¿Qué balance hace de su primer año de gestión?
El balance que hago es positivo. Cumplimos con los lineamientos principales que nos planteamos para el primer año. Jerarquizamos la agenda ambiental y climática en la agenda de gobierno y de la sociedad. Logramos instalar el mes del ambiente en junio para la realización de actividades, promoción de la conciencia ambiental, y, por primera vez, desarrollar una campaña de comunicación masiva sobre estos temas, promoviendo la conciencia ambiental en la población. Una campaña que volvemos a reiterar este año, ya con la información sobre los logros y objetivos concretos que cumplimos. Logramos, en materia de gestión ambiental, fortalecer las capacidades dentro del ministerio y posicionar un avance significativo en la normativa ambiental. Quienes hemos tenido contacto con los temas ambientales sabemos de la demanda histórica, tanto de la academia, de los científicos, como de las organizaciones sociales, en relación con la necesidad de actualizar el Decreto 253 de calidad de agua y prevención de la contaminación. Hoy tenemos un nuevo decreto de calidad de agua y prevención de la contaminación.
También largamente esperado, hoy tenemos un decreto de protección de más de 800.000 hectáreas de humedales. Mirando desde el presente hacia el futuro, incorporamos un decreto de baterías para complementar y acompañar el desarrollo de la segunda transición energética, que supone el impulso de la movilidad eléctrica. Todos nos planteamos qué vamos a hacer con las baterías. Estamos promoviendo el segundo uso, la reutilización, la investigación en los ámbitos académicos de estos temas.
Sabemos que vivimos tiempos de cambio climático y que lo sufrimos con ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones o lluvias copiosas en plazos breves. Tenemos ahora una normativa que se aprobó también en este primer año sobre drenaje pluvial. Aunque no se le da la relevancia que tiene, también avanzamos con una regulación de la pérdida y desperdicios de alimento. Promueve la donación, impidiendo el enterramiento de frutas y verduras. Hemos avanzado en el impulso de un nuevo modelo de gestión de residuos. Por un lado, en la concreción de hitos bien específicos del Plan Vale, en lo que tiene que ver con la gestión de envases, donde ya tenemos compromisos concretos de inicio de las inversiones este año. Hay una concreción de acuerdos y compromisos en 17 de las 19 intendencias departamentales del país para incorporar el plan. Las dos que restan, que son Paysandú y Tacuarembó, están trabajando para incorporarse. Además de avanzar en un área clave, como son los envases, logramos avances normativos y en la práctica en otras dos áreas fundamentales: los residuos de las obras de construcción y la implementación de la normativa, que es de fines del período pasado y que había que ajustar e instrumentar, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es un avance importantísimo en un nuevo modelo de gestión de residuos.
En 2025 se concretó un avance significativo en el régimen de multas [...]. No es la apuesta principal del ministerio avanzar en las multas, la apuesta es a la prevención, al trabajo coordinado con los distintos actores, pero también tiene que tener una contrapartida cuando no hay cumplimiento. En definitiva, el ministerio avanzó en lo que tiene que ver con la evaluación y promoción de la calidad ambiental. Avanzó en biodiversidad y protección de los ecosistemas, porque ampliamos áreas naturales con medidas de protección, tanto Islas del Queguay como Esteros de Farrapos, y esperamos continuar en esa línea.
Otro tema del que se habla menos es el impulso de criterios de sostenibilidad para el riego que el presidente y el gobierno están comprometidos a realizar. En el primer semestre de gestión presentamos un documento de propuesta de riego sostenible. Fue un insumo para la construcción en colectivo de esta política que lidera Presidencia de la República y ahora, desde lo técnico, coordina Tabaré Aguerre, el exministro de Ganadería. Con esta presencia del Ministerio de Ambiente, que además se fortaleció con la contratación de especialistas para trabajar este tema desde Dinagua [Dirección Nacional de Aguas], permitió que en este año podamos contar y comunicar que estamos prontos a sacar la guía de caudales ambientales y jerarquizar la importancia del cuidado y la atención de este aspecto fundamental para los proyectos de riego.
