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Playa Arazatí (archivo, agosto de 2022).

Foto: Mara Quintero

Junta Departamental de San José impulsa medida cautelar para frenar los impactos del proyecto Neptuno

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Ediles del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio votaron de forma conjunta la iniciativa y coinciden en la importancia de que el gobierno nacional escuche a quienes viven en el territorio que se verá afectado por la obra.

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En la noche del lunes, la Junta Departamental de San José trató una moción que busca frenar los impactos socioambientales y productivos que podría causar el proyecto Neptuno-Arazatí en el territorio.

Con votos del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Frente Amplio (FA), el organismo aprobó tomar la “iniciativa” para dictar una “medida cautelar sobre los padrones en los que se tiene proyectada la construcción y localización del pólder y planta/zona de tratamiento de lodos”, según consta en el texto, al que accedió la diaria. La medida, que busca preservar los predios tal cual están hasta que se realicen más estudios, fue apoyada por 19 ediles en 27.

Gonzalo Simone, edil del PN, señaló durante la sesión que la iniciativa propuesta por los tres partidos políticos a nivel departamental está amparada por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Dijo que la normativa establece que los gobiernos departamentales podrán categorizar áreas del territorio de forma “cautelar” hasta que se elaboren instrumentos de planificación definitivos.

“La descentralización no es nombrar a alcaldes y concejales. La descentralización es dar poder a lo local en estos temas [...] La medida cautelar es decirle al gobierno central que nosotros como gobierno departamental y como representantes de los vecinos tenemos dudas y queremos información y mayor estudio”, apuntó. Sumó que es necesario tener “seguridad jurídica, técnica y ambiental” para avanzar con el proyecto y no hacer “cosas a las apuradas”.

Su correligionario Mario Guerra recordó que hace una semana se presentó en la Comisión de Ordenamiento Territorial un grupo de productores agropecuarios que se mostró preocupado por las afectaciones que les podría generar el proyecto Neptuno. “Los productores, desde que se levantan hasta que se acuestan, están invirtiendo, dando fuentes de trabajo [...]. Ese pobre productor tiene que cerrar la puerta de su establecimiento porque va a quedar todo bajo agua. Es una propiedad que viene de su abuelo y es algo que lo llevan en su corazón, en su alma. Yo creo que esta va a ser una de las injusticias más grandes que va a hacer mi presidente de la República. ¿Por qué digo mi presidente? Porque yo trabajé incansablemente para que lo fuera y es él quien tiene que parar esto”, declaró. Aclaró que no está en contra del proyecto Neptuno, pero pide que “retiren ese berretín de hacer el pólder” porque “no es necesario, no es obligatorio y no lo precisa”.

El pólder es una reserva de agua dulce que tiene como objetivo asegurar el suministro de agua potable en momentos en que el estuario Río de la Plata tenga episodios de salinidad. Varios científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República han alertado que el lugar es propicio a que se generen cianobacterias y, a su vez, han alertado que es esperable el registro de eventos de salinidad extendidos por encima del umbral de potabilidad en Arazatí a futuro. Sin ir más lejos, uno de los grandes cuestionamientos que realizó la comunidad académica al proyecto está vinculado a la ubicación de la planta.

Por otra parte, el edil del FA Hebert Figuerola enfatizó durante la sesión que es necesario “crear un instrumento de ordenamiento territorial en la zona”. “Esta iniciativa no puede quedar solamente en una exhortación de este cuerpo al Ejecutivo departamental. Desde las autoridades debe ser expresa la voluntad política de llevar adelante la resolución y dar una clara respuesta a las y los vecinos y a los productores afectados”, acotó. En este sentido, planteó que el agua es “un bien común y no una mercancía” y puso sobre la mesa la prioridad de concretar el proyecto Casupá para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población.

“En San José tenemos que ponernos los pantalones y decir desde el punto de vista político ‘espere un poquito’”, expresó Alfredo Lago, edil del Partido Colorado, quien también apoyó la medida. Durante su discurso hizo mención a que “los gobiernos departamentales podemos recurrir inclusive a la Suprema Corte de Justicia por alguna violación de la autonomía, de la descentralización”. “La necesidad de tener agua es imperiosa, por supuesto, pero también nobleza obliga a reconocer que, cuando suceden cosas apuradas por las circunstancias urgentes, a veces no salen del todo bien”, indicó. Finalmente, resaltó que “la medida cautelar es para cuidar, no para prohibir”.

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