Este jueves a las 18.00 tendrá lugar la audiencia pública del proyecto Neptuno-Arazatí en el salón Club Social y Deportivo San Rafael, ubicado en la localidad de Rafael Perazza, en el departamento de San José. En este marco, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República emitió una declaración en la que manifiesta su “profunda preocupación por la dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnico-científicos de la propuesta”.
“Llama la atención que la convocatoria se realiza mientras está activa la puesta de manifiesto del informe ambiental resumen (vigente hasta el 26 de setiembre de 2024). La puesta de manifiesto del informe ambiental resumen genera mucha preocupación, ya que la ciudadanía y muchos miembros de la academia especializados en la temática sobre la base de sus investigaciones realizaron cientos de preguntas y observaciones por los canales establecidos”, describen. Enseguida, se añade que no se les brindó respuesta a dichas observaciones.
En la misma línea, los científicos del IECA dicen que “los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente desvirtúan completamente el sentido de la audiencia pública, donde tanto el proponente como el Estado deben analizar el conjunto de preguntas planteadas por la población en la etapa de manifiesto y otorgar las respuestas para cada una de las observaciones y preguntas realizadas, proceso que enriquece los resultados de la audiencia pública”.
Citan como ejemplo de este último accionar la posición que tomó la cartera ambiental en el caso de los 29 edificios que se pretendía instalar en Punta Ballena. “Pero el ministerio, en sentido contrario, decidió obstaculizar el normal desempeño del proceso de participación de la ciudadanía en la evaluación de un proyecto que genera muchas críticas e incertidumbres en torno a su viabilidad. Ya en la década del 1970, para una propuesta similar emplazada en esa zona, los propios técnicos de OSE se habían manifestado contrarios, en épocas en que incluso el deterioro de la fuente de agua bruta no se había manifestado con tanta intensidad”, apuntan.
Enfatizan que, con los plazos establecidos, es “imposible discutir con un mínimo de rigor académico los impactos ambientales de la propuesta”, afirman que “el análisis de la calidad del agua que se pretende potabilizar es insuficiente” y mencionan que “el proceso de potabilización no está debidamente fundamentado en función del desconocimiento de la calidad del agua del Río de la Plata”.
Asimismo, dice la misiva que “la construcción de una reserva de agua bruta y su impacto sobre el acuífero Raigón no está correctamente estudiado”. Situación similar declaran los científicos en relación con “el manejo de la calidad de agua en la reserva de agua bruta, el funcionamiento del monorrelleno para los lodos derivados de la potabilización –que además se plantea que no tendrán tratamiento–, el trazado de la aductora hasta el recalque de Melilla con el cruce de varios cursos de agua incluyendo el río Santa Lucía en un área protegida”.
Además, los investigadores y las investigadoras destacan que “durante todo el estudio de impacto ambiental no se hizo un diagnóstico del sistema ambiental receptor del proyecto que, cuando se presenta, se reduce a un conjunto de descripciones inconexas de algunos componentes del sistema”. “Finalmente, los proponentes, OSE o el Ministerio de Ambiente nunca presentaron claramente cuáles son los argumentos para definir esta alternativa y su ubicación, sobre cuyo acelerado deterioro se carece de soberanía por pertenecer a una cuenca compartida con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia”, se señala en la carta.