¿Los proyectos deberán tener evaluaciones de impacto ambiental?
Por supuesto, con las evaluaciones internas del Ministerio de Ambiente que correspondan de acuerdo con la entidad de los proyectos. Hemos tenido presencia activa en los proyectos más importantes y significativos de inversiones. Me refiero al desarrollo del hidrógeno verde, con una actitud proactiva, con modificaciones concretas al proyecto y ahora con el impulso de la nueva localización. Una actitud proactiva, garantista de controles e inspecciones en lo que es la prospección sísmica y avances en la representación de Uruguay en la COP30. También la concreción, finalmente, de un préstamo muy significativo para adaptación costera frente al cambio climático. En todas las áreas hemos tenido avances y el Ministerio de Ambiente, siendo el más nuevo y con menor presupuesto y estructura, ha tenido protagonismo en temas fundamentales para el país.
Hace unos días anunció que se va a abrir la licitación para la construcción de la represa en Casupá y definió como “absolutamente compatible” avanzar con este proceso mientras se está haciendo la evaluación ambiental. ¿Cómo está siendo el proceso de evaluación ambiental? ¿Está definida el área protegida que va a estar anexada al proyecto? Hasta el momento no hemos conocido ningún documento sobre este tema.
Estamos cumpliendo con lo que anunciamos. Establecimos a nivel interno un equipo ad hoc de estudio de la implementación del proyecto con los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, conjuntamente con los de la Dirección Nacional de Aguas y con los de la Dirección Nacional de Biodiversidad, especialista en la delimitación y el establecimiento del área protegida que anunciamos.
Se está trabajando con mucho rigor técnico en la actualización de los estudios que ya existían en poder del Ministerio de Ambiente. Importa recordar que el proyecto Casupá llegó a tener un Informe Ambiental Resumen, tuvo un Estudio de Impacto Ambiental presentado. La decisión de política pública que tomé e impulsamos como equipo fue actualizar estos estudios, por el tiempo transcurrido y, en particular, por algunos eventos significativos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la ocurrencia de la sequía de 2023 y algunos otros aspectos que se han incorporado en el debate público. Hoy está avanzada la evaluación interna en relación con la modelación de aspectos vinculados a la calidad, a la llegada de nutrientes al cuerpo de agua. Están informando lo que será la construcción de las medidas de compensación que surgirán en caso de otorgarse la autorización ambiental previa para el proyecto.
Además, y para mí es lo más importante, complementamos este trabajo interno con la solicitud a OSE de actualizar su propia evaluación ambiental del proyecto, para lo cual ha contratado una consultoría que está trabajando. El ministerio, por su cuenta y con recursos propios, ha contratado el asesoramiento técnico de la Facultad de Ingeniería de la Udelar [Universidad de la República] y de la Facultad de Ciencias. Además, una consultoría de un experto español y otra de un equipo de expertos, empresas, en contextos de sismicidad de Argentina. Esto nos permitirá tener todos los elementos técnicos, objetivos, para evaluar la propuesta y establecer las actuaciones. No solo es la autorización ambiental previa, sino que también es la autorización y el derecho de uso de agua y de la represa como estructura de ingeniería. Vamos a encarar con todo el potencial técnico interno y con estos asesoramientos externos para dar garantías y seguridad de que el proyecto planteado en todos sus aspectos es seguro y nos permitirá cumplir con el objetivo principal, que es resolver el abastecimiento de agua potable de casi dos millones de personas de aquí a 2050.
