Tambores es un pequeño pueblo del norte de Uruguay que conserva sus costumbres simples, añora su pasado próspero y que, luego de perder el ferrocarril, defiende el tesoro más valioso que le queda: el agua.
En la actualidad, sus cerca de 1.500 habitantes están expectantes ante los avances de un proyecto de hidrógeno verde, por algunos llamado el combustible del futuro, generado a partir de energía renovable. La planta busca producir 70.000 toneladas de otro combustible, metanol, potencialmente triplicando el consumo actual de agua en el pueblo, lo que generaría cambios sociales en el área.
El hidrógeno verde ha desembarcado con fuerza en Uruguay, al punto de que el actual gobierno piensa recaudar, para 2040, 2% de su producto interno bruto (PIB) con este recurso. El proyecto en Tambores fue el puntapié inicial de la hoja de ruta del hidrógeno que, en palabras de la coordinadora del programa de hidrógeno verde del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), María José González, puede generar tantos ingresos como el mercado de la carne.
“Lo que se apunta es a 2040 tener una producción de hidrógeno que sería cercana al millón de toneladas por año y a un aumento de la generación de la energía renovable para esa producción de hidrógeno”, explica González, y añade que, en esta primera fase, hasta 2030, se hará hincapié en las pruebas piloto y producción de derivados como el metanol y otros combustibles de síntesis para el transporte pesado doméstico y hasta fertilizantes.
Entre esas y otras inversiones, Uruguay prevé facturar 2.100 millones de dólares anuales en 2040. Además, la nueva industria podría generar más de 35.000 empleos cualificados directos, según el gobierno.
Pero en medio de este entusiasmo, también hay preocupación por las posibles repercusiones de esta industria naciente en parte de la población, incluidos muchos habitantes de Tambores. “Uruguay tiene una normativa ambiental bastante sólida. Además de los permisos de agua y permisos ambientales, vamos a ir generando nuevas regulaciones”, declara González, quien reconoce que “es totalmente genuina la preocupación de los vecinos”.
El proyecto
Fue en el pueblo de Tambores, entre los departamentos de Paysandú y Tacuarembó, donde se situó la primera promesa de traer empleo y transformación sin uso de combustibles fósiles ni generación de emisiones o efluentes. Pero usando agua del acuífero.
La obtención de hidrógeno por electrólisis es un proceso en el cual se descompone el agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) utilizando la electricidad como fuente de energía. En este caso, de matrices solar y eólica. El hidrógeno obtenido se combina con dióxido de carbono para obtener metanol, que puede utilizarse como combustible o como materia prima en la industria química.
A diferencia de lo que ocurre en Montevideo, actualmente en una crisis de agua histórica, en Tambores el agua sigue fluyendo con normalidad. Alcanza para tomar mate, cocinar, bañarse, regar las plantas y darles de beber a las mascotas. El agua de Tambores es rica y cristalina, un recurso que sus habitantes quieren preservar.
El proyecto Tambor será llevado a cabo por Belasay SA, un consorcio creado por la alemana Enertrag y la uruguaya SEG Ingeniería. Según el informe preliminar de la empresa en 2021, se aprovechará “la capacidad de irradiación solar y los recursos eólicos” de la región. El informe sostiene que la zona de Tambor “cuenta con abundantes recursos hídricos, particularmente aguas subterráneas del acuífero Guaraní, capaces de abastecer a la planta de hidrógeno sin afectar otros usos del recurso”.
Ya se perforaron tres pozos, con un permiso otorgado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) en noviembre de 2022, para medir la presión del agua en el predio de 100 hectáreas, que será arrendado por los próximos 30 años. El estudio hidrogeológico y geofísico encargado a SEG Ingeniería, visto por Diálogo Chino, señala que “es posible alcanzar los caudales necesarios para llevar a cabo el proyecto”.
Este, según la empresa, podría requerir seis de esas perforaciones y consumiría lo mismo que centros poblados de Uruguay con un rango de población estimados entre 2.250 y 8.400 habitantes.
