La planta de combustibles sintéticos que busca instalar la empresa HIF Global en Paysandú continúa generando debate. Días atrás, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo a radio Monte Carlo que “estamos a días de la definición” y que “si no se ha firmado nada es porque está pronto a firmarse algo que ya sea laudatorio del tema”. “La definición es que el gobierno le asegure a la empresa determinadas condiciones que ha solicitado desde el inicio, que tienen que ver con el costo de la energía –tengo entendido que ya está definido por parte del Poder Ejecutivo– y también con las certezas en cuanto a la relocalización de la planta”, dijo. El jerarca aseveró que se trata de “la mayor inversión en la historia de nuestro país”.
Sin embargo, este lunes, la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) emitió un comunicado ante la “inminente firma del contrato de inversión” entre el Poder Ejecutivo y HIF Global. El sindicato transmite su “más enérgico rechazo al proceso de negociación”. Afirma que “afectará a toda la sociedad uruguaya”, denuncia “falta de transparencia” y también que la negociación fue “de espaldas a la ciudadanía”. A su vez, señala que determinada información se encuentra “bajo secreto” y cita como ejemplo “los términos exactos del pliego tarifario”. “Ni los trabajadores organizados ni la ciudadanía han tenido acceso a la fórmula económica ni a las cláusulas de este contrato energético antes del ‘cierre del acuerdo’ anunciado en los medios”, dice. En este contexto, afirma que “se define el destino de la matriz energética nacional por las próximas décadas sin participación ciudadana”.
AUTE entiende que el contrato conlleva un “subsidio millonario” que genera “riesgo patrimonial para el Estado”. Expresa que “la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas 40 dólares por MWh (50% del valor de mercado)”. “Este déficit discapitaliza a la empresa pública. Advertimos que la pérdida de ingresos podría generar impactos en la calidad de servicio, en las tarifas residenciales, recorte de inversiones, en infraestructura eléctrica y la disminución del presupuesto para políticas sociales y pymes”, esgrime en el comunicado.
Por otro lado, manifiesta que profundiza un “modelo extractivista”. Menciona que “el agua de nuestros ríos y la energía renovable de la matriz eléctrica –financiada por toda la población– se entregarán a un enclave privado para producir ecombustibles destinados exclusivamente a los mercados de Europa y Asia”. “Las modificaciones logísticas para trasladar la planta a Nuevo Paysandú obedecen a presiones diplomáticas y ambientales en la región, pero no modifican el problema de fondo: la entrega de los recursos estratégicos del país”, apunta el gremio. Por otro lado, insiste en que el megaproyecto “no está diseñado para abaratar la energía de los hogares uruguayos ni para transformar la matriz de consumo interna”. Sostiene que “su único fin es garantizar la rentabilidad de una corporación extranjera”.
“Comprendemos y nos solidarizamos con la necesidad urgente de empleo genuino en el litoral del país. Sin embargo, los puestos de trabajo temporales de la fase constructiva no pueden ser la moneda de cambio para hipotecar el patrimonio nacional”, insiste. A su vez, el sindicato transmite su apoyo a las organizaciones que “exigen el acceso real a la información ambiental y económica”. Pide que “el gobierno haga públicos de forma inmediata todos los documentos, estudios de impacto y contratos a firmar con HIF Global”. Y finaliza diciendo que “las empresas públicas son del pueblo”.
