En diciembre de 2024, un grupo de vecinos y vecinas de Aguas Dulces denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) que su derecho a vivir en un ambiente sano y al uso del espacio público se estaba viendo afectado. En concreto, según una resolución de la INDDHH de la semana pasada, contaron que “las personas no tienen acceso a gran parte de la playa debido a la proliferación de construcciones irregulares de casas particulares en el espacio público, a las que sus ocupantes les agregan grandes piedras en los alrededores como barrera de contención del agua oceánica, ampliando el área ocupada de la playa”. A su vez, manifestaron que “continuamente estaban ingresando camiones a la playa, descargando piedras a tales efectos, lo que limita la disponibilidad de playa para el uso público”. Insistieron en que, “desde el aspecto ambiental, estas barreras de piedra provocan aumento de la erosión y modificación de la dinámica y morfología de la costa”.
En enero de 2025, Omar Defeo, investigador del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Universidad de la República, contaba que el “corazón” –en referencia al sistema de dunas– de la playa de Aguas Dulces estaba complicado de salud. Una de sus consecuencias más visibles en el balneario rochense es el endurecimiento y angostamiento costero. Esta situación, que tiene una larga historia, generó un conflicto socioambiental que divide a la comunidad. Sin embargo, Aguas Dulces no es el único pueblo costero que está padeciendo esta problemática. Más de un cuarto de las playas del mundo está bajo seria amenaza y las causas son la invasión del desarrollo recreativo, urbano e industrial, desde la tierra, y el aumento del nivel del mar, desde el lado del océano. En este contexto es que la INDDHH decidió abordar la problemática y emitió una resolución.
Detalles de la denuncia
Según consta en el texto de la INDDHH, las y los denunciantes señalaron que la “situación empeora año a año y, para acceder a la playa, las personas deben trepar sobre estas barreras de piedra, que tienen movimiento y derrumbes, por lo que existe exposición a riesgos a la seguridad e integridad física de las personas”. “Informaron que existen 420 casas construidas ilegalmente sobre la playa de Aguas Dulces, de las cuales solamente 20 son usadas como residencia permanente. Consideran que existe apropiación del espacio público con fines de enriquecimiento privado, ya que la mayoría de esas casas son utilizadas para el alquiler temporario informal”, señala la resolución. A su vez, agrega que las personas denunciantes transmitieron que “ninguna de estas casas tiene títulos de propiedad, y que hay personas que ocupan, para alquilar, áreas de playa de hasta 20 casas”. Por otro lado, indicaron que “las piedras utilizadas son extraídas de los cerros de Rocha, sin autorización de los organismos competentes”, y que los camiones “circulan sin matrícula y se retiran de la playa llevándose arena de forma ilegal”.
A su vez, en la denuncia destacaron que las casas “generan residuos sólidos y líquidos que descargan en la playa, provocando un problema de salud pública”. En paralelo, las personas denunciantes presentaron una petición ante la Intendencia de Rocha y denuncias ante el Municipio de Castillos. “En ocasión de la petición presentada, mantuvieron una reunión con autoridades departamentales y locales el 10 de mayo de 2024, en la que la intendencia se comprometió a no permitir nuevas edificaciones ni colocación de piedras, pero no lo habría implementado. Según las personas denunciantes, se seguían construyendo nuevas casas sobre la arena de la playa y colocando barreras de piedras, sin las autorizaciones ambientales correspondientes”, apunta el texto de la INDDHH. También comentaron que la comuna departamental conformó una Comisión de la Costa de Aguas Dulces, integrada por “autoridades y vecinos, pero en esta se prohíbe la participación abierta y solamente se admite la participación de los ocupantes de las casas construidas sobre la playa”.
La información que proporcionaron Ambiente y Defensa, pero sin respuesta de la Intendencia de Rocha
La INDDHH le solicitó a la Intendencia de Rocha que declare: las acciones que desplegó para “la conservación de la playa de Aguas Dulces, incluyendo estudios realizados”; las “autorizaciones otorgadas a obras y servicios sobre la playa y a las barreras de piedras”; las copias de varios expedientes; los “datos obtenidos del censo de las casas sobre la playa de Aguas Dulces”; actas de las reuniones de la Comisión de la Costa de Aguas Dulces; el “estado de situación de acciones judiciales”; y “toda información que considere relevante”. El organismo que vela por los derechos humanos deja constancia de que la comuna departamental “no dio respuesta a las solicitudes de información”. “Ante la falta de respuesta de la Intendencia de Rocha, la INDDHH no conoce, entre otros aspectos, los datos obtenidos del presunto censo a la población de la costa de Aguas Dulces”, asevera.
Foto: Vecinos en Defensa de la Costa de Aguas Dulces
Por otro lado, la INDDHH le pidió al Ministerio de Ambiente datos sobre las denuncias recibidas, se le consultó si ha otorgado alguna autorización para obras o servicios en la playa durante el período 2023-2024 y “si existe alguna autorización vigente otorgada anteriormente”. También preguntó si la cartera ha otorgado autorizaciones para “la extracción minera de piedras en Rocha” y “si ha recibido denuncias sobre extracción irregular de piedras” en el departamento. En setiembre de 2025, el Ministerio de Ambiente respondió los detalles de los expedientes y remitió un “amplio informe técnico” realizado por la División de Gestión Costera y Marina de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”. El informe, divulgado por la diaria en 2025, propone pensar un “plan integral” para el balneario, advierte que “la playa ha desaparecido casi por completo” y que Aguas Dulces sufre una “tendencia sostenida de retroceso costero” con “tasas medias superiores a un metro por año de pérdida de playa”, valor que es “considerablemente alto”.
