodema bibroni); también, por citar un par de ejemplos más, la viborita de dos cabezas (Leptotyphlops munoa), que conviven allí, junto con la mulita (Dasypus hybridus), el gato montés (Leopardus geoffroyi), el tucu tucu (Ctenomys pearsoni) y una larga lista de especies nativas más. Por supuesto, también se puede observar 74 especies vegetales, gran parte de ellas asociadas a los humedales. A pesar de querer intervenir esta zona tan particular, en el informe se solicita que el proyecto sea analizado por el Ministerio de Ambiente (MA) bajo la categoría B, una categoría intermedia de impactos que no implica necesariamente una audiencia pública donde se pueda dialogar con la comunidad.
Finalmente, en enero, el MTOP emitió una resolución donde se especifican los padrones que deberán expropiar para construir la ruta. En total son 55. Si bien el MA aún no ha definido si se aprueba o no la iniciativa, desde la semana pasada está abierta la licitación para que empresas privadas puedan presentarse y luego ser seleccionadas para llevarla adelante. “Yo no puedo procesar que me van a expropiar, cuando el proyecto todavía no está aprobado. ¿Cómo entendés esto? Nunca vamos a recibir el valor que nosotros le tenemos a la casa. ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde compro una casa parecida? ¿Dónde voy con mis hijos? Todo esto es muy apurado, a lo loco. Vinieron el 24, el 26 y el 30 de diciembre. No nos dejaron ni pasar las fiestas en paz. Estaba metida la empresa, que no sé si es licitante o qué, no sé el nombre. Fue mucha presión, entre ellos y Topografía”, dice Yohana. Enseguida, señala el lapacho que está al fondo de su casa: “Todo esto lo van a tirar, no te puedo explicar lo que siento. Te tiran la casa, ¿entendés? Mi hijo plantó estos árboles, él no se quiere ir tampoco”.
Santiago Vázquez.
Foto: Camilo dos Santos
El proceso de organización
Poco a poco la noticia de la construcción de la ruta se fue difundiendo entre los vecinos. Mauricio Guichón, locatario de Santiago Vázquez, manifiesta que a raíz de la preocupación decidieron autoconvocarse y pautar reuniones. De esta forma nació la Intersocial Montevideo Oeste. Explica que la respuesta de las autoridades locales giró en torno a mantener la “calma y paciencia” porque este tipo de obras “no se van a concretar de un día para otro”. “Todo fue calma y paciencia hasta que iban pasando las semanas y no había ninguna información oficial”, desarrolla Mauricio. A partir de este punto, decidieron realizar pedidos de acceso a la información pública al MA, que hasta el momento no han tenido respuesta.
“Entendemos que todas las invitaciones que nos hicieron a los vecinos a resignarnos se deben a que la ruta era un hecho y no había forma de que nadie la cambiara. Estos movimientos no son casuales. Cuando no se ofrecen respuestas, cuando se hace de forma silenciosa, cuando no se acerca la información, cuando no se pregunta a los actores locales, esto termina sucediendo. Día a día íbamos recibiendo noticias de que esto no solamente traía impacto a lo local, a lo productivo, sino a nivel departamental y nacional. Si afecta el ambiente, los humedales, también afecta nuestro planeta”, apunta Mauricio. El pedido de la agrupación es que el MA “destine una mayor cantidad de recursos para estudiar este proyecto tan complejo” e “impida el trazado”.
Sin embargo, existen diferentes tipos de impactos entre los vecinos y vecinas. Algunos expresan que se verán afectados a corto plazo por las expropiaciones, pero otros sufrirán las consecuencias a mediano plazo, cuando la dinámica del territorio cambie. Resaltan que en la zona existen productores, un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y el parque Lecocq, que quedarían aislados entre rutas, e incluso también se encuentra el gasoducto Cruz del Sur. Cabe resaltar que varios de estos puntos no fueron tenidos en cuenta en la ficha ambiental elaborada por el MTOP. Sin ir más lejos, entienden que la obra generaría efectos a todos los habitantes del área metropolitana, porque se está contribuyendo “a la pérdida de un espacio natural tan valorado como es el área protegida”.
Parque Lecocq.
