La Red Unión de la Costa, compuesta por organizaciones territoriales que defienden causas socioambientales, envió esta semana una carta al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. En el documento, señalan que la zona costera de Uruguay “se enfrenta a una degradación ambiental permanente, ya que se ejercen sobre ella muchas presiones originadas por actividades humanas”.
Los defensores resaltan que entienden a la costa como “un sistema complejo y eso implica que cualquier acción que se realice en una parte puede repercutir en los demás componentes, debido a la interdependencia que los caracteriza”. En el texto, los firmantes enfatizan en la “necesidad de entender y respetar los procesos que sostienen la vida en los ecosistemas costeros para poder garantizar su integridad, considerando a las sociedades humanas como parte de esos ecosistemas”.
Le exigen al jerarca que las decisiones en materia ambiental “no pueden estar basadas meramente en criterios económicos que beneficien a unos pocos, dictando la manera de utilizar los bienes comunes de toda la sociedad”. “Vivimos en el lugar donde habitarán las futuras generaciones, sin el ambiente que nos contiene no podrán hacerlo. Además, los humanos comparten este espacio con otras especies que tienen el mismo derecho y necesidad de vivir en él”, manifiestan. De estos argumentos se desprende el leit motiv de la carta: “No podemos hacer uso de los recursos naturales como si fueran infinitos”.
Sin embargo, además de contar su forma de concebir la temática, también realizan una serie de denuncias. Un ejemplo es la “falta de participación ciudadana en la toma de decisiones de planificación y gestión de la zona costera”. Proponen generar un “Acuerdo Nacional de Participación Ciudadana Efectiva” y resaltan la necesidad de que el Ministerio de Ambiente implemente el Acuerdo de Escazú, donde, “hasta el momento, las figuras de participación previstas no aseguran efectividad”.
A su vez, expresan que, junto a la Mesa Nacional de Guardavidas, sectores de la academia y organismos internacionales de protección ambiental, proponen llevar a la práctica una “Mesa Nacional Ciudadana Ambiental” que tenga por objetivo la “evaluación socioecológica de los ecosistemas naturales” y “agrupe capacidades profesionales, técnicas y vecinos con experiencia en ecosistemas costeros y temáticas afines, generando un equipo transdisciplinario”.
Por otro lado, reclaman que “no hay suficientes controles ambientales en las zonas naturales públicas, ni seguimiento de intervenciones realizadas por privados ni entidades públicas”. Por si fuera poco, cuentan que “constantes denuncias no obtienen respuestas formales y se obtienen diversas respuestas para un mismo hecho del cual surgen interpretaciones diferentes, a fin de dar validez al accionar privado sobre el ambiente”.
En la misiva, indican que también existe “falta de claridad sobre los protocolos de accionar ante delito ambiental en la zona costera por parte del cuerpo policial y del cuerpo de prefectura de playas”. A su vez, resaltan la “alta insuficiencia de cuerpo inspectivo a cargo de responder a la fiscalización de todo el país”, cuando “no hay otra herramienta ni organismo que realice fiscalización de los ecosistemas naturales”.
“Incongruencias” públicas y privadas
La red detecta que existen diferentes “incumplimientos en las intervenciones privadas”, como cuando la “persona técnica especializada, a cargo de la dirección de obra de la intervención” está ausente “en el lugar y momento de accionar con operarios y maquinarias”. Recuerdan que esta situación “es razón suficiente para detener cualquier acción en espacios naturales públicos o donde no sea clara la vinculación de propiedad de las personas que están interviniendo en flora y suelos naturales a la deriva”. Demandan que la autorización de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental “debe ser un instrumento/insumo claro de corroborar y visible por el funcionario de la Prefectura Nacional Naval, que responde a la llamada de denuncia por parte de la ciudadanía”.
Sin embargo, también observaron “incongruencias de la gestión pública”. “Con el tratamiento de la flora exótica, por ejemplo. Por un lado, el Estado invierte dinero en controlarlas a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a su vez invierte dinero en plantarlas, como realiza la Intendencia de Maldonado, cuando debería realizar planes de creación de viveros de bosque psamófilo locales y comunitarios”, sintetizan.
Otro caso es la “violación de la ‘faja de defensa de costas’”. “Se establecen los 250 metros desde la línea superior de la ribera, pero en términos legales se termina contemplando el espacio destinado ‘rambla’ (aunque no respeta dicha distancia reglamentaria) porque los planos de ordenamiento territorial fueron realizados en otra época”, declaran.
Vinculado a este punto, expresan que “aún no se han elaborado instrumentos que atiendan a la Directriz Nacional del Espacio Costero del Río de la Plata y el Océano Atlántico (Ley 19.772) que propone los instrumentos que pueden aumentar la faja de defensa de costas en aquellos casos que los componentes vulnerables identificados excedan su extensión”.
Para el conjunto de organizaciones socioambientales, sería “deseable” que el Ministerio de Ambiente “inste y ayude a los gobiernos departamentales a identificar estos componentes vulnerables y a actualizar su normativa”.
Conciben que “las actuales Evaluaciones de Impacto Ambiental no integran muchos de los factores que ejercen presiones, necesarios para poder hacer una correcta evaluación del funcionamiento ecosistémico con visión a largo plazo, teniendo en cuenta los impactos acumulativos de incidencia y actualizaciones de datos científicos pertinentes”.
Finalmente, sostienen que existen “excepciones al sistema administrativo estatal en temas de legislación ambiental y delitos ambientales” y deberían “prohibirse” porque “atentan contra los objetivos para lo que fueron generadas”. Y, nuevamente, grafican con el ejemplo de Maldonado: “Frente a la falta de una ordenanza departamental, la administración se maneja a través de excepciones a la norma que no consideran la protección ambiental, cuando existe un gran acervo de ideas a nivel mundial para analizar y realizar metodologías de gestión y administración ambiental con ejes de conservación”.