En el área protegida está trabajando la Dirección de Biodiversidad junto con otras direcciones. La delimitación busca cuidar la calidad del agua de Casupá, que se eligió como lugar de emplazamiento de la represa por ser el que tiene mejores condiciones de calidad de agua, y es nuestra responsabilidad cuidarla con medidas ambientales. En todo eso está trabajando el equipo. Nos permite afirmar que hay compatibilidad en que mientras se van desarrollando estos trabajos multidisciplinarios y profundos, se puede avanzar desde OSE con las tramitaciones administrativas –como la licitación y la gestión del crédito, que ahora también se cuestiona– con la seguridad y la garantía de que no va a adjudicarse la construcción de la obra y mucho menos iniciarse la construcción de la obra en ningún aspecto sin contar con los resultados de la evaluación y sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes. OSE ha asumido, a cuenta de su responsabilidad, avanzar en los procesos. Nosotros, en paralelo, avanzamos con los estudios ambientales. Los cronogramas de trabajo suponen que sobre octubre y noviembre vamos a tener el resultado de todos estos trabajos y la población va a conocer cuáles son los análisis de impacto ambiental del proyecto y cuáles son las medidas que plantea el Ministerio de Ambiente para que Uruguay tenga una obra tan importante.
¿Por qué no ha modificado el decreto que flexibiliza las evaluaciones ambientales de algunas plantaciones forestales?
Habíamos anunciado, incluso antes de asumir, que no compartíamos el decreto firmado por el anterior gobierno en el último mes de gestión. Estamos trabajando para su sustitución por un nuevo decreto que va a suponer la vuelta al régimen de 2024, la normativa que estableció en su momento la administración [de Adrián] Peña. Tendrá algunas modificaciones, producto de una mesa de diálogo que instalamos con el sector forestal sobre la base de esta definición de dejar sin efecto el decreto que, entre otras cosas, fue muy criticado por los servicios técnicos del propio Ministerio de Ambiente por no haber tenido los tiempos para intervenir como corresponde.
Creo que la mesa de trabajo viene siendo muy positiva, al punto de que, además de un nuevo decreto, probablemente tenga como resultado la firma de algunas resoluciones ministeriales estableciendo criterios técnicos. Esperamos también la firma de un convenio que nos permita incorporar tecnología para el seguimiento y evaluación de los proyectos. Vamos a tener novedades en breve. Espero firmar el decreto en este mes de junio y que podamos tener este avance, que ha llevado su tiempo, como otras modificaciones normativas que comprometimos. Me refiero a la normativa sobre caza, en particular caza de patos, que es otro rubro en el que va a haber novedades con un decreto también a la brevedad. Son temas importantes que requieren diálogo, intercambio con los actores y mucho soporte técnico interno y externo, que es la forma en la que elegimos trabajar y que nos viene dando resultado.
¿Piensa que debería prohibirse o limitarse la forestación, por ejemplo, en zonas de nacientes de cuencas importantes para el abastecimiento de agua potable?
Estoy trabajando en una línea de regulación, más que de prohibición. Creo que el país debe dar una discusión general en el marco de una estrategia de desarrollo sobre estos temas y que tiene que estar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es donde está la Dirección Forestal, para poder seguir avanzando en una actividad que ha sido muy importante para el crecimiento de la economía uruguaya, pero que debe tener una regulación en clave de sostenibilidad, como todos los principales sectores del país, que incluya, por ejemplo, la lechería, la ganadería, donde también avanzamos el año pasado con el acuerdo sobre sostenibilidad en los tambos.
¿La División de Bosque Nativo debería quedarse en la Dirección Forestal del MGAP o debería pasar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente?
Estamos trabajando muy coordinados. Según los funcionarios, que son los que están siempre, estamos coordinando como nunca se ha coordinado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en estos temas. Tenemos un trabajo conjunto entre las y los técnicos, así que, en principio, no tenemos planteos de innovación. La solicitud de coordinación y trabajo conjunto estuvo desde el día uno, y tenemos que reconocer que ha habido apertura.
Uruguay sigue sin tener delitos contra el ambiente en el Código Penal. ¿Cuál es el plan del gobierno sobre este tema?
