En julio de 2020, por medio de la ley de urgente consideración, se creó la cartera más joven del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Ambiente. Cinco meses más tarde, nació la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) y, con el correr del tiempo, el sindicato se ha pronunciado sobre diferentes asuntos que refieren tanto a situaciones laborales como a decisiones que han tomado las autoridades.
En la administración de Luis Lacalle Pou, por ejemplo, cuestionó la aprobación de un decreto que “flexibilizó” las autorizaciones ambientales