Ese noviembre, miembros de la Junta Departamental de Tacuarembó votaron a favor de la recategorización del suelo, el cual pasó de ser “rural productivo” a “suburbano industrial”. Con esto, el campo ya no es exclusivo para la producción agrícola o forestal y queda habilitado para actividades industriales, aunque el resto de las haciendas allí ubicadas son exclusivamente rurales.
El proyecto Tambor incluye la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, así como un electrolizador, para producir 15.000 toneladas de hidrógeno o 70.000 toneladas de metanol al año, de acuerdo al informe preliminar. Estos productos serán, en gran medida, exportados.
Para ello, se necesitarían entre 500 y 700 metros cúbicos de agua al día que se obtendrían de fuentes subterráneas. En particular, los acuíferos naturales Arapey y Guaraní, uno de los más grandes conocidos en el planeta, que es compartido por Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina.
“Los acuíferos son unidades de roca que contienen agua y están interconectados a través de fracturas. Las fracturas hacen que adentro se junte el agua que cae de la lluvia, por donde los acuíferos se recargan, siguiendo lo que nosotros llamamos el ciclo del agua”, explica la bióloga especializada en geociencias, Graciela Piñeiro, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. “Extraer agua de un acuífero puede afectar la cantidad de agua disponible en otros acuíferos conectados”, agrega.
La especialista, que planteó estos posibles problemas a las autoridades, asegura que el proyecto de generación de combustible a partir de agua subterránea no tiene antecedentes en el mundo y puede comprometer la disponibilidad y el relleno del sistema hídrico.
Piñeiro también advierte que “la extracción de agua de los acuíferos puede provocar desplazamientos de tierra debido a la inestabilidad del sistema” y que, al romperse la molécula de agua para obtener el hidrógeno, se interrumpe aquel ciclo del agua al que se refería.
Según González, la coordinadora de hidrógeno verde del MIEM, “esta afirmación no es correcta”. Si bien es cierto que la molécula de agua se rompe, después de esto, añade, “tanto si se utiliza en un coche eléctrico como si se usa como combustible, el agua se genera de nuevo y vuelve a la atmósfera”, refiriéndose al vapor de agua que es un subproducto del uso del hidrógeno en las celdas de combustible.
Lo que González no dice es que tomar una molécula de agua de un acuífero para producir hidrógeno que será usado como combustible en otro continente, donde como emisión se liberará vapor de agua, difícilmente ayude a recargar el acuífero sudamericano del que se extrajo el agua. Si bien el ciclo a nivel global parecería no romperse, a escala local es evidente que sí: el agua extraída del acuífero para producir hidrógeno verde no vuelve a ese sistema.
Dudas y rechazo
El sur uruguayo, que concentra al 60% de la población, atraviesa desde mayo una de las peores crisis hídricas de su historia, como deja en evidencia el casi desecado embalse de Paso Severino, en el departamento de Florida, embalse que es la principal fuente de agua para potabilizar y abastecer a los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
Para aliviar un poco la situación, la empresa estatal proveedora de agua, OSE, decidió mezclar agua dulce con salada, elevando más del doble la presencia de sodio por litro de agua recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Desde la distancia, los habitantes de Tambores se preguntan por la calidad futura de su suministro de agua en caso de que entre en funcionamiento la planta de hidrógeno verde. “No estamos totalmente informados ni de qué se va a tratar ni cómo va a ser el proceso. Por lo poco que sabemos, estarían tocando el acuífero Guaraní. Nos plantean que va a crecer la zona y que va a generar empleo en la construcción del proyecto ¿Pero qué va a pasar después?”, se pregunta Graciela Colman, comerciante en Piedra Sola.
Los vecinos de Tambores, Piedra Sola y Valle Edén conocieron el proyecto casi de casualidad por un pequeño aviso publicado en un diario local, que convocaba a una junta vecinal en el que la empresa Belasay explicaría los alcances del proyecto Tambor. “La gente de Tambores no sabía nada. Es decir, ellos jugaron a que fuera la menor cantidad de gente posible. Nosotros lo que hicimos fue empezar a correr la bola inmediatamente, y en un pueblo de 1.500 personas juntamos casi 400”, cuenta Miguel Ángel Olivera Prieto, periodista, docente y artista que vive en el pueblo hace tres años.