Esperamos que Uruguay tenga una ley de delitos ambientales aprobada en 2026. En junio vamos a presentar al Parlamento un proyecto de ley que recoge los antecedentes técnicos y de respaldos políticos amplios. Recoge una iniciativa original del último gobierno del Frente Amplio, que el ministro Peña, del Partido Colorado, retomó y modificó, que incluye e incorpora aportes del proyecto sobre la materia que en su momento impulsó el diputado [Gerardo] Amarilla, del Partido Nacional, y que, por lo tanto, con esa amplitud permitió que los tres partidos –Frente Amplio, Partido Colorado y el Partido Nacional– lo aprobaran en el Senado y tuviera media sanción. Con algunos ajustes de mejoras legislativas puntuales y que dan cuenta de cambios que ha habido en estos años, estamos devolviendo al Parlamento un proyecto que tuvo media sanción, con la expectativa de que finalmente lo podamos aprobar.
Nombró la reglamentación del artículo del Código de Aguas que protege los humedales de importancia ambiental. Un grupo de vecinos y vecinas señaló que en la puesta de manifiesto de la reglamentación que publicó el Ministerio de Ambiente se habían incluido los bañados de Carrasco. Sin embargo, en el decreto que finalmente terminó aprobando el Poder Ejecutivo, los bañados de Carrasco no estaban. Plantearon que esta decisión coincidió con la aparición de un proyecto inmobiliario en las inmediaciones del ecosistema. ¿Por qué quitaron los bañados de Carrasco de la reglamentación que aprobó el Poder Ejecutivo?
La reglamentación es un avance histórico en cuanto a la protección de humedales. Obviamente, tiene nuevos desarrollos planteados como desafío para el futuro, que requieren mayor nivel de trabajo técnico y de articulación con los distintos actores, sobre todo en el territorio. El objetivo que nos planteamos era concretar esa reglamentación y protección de humedales que estaba pendiente desde 1978. Creo que lo logramos, y con creces, con la protección de 800.000 hectáreas de humedales. Quedan estas áreas sensibles y estratégicas para continuar trabajando y para continuar avanzando en ese proceso. Los equipos del ministerio están con plena voluntad para seguir en ese camino, pero necesitaban más tiempo de ese trabajo interinstitucional, de articulación técnica y de actores, que entendimos que podía expresarse en un nuevo desarrollo normativo, con un nuevo decreto, cuando efectivamente haya resultados de estos trabajos.
¿El proyecto inmobiliario tuvo que ver con el cambio?
No tuvo que ver con el proyecto inmobiliario, que no conozco en detalle y que sí sé que forma parte de un conjunto de proyectos inmobiliarios porque, entre otros desafíos, está el que es una zona de desarrollo inmobiliario pujante desde hace algunas décadas. Ese aspecto debe ser considerado en los estudios y en la futura regulación, pero descartado totalmente que hayamos avanzado en una normativa atendiendo tales o cuales proyectos específicos de inmobiliarios en la zona. Sí es claro que los proyectos se han venido desarrollando y con mayor intensidad en la historia reciente, que hay un potencial en la zona identificado por los gobiernos departamentales en sus proyectos de ordenamiento territorial, y que nos plantean el desafío de una buena regulación, construida en conjunto, porque somos muy cuidadosos de la autonomía y de las competencias, la expertise y conocimiento de los gobiernos departamentales. No desconozcamos porqué nos falta la dimensión de los pasos significativos que hemos dado.
¿Este año va a haber áreas marinas protegidas?
Este año vamos a presentar a la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas un proyecto de área protegida marina en la plataforma continental uruguaya. Estoy convencido –como hemos demostrado con las acciones que tomamos en relación con el buque noruego que realizó prospección sísmica sin autorización, promoviendo una multa significativa– que las actividades en nuestra jurisdicción territorial en el mar, incluyendo las vinculadas a esta etapa de investigación para conocer si existen o no hidrocarburos, petróleo y gas en el país, deben realizarse en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible, con regulaciones ambientales, con controles ambientales importantes que aseguren la compatibilidad de protección ambiental y desarrollo de las actividades que se han propuesto y se impulsan en el país desde hace largos años con apoyo de todo el sistema político. Esta es la estrategia de transición justa y desarrollo sostenible que Uruguay debe seguir defendiendo.