La cartera ambiental señaló que “no existen registros de autorizaciones ambientales previas otorgadas para las distintas modificaciones antrópicas realizadas en la faja de defensa costera”, por lo que se trata de una “irregularidad”. La INDDHH resalta que “no consta que el Ministerio de Ambiente haya establecido, o se encuentren en curso, procedimientos administrativos de sanción por las infracciones relevadas, ni de restauración del espacio costero en la zona”.
Finalmente, la INDDHH le exigió al Ministerio de Defensa Nacional que brinde información sobre las denuncias referidas a “la circulación de camiones y descarga de piedras en la playa de Aguas Dulces, así como sobre la extracción ilegal de arena de la playa”. En abril de 2024, la cartera respondió que “recibieron dos denuncias sobre los eventos mencionados, correspondientes al 8 de marzo de 2024 y el 31 de octubre de 2024”. “Informó que en el primer caso la denuncia indicó que un vehículo de la Intendencia de Rocha se encontraba descargando piedras en la zona de la playa llamada La Terraza. Agregó que se concurrió al lugar y no se encontró personas ni vehículos en la zona. Por su parte, en la segunda denuncia, indicó que debido a la demora en la recepción de la denuncia no se desplegó personal en el lugar”, destaca la resolución de la INDDHH.
El organismo considera que el Ministerio de Defensa Nacional “no desarrolló acciones efectivas para investigar las situaciones denunciadas”. “Resulta evidente la existencia de gran cantidad de piedras en la playa que han sido colocadas por acción humana de forma irregular, transportadas desde otro lugar y mediante la circulación de camiones en la playa, por lo que resulta insuficiente la afirmación del Ministerio de Defensa Nacional respecto a que Prefectura nunca haya observado personas ni vehículos colocando las piedras”, añade.
Pensar un plan
En la resolución consta que en diciembre de 2024 la INDDHH realizó una inspección presencial en Aguas Dulces junto con docentes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en el marco de un convenio vigente entre ambas instituciones. Tras tener entrevistas y recorrer el territorio, se “verificó la situación denunciada”. Se observó que, “al menos a lo largo de cinco kilómetros, la playa se encuentra repleta de edificaciones privadas construidas irregularmente sobre el espacio público y rodeadas por extrema cantidad de grandes piedras ajenas al lugar, usadas como barrera contra el oleaje, limitando el libre acceso a la playa y [la] circulación”.
Foto: Vecinos en Defensa de la Costa de Aguas Dulces
El organismo describe que “las edificaciones sobre la playa consisten mayormente en viviendas de diversos tamaños, calidades y materiales constructivos”, además, destaca la presencia de “importantes superficies de la playa ocupadas con caminería informal, patios pavimentados, parrilleros, barbacoas, galerías y jardines de vegetación exótica”. “La gran mayoría de las viviendas observadas lucían deshabitadas y muchas de ellas tenían carteles ofreciéndolas en alquiler y/o venta, dando cuenta de que se trata predominantemente de viviendas infrautilizadas, para temporada de verano y/o con fines de lucro y especulación”, apunta. Sin embargo, expresa que sobre la playa también “se observó la presencia de habitantes y/o indicios de ocupación permanente” que “aparentaban encontrarse en situación de precariedad habitacional en cuanto a materiales constructivos y vulnerabilidad frente al avance del oleaje”.
“Se verificó que existen situaciones distintas respecto a los usos de las edificaciones de la playa de Aguas Dulces, por lo que la INDDHH considera que se debe diferenciar aquellas que se destinan a vivienda permanente y única del núcleo familiar (cuya situación habitacional debe ser especialmente protegida desde la perspectiva de derecho a la vivienda), de las que se encuentran en otras situaciones (vacías, y/o con fines de lucro o de especulación inmobiliaria irregular) que no resultan amparadas en el derecho a la vivienda”, dice la resolución.
La INDDHH afirma que existe “consenso técnico” en que las “estructuras duras implantadas en la playa de Aguas Dulces, colocadas para enfrentar el oleaje, resultan ineficaces para proteger las viviendas, restringen el disfrute del espacio público costero, generan riesgos a la salud y seguridad de la población que concurre a la playa, incrementan los daños a las construcciones, alteran la morfodinámica de la playa, agravan la erosión y degradan el ecosistema costero”. “La situación denunciada evidencia una problemática estructural que trasciende hechos puntuales y configura un proceso continuo de degradación ambiental del espacio costero en Aguas Dulces, que afecta distintos derechos individuales y colectivos”, esgrime.
En este contexto, recomienda a la Intendencia de Rocha, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Ambiente que “fortalezcan la urgente y efectiva fiscalización, sanción y reparación” y que les informen las acciones realizadas, con un plazo de 30 días. También aconseja “el retiro de las piedras exógenas y escombros, la inspección permanente para evitar y sancionar la continuidad en la colocación de piedras y extracción de arena, y la educación a la población sobre los riesgos que generan las barreras de piedras”. Finalmente, llama a los tomadores de decisiones a la creación de un “grupo de trabajo interinstitucional para la elaboración e implementación de un Plan de Manejo Costero Integrado en Aguas Dulces”. En este espacio se deberá garantizar la participación local y deberá “establecer acciones de corto, mediano y largo plazo para la protección del espacio costero, considerando los aspectos socioambientales, incluyendo el retroceso progresivo de la urbanización en la faja de defensa de costa y la reparación progresiva de los derechos vulnerados”.