Foto: Camilo dos Santos
La esperanza de lo que podría haber sido
Cada vecino y vecina lo procesa como puede. Natalia es estudiante en la Facultad de Medicina y se mudó junto a su pareja en octubre de 2021 a Pauru. “La idea era empezar a instalar animales de corral y plantar árboles. Fue lo único que pudimos hacer. Cuando nos enteramos de todo el proceso de expropiación nos pusimos mal. No sabíamos mucho. En un principio nos dijeron que la expropiación iba a ser parcial, que nos iban a dejar la mitad de la casa. ¿Qué hago con la mitad de la casa? No tenía sentido. Después salió la resolución, nos van a expropiar todo”, cuenta. Narra que ella siempre vivió en la zona, antes estaba frente a la ruta 1 “acostumbrada al ruido” y a que los vidrios de las ventanas “vibren”. Se trasladó para encontrar tranquilidad, por esta razón, si la construcción de la ruta sigue adelante, quiere abandonar el lugar. Sin embargo, también le preocupa los impactos ambientales que se puedan ocasionar.
“Todo lo que pasamos acá no hay plata que te lo pague. Estuvimos un año con el baño en construcción, porque no teníamos plata para pagarlo. Todo lo que ven acá lo hicimos nosotros, de nuestros bolsillos. Lo fuimos arreglando a medida que podíamos, los materiales son caros”, desarrolla. Muestra las jaulas donde tiene los animales de corral, que las hizo movibles para poder trasladarlas al momento de la posible mudanza, también su huerta y un galponcito para guardar la ración de las gallinas. “Desde que nos enteramos no quisimos invertir más. ¿Para qué voy a seguir cuidando las plantas, árboles, todo esto? Dejé todo y empezamos a guardar plata por si nos tenemos que ir, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos a cuánto nos van a cotizar. Además, hay mano de obra que no me la van a retribuir, porque no se ve. Las plantas, ya me dijeron, no entran en el presupuesto”, indica.
Sin embargo, hay una parte del predio que a Natalia le devuelve un poquito de felicidad. En el fondo tiene un amplio monte que casi no han intervenido. “No a toda la gente le gusta venir acá abajo, a la gente más citadina le da miedo”, dice entre risas, mientras habla un poco de la vegetación que va encontrando a su paso. “No quisiéramos la expropiación, pero tampoco queremos vivir como se plantea. Aunque no me lo hagan a mí y tenga lugar a un kilómetro. No es lo que esperaba. Este es mi refugio, es todo silencio. Lo ideal sería que todo siguiera más o menos igual a cuando lo compramos. Nos dijeron que la expropiación era un bien social, yo no sé hasta dónde lo es. ¿Cuál es el objetivo de la ruta? ¿Cuántos kilómetros se van a acortar? ¿Vale realmente la pena hacerla? Es una zona cercana a los humedales. Todo lo que era zona rural empieza a ser suburbano y perdés el entorno natural”, finaliza.
¿Qué nos dice la ciencia?
Es jueves 9 de febrero. Alejandro Brazeiro, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, recibió en su casa a la diaria. Se encontraba junto con la ingeniera agrónoma Adriana Bentancour. Ambos viven cerca de la zona donde se podría llevar adelante el proyecto. Todavía faltaban un par de horas para que presentaran a los vecinos y vecinas un documento que realizaron junto con otros nueve técnicos e investigadores en las áreas de agronomía, botánica, biología de la conservación, ecología y zoología, donde explicaron por qué consideran que la obra “generaría graves impactos ambientales y, por lo tanto, debería ser rechazada o relocalizada”. El trabajo fue enviado al nuevo ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
Para romper el hielo, Brazeiro comentó que uno de los puntos que los movilizó fue leer la ficha ambiental elaborada por el MTOP y que allí se dijera que la obra “no abarca zonas con prioridad para la conservación, ni ecosistemas vulnerables o amenazados”. “Si un área protegida no es un lugar prioritario para la conservación, no sé de qué estamos hablando. Por esto dimos nuestra visión; estamos viendo que el proyecto viene con mucho peso. A nivel de gobierno hay un decreto que habilita las expropiaciones, salió la licitación, dando por hecho que ya está aprobado. Lo cierto es que la iniciativa aún está siendo evaluada en el MA. El tema es si el MA va a tener una visión independiente, con toda esta presión”, afirmó.
Humedales del Santa Lucía.
Foto: Camilo dos Santos
Una de las consecuencias de la obra que alertan en el trabajo es la pérdida de hábitats naturales y seminaturales, como, por ejemplo, los humedales. Plantean que en el informe del MTOP “sólo se hace referencia a un impacto supuestamente bajo o nulo sobre la cobertura del bosque nativo, el cual representa sólo uno de los componentes del ecosistema local”. Y aquí radica uno de los principales puntos: “El área de interés en este caso se encuentra conformada por un mosaico de ambientes que interactúan entre sí a través de diversos procesos ecológicos. Por tanto, resulta relevante también el impacto sobre otros tipos fisonómicos presentes en el área afectada, tanto por las consecuencias directas sobre estos, como también por sus efectos indirectos sobre el bosque nativo”.