Debemos incorporar la protección ambiental y, por lo tanto, el cuidado y la protección del área con mayor riqueza de biodiversidad. En eso ha venido trabajando con mucho rigor técnico el equipo interno de la Dirección Nacional de Biodiversidad. Como en todos los temas estratégicos y complejos, lo hemos tratado a nivel de gabinete con aportes interdisciplinarios de todas las direcciones. Estamos convencidos de que los tenemos que elevar al Poder Ejecutivo para que quede con una mirada, que yo creo que está faltando, de mediano plazo y de largo plazo para el país. No sabemos qué va a pasar con la prospección sísmica, cuáles van a ser los resultados de las investigaciones sobre presencia de petróleo. Yo soy un convencido de que una vez que estén los resultados, se abre otra etapa que será de análisis, que será de diálogo y que será de impulso a una estrategia nacional sobre hidrocarburos, que necesariamente tiene que tener una regulación de la actividad en caso de que aparezcan riquezas en condiciones de ser explotadas. Tiene que incorporar la protección ambiental, por lo tanto, el área protegida marina. El impulso, por supuesto, de una estrategia de transición energética que avance en la segunda transición, que es en lo que estamos trabajando y que el Ministerio de Industria viene impulsando ahora con este nuevo desarrollo de la energía solar, con la movilidad eléctrica; ese es el camino que defendemos. Si se da que tengamos esa riqueza, tendrá que hacerse, desde mi punto de vista, con una regulación que también establezca el destino de los recursos que pudieran obtenerse por esa actividad.
La sociedad uruguaya –digo “la sociedad uruguaya”, no “el gobierno solo”: todos los actores, la academia, las organizaciones sociales, empresarios y demás– tendrán que decidir, con los resultados a la vista, si Uruguay, en caso de tener petróleo, va a decidir explotar o no, pero no es la situación en la que estamos. Yo siento en algunos debates que se dan en la sociedad, en redes de comunicación y demás, que nos estamos pronunciando a favor o en contra de la explotación del petróleo. Esa no es la etapa en la que está Uruguay. Uruguay está en la etapa de investigación.
¿Las prospecciones marcaron un cambio en tu relacionamiento con las organizaciones sociales?
Marcaron un cambio en el relacionamiento del ministerio con parte de las organizaciones sociales. Estamos convencidos de que las políticas ambientales deben incluir una gobernanza ambiental participativa en este 2026. A pesar de esa situación crítica o de distanciamiento con parte del movimiento, vamos a ir al encuentro y a la búsqueda de las organizaciones sociales, y para eso estamos tomando iniciativas importantes a nivel interno del ministerio, creando la Unidad de Participación y Ciudadanía Ambiental. Es una unidad que les propone a todas las direcciones tener sus responsables de promoción de la participación, y los nuclea en un ámbito a nivel central para coordinar las instancias de participación y mejorar el relacionamiento con la sociedad civil. También concretamos un acuerdo para que un equipo interdisciplinario de la Udelar, con especialistas en estos temas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Información y Comunicación, trabajen a partir de este segundo semestre en la capacitación de los funcionarios a nivel interno y en el fortalecimiento de los ámbitos de promoción de la participación [...].
Vamos a tener más contacto con la sociedad civil con la apuesta a encarar el conjunto de la agenda ambiental, que no debe limitarse a las posiciones sobre algunos proyectos específicos donde podemos tener acuerdos o desacuerdos. Debe centrarse en la construcción conjunta y el impulso de un proyecto nacional de protección al ambiente y de desarrollo sostenible, que tiene una agenda muy amplia, y que las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser protagonistas, impulsores y desarrolladores en clave constructiva, además de oponerse a los temas que entiendan que se deben oponer.
