Bañados de Carrasco.

Foto: Alessandro Maradei

PIT-CNT apoya a vecinos y académicos que defienden los Bañados de Carrasco frente a proyecto inmobiliario

La Comisión de Ambiente de la central sindical manifiesta la necesidad de una política de vivienda que busque “dignificar la vida de los más pobres y no a favorecer la especulación del sector inmobiliario y la multiplicación de viviendas para satisfacer el lujo de los más ricos”.

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La Comisión de Ambiente del PIT-CNT emitió una misiva en apoyo a los vecinos e investigadores que se encuentran organizados con el objetivo de defender los Bañados de Carrasco frente a un proyecto inmobiliario promovido por la compañía Bislun SAS. En concreto, pretende abarcar 226 hectáreas en predios aledaños al ecosistema. “Los Bañados de Carrasco forman parte de la cuenca del Arroyo Carrasco, un sistema hidrográfico de aproximadamente 20.500 hectáreas que articula cursos de agua, territorios urbanos, rurales y periurbanos. En esta cuenca habitan actualmente 256.753 personas -aproximadamente el 7,7% de la población del país-, lo que da cuenta de la relevancia social y territorial de este sistema a escala metropolitana”, comienza señalando la central sindical.

En la misiva hace hincapié en que estos suelos forman parte de un área que cumple una “función de regulación del ciclo hidrológico” y que tiene “valiosa biodiversidad que presta servicios ecosistémicos a la zona metropolitana y amortigua el impacto del cambio climático, las inundaciones y de la contaminación en esta zona”. En esta línea, muestra preocupación frente a este tipo de emprendimientos que “responden a intereses inmobiliarios que desarrollan barrios privados o semiprivados destinados a personas de alto poder adquisitivo, incrementando una segregación social creciente y preocupante en el área metropolitana, contraviniendo normativa, contradiciendo las orientaciones del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat (2025-2029) y negando el acceso a información a la población”.

Considera que, desde el punto de vista ambiental, una urbanización de esta magnitud podría implicar “alteraciones en el régimen hidrológico del humedal, favoreciendo el aumento del escurrimiento superficial y reduciendo la capacidad natural del sistema para amortiguar eventos extremos como lluvias intensas o inundaciones”. “Podría contribuir a la fragmentación de hábitats y a la afectación de la biodiversidad, en un ecosistema ya presionado; y a la vez promovería la fragmentación social y desalienta la producción de alimentos sustituyendo el suelo rural por urbano”, lamenta.

En este contexto, manifiesta que una “política ambiental seria” exige “respetar las normas de ordenamiento territorial y proteger las zonas sensibles para el mantenimiento de ecosistemas”. A su vez, expresa que la política de vivienda debe ser entendida como un derecho humano, “evitando que las autoridades promuevan recategorizaciones del suelo, cediendo a presiones o dádivas de capitales poderosos, a los que no les importa agredir a la naturaleza con tal de hacer buenos negocios”. Finalmente, resaltan que “la emergencia social (que incluye la pobreza infantil, la situación de las personas de calle y la precariedad de los asentamientos) exige, entre otras cosas, una política de vivienda que apunte a dignificar la vida de los más pobres y no a favorecer la especulación del sector inmobiliario y la multiplicación de viviendas para satisfacer el lujo de los más ricos”.

Próximamente, la Junta Departamental de Montevideo deberá decidir, a partir de un pedido de la Intendencia de Montevideo, si el proyecto inmobiliario es de “interés departamental” o no. Por las razones que esgrimió, la Comisión de Ambiente del PIT-CNT acompaña el pedido de los vecinos y vecinas de “no avanzar en la declaración de interés departamental” de la iniciativa. También ve necesario “garantizar la realización de estudios ambientales, socioterritoriales e hidrológicos integrales, considerando el funcionamiento del sistema a escala de cuenca” y “asegurar instancias de participación efectiva de los actores territoriales”. Asimismo, solicita “evaluar la coherencia del proyecto con los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, en particular en relación con la categoría de suelo rural de interfase” y “promover medidas de protección ambiental para el sistema de los Bañados de Carrasco y su entorno”.

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