Asimismo, este último punto se vincula con la pérdida de conectividad entre diferentes áreas de hábitat, una de las principales amenazas para la biodiversidad. ¿Qué implica? Lo responden: “Tiene impactos en todos los niveles de organización biológica, desde los individuos hasta los ecosistemas. La nueva carretera representaría una barrera (total o parcial) para el movimiento de los individuos de distintas especies, disminuyendo o dificultando el acceso a los recursos y el intercambio genético”. El fenómeno es producido por un cambio general en las características del paisaje -como la falta de cobertura, luz, sonido, movimiento- que “disuade a muchos individuos de cruzar, como por la mortalidad generada de los individuos que sí se atreven”. “La fauna no reconoce fronteras”, sumó Brazeiro.
Sin ir más lejos, en otro informe elaborado por los guardaparques del área protegida, se presentan datos sobre la mortandad de fauna durante 2022, asociada a las calles por las cuales se plantea la ruta. 28 fueron los individuos afectados; entre ellos lechucitas de campo, gatos monteses, murciélagos y más. Se espera que la creación de la ruta pueda disparar los números, ya que se trata de una doble vía, por donde los vehículos circulan con mayor velocidad. Los guardaparques también consideran que “el promotor del proyecto está subestimando los impactos asociados a la obra” y enfatizan que “existen afectaciones sobre la población local y el área protegida como espacio natural que no son tenidas en cuenta”.
Volviendo al informe de los investigadores, indican que la alteración de las condiciones ecológicas, como puede ser la introducción de iluminación y antropización, produce efectos en “el patrón de actividades de algunos animales, ya sea estimulando o inhibiendo actividades”. “Son bien documentadas las alteraciones asociadas a los patrones circadianos que se sincronizan a través del fotoperíodo, afectando tasas vitales básicas, como la tasa de alimentación, crecimiento, natalidad, mortalidad y migración”, describen. Incluso, en el caso de los anfibios, la iluminación artificial “afecta el desarrollo y la metamorfosis (los enlentece y trae como consecuencia efectos en la condición corporal)”.
Estas son sólo algunas de las consecuencias de la obra que plantea el grupo de científicos. La facilitación de las invasiones biológicas, cambio en los usos y actividades tradicionales de la zona -como la agricultura y el turismo- y, particularmente, la afectación negativa en “una zona ecológica clave del cinturón verde del área metropolitana de Montevideo”, que ya ha sufrido afectaciones históricas y recientes, principalmente por cambios de uso del suelo, no podían dejar de nombrarse.
Humedales del Santa Lucía, en Santiago Vázquez.
Foto: Camilo dos Santos
Pero esta nota no podía terminar sin hablar de la importancia de los humedales en un contexto de crisis climática y ecológica. “Ahora hablamos todo el tiempo de cambio climático. Los humedales son fundamentales en este proceso; retienen el carbono del ambiente, son plafones cuando las lluvias son abundantes. Ellos contienen toda el agua cuando existe un gran temporal. Su capacidad de retención de carbono es imponente. Es una flora que está muriendo y regenerándose continuamente. Es fundamental mantenerlos. Me gustaría que alguien hiciera un análisis de la huella de carbono de hacer esta ruta. Realmente, ¿cuánto vamos a ahorrar en combustible y tiempo?, ¿cuánto sale hacer la ruta y cuánto sale que los vehículos continúen por el camino tradicional? Tal vez comparamos y no estamos ahorrando nada”, planteó Bentancour. La ingeniera agrónoma apuntó que tendremos que esperar años para “desquitar el valor ecológico” de haber tomado esta acción y, quizás, cuando se logre el balance, “la ruta ya haya perimido”.
Por su parte, Brazeiro recordó que el área protegida Humedales del Santa Lucía aún no cuenta con un plan de manejo -donde se establece, entre otros puntos, qué actividades están permitidas y prohibidas-. También utilizó un ejemplo para graficar lo que generaría la nueva ruta: “El proyecto no le pasa por la mitad al humedal, le pasa por el costado. Yo a alguien lo puedo matar si le pego un tiro en la cabeza, en el pecho; pero si le doy un tiro en el pie, no lo mato ahora, pero de a poquito sí. La carretera es algo así, es darle un golpe. Lo va a afectar y hay que frenarlo. Si los ecosistemas van reduciendo su superficie en el tiempo, sufriendo cada vez más amenazas, se lo lleva a la extinción y se transforma en algo distinto. Esta obra es ir presionando en ese sentido”. El 2 de febrero fue el Día de los Humedales. El MA hizo un llamado en sus redes sociales a “revitalizar y restaurar los humedales degradados”. Quizás sea el momento de aplicar el principio de precaución y evitar más daños.