Días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció que van a presentar un proyecto de ley que denominó “Competitividad, innovación y reducción del costo de vida”. Entre otras cosas, impulsa el “silencio positivo” y el uso de declaraciones juradas para “dinamizar” las inversiones. ¿Va a tener impacto en trámites ambientales?
Lo primero que espero es que tenga un impacto positivo, confío en la dinamización, en la promoción de proyectos que generen empleo en el país y desarrollo. Vamos a insistir en que ese desarrollo tiene que ser sostenible y cuidar los procedimientos de evaluación y autorización ambiental, que, compartimos, deben ser más ágiles y no deben ser percibidos como una traba. Nosotros tenemos un delegado en la mesa que está trabajando en el proyecto, por lo que todavía no tenemos los resultados concretos. En este tema el ministerio ha venido trabajando desde el inicio de nuestra gestión. Este año vamos a estar poniendo en marcha la implementación de seis trámites en línea que digitalizamos totalmente para agilizar la gestión de las autorizaciones y los controles ambientales, que no deben ser vistos como una traba ni van a ser una traba para el desarrollo de las inversiones.
Estamos tranquilos de que el ministerio está mejorando su agilidad, su capacidad de respuesta. No ha sido por el Ministerio de Ambiente que se haya bloqueado ningún proyecto de inversión, sí que se hayan mejorado muchas propuestas cuidando el ambiente y demostrando que es posible, en la mayoría de los casos, atender estos aspectos, aunque en algunas circunstancias supone algunos mayores costos, que son una inversión en beneficio del país y hasta de los propios proyectos, más aún hoy, en tiempo de acuerdo con la Unión Europea y el relacionamiento con un mundo que cada vez es más exigente en las cuestiones de sostenibilidad y agenda climática.
Estamos con mucha expectativa y proactividad, que es lo que ha caracterizado esta gestión. También quiero hacer el anuncio de la Expo Uruguay Sostenible de 2026, donde va a haber un nuevo énfasis. Esta expo estará orientada justamente hacia la educación ambiental, promoviendo el compromiso y cambio cultural en la ciudadanía. Estamos convencidos, después de lo que vimos con el tabaco, que tiene que ser liderado por los niños y los jóvenes, que lo llevan a las familias. Vamos a tener una asistencia récord de estudiantes de las escuelas, los liceos y UTU participando en talleres, paquetes de material didáctico para docentes para trabajar durante todo el año. Esto no puede quedar ni en el Día Mundial del Ambiente ni en la Expo. Vamos a tener mesas de debate interesantes como, por ejemplo, la nueva etapa del impulso de la movilidad sostenible.
¿Está de acuerdo con la decisión de Oddone de sacarles incentivos a los vehículos eléctricos?
He planteado la necesidad de trabajarlo en conjunto. Estoy convencido –lo he manifestado en el gabinete– de que hay elementos que plantea el Ministerio de Economía en cuanto al desarrollo del sector que son atendibles. Pero creo que debemos compatibilizar ese diagnóstico con el mantenimiento de incentivos para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país, estableciendo, en todo caso, gradualidad y diferenciación. Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, en la eliminación de los beneficios a los autos eléctricos de alta gama o de media gama, que son muy costosos. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de mantener el impulso y la promoción de la movilidad sostenible en el sector público, en el transporte público y hacer los máximos esfuerzos para mantener beneficios o darle un trato diferencial a la movilidad familiar de menor costo. Estamos en un proceso de trabajo interno en el gabinete que esperamos, y somos optimistas, que incorpore algunos de estos criterios de progresividad y diferenciación en el trato de estos temas, porque hacen a una política de desarrollo de mediano plazo que el país tiene que impulsar, más nosotros como un gobierno progresista.