En aquella reunión de mayo de 2022, la empresa propuso a los vecinos convertir el lugar “en ícono nacional y regional de producción de energías limpias”, prometió que emplearían en forma directa a 1.900 personas durante la obra, que otras 2.000 se verían beneficiadas en forma indirecta y que, una vez operativa, la producción ocuparía a más de 500 personas.
Aquella noche se escucharon muchas voces en contra, incluso gritos de que “el agua no se toca”. En febrero de este año, algunos vecinos presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema contra el decreto departamental que permite la instalación de la planta.
En el último año, la empresa contrató personal para relevar opiniones en el pueblo, contactaron emprendedoras locales para futuros proyectos de responsabilidad empresarial, y los propios estancieros, potenciales arrendadores de campos, hicieron su propia promoción del proyecto en almacenes y charlas.
“El proyecto actualmente se encuentra en la etapa de prefactibilidad, lo que significa que se están realizando estudios preliminares para evaluar su viabilidad técnica, económica y ambiental. Como parte de este proceso, se están haciendo algunos estudios y relevamientos que formarán parte del estudio de impacto ambiental”, declararon a Diálogo Chino fuentes de la empresa Enertrag.
Desinformación
El liceo de Tambores ha estado discutiendo el proyecto de la planta de hidrógeno verde desde el año pasado en sus asignaturas, con el objetivo de informar y construir una opinión propia de los estudiantes como ciudadanos.
Confeccionaron maquetas de cómo creen que lucirá la planta y realizaron encuestas en diferentes asignaturas con enfoques variados en cuanto a la parte técnica, económica, social y ambiental.
La desinformación es el resultado más repetido entre las respuestas de unos 80 adultos, familiares o vecinos de los estudiantes, de acuerdo a Pablo Posada, director del liceo.
La cuestión ambiental también aparece como una preocupación, aunque ya no entre los adultos, sino entre los propios estudiantes. Algunos expresan temor a que termine de quebrarse todo el acuífero o directamente que se consuma, que se seque el Pozo Hondo, una fosa terrestre que se convierte en lago gracias a un pequeño salto de agua y que los lugareños usan para bañarse en verano.
“Es un proyecto extractivo, un enclave que no va a derramar en el territorio y que no les va a dejar nada ni a Tambores ni a Uruguay”, opina Ana María Barbosa, quien desde niña vive en Tambores, de donde es su familia. “Nadie habla de los impactos sociales que puede tener”, agrega la mujer de 61 años.
Óscar Núñez, un gaucho de raíces indígenas que trabaja para la Intendencia de Paysandú, también entiende que el beneficio de la nueva planta no sería para él ni para sus vecinos. “Somos un pueblo rural. No tenemos ingenieros, biólogos, físicos ni químicos para ese tipo de producción. Y quizás cueste mucho tiempo para que aquí en el pueblo se puedan producir profesionales idóneos en la materia. Entonces no va a haber trabajo de eso”, sostiene.
Para Núñez, el agua no abunda como antes y el proyecto Tambor podría traer mayores problemas. “Será una explotación bastante importante del agua del subsuelo. Esa agua la vamos a perder”, agrega.
La demanda presentada ante la Corte Suprema alega que el proyecto “vulnera lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución”, entre otras cuestiones. Este artículo vincula el elemento agua con el derecho a la vida, insta a “la solidaridad con las generaciones futuras”, consagra “el principio de anteponer las razones de orden social a las de orden económico” y decreta que “las aguas superficiales y subterráneas pertenecen al dominio público estatal y están subordinadas al interés general”.
El abogado de los habitantes, Grey Espinosa, espera noticias de la Corte Suprema para finales de este año. Cree que el hecho de que la corte no haya desestimado asumir el caso –algo que podría haber sucedido– es una buena señal. La empresa Belasay, dice el abogado, “ya ha respondido al tribunal” afirmando que “consideran que no hay afección al recurso hídrico, que es el motivo de la demanda”.
Mientras el sur de Uruguay sufre la falta de agua, el norte teme por los potenciales alcances de su abundancia y aguarda por más información sobre su futuro.
Artículo publicado por Diálogo Chino en alianza con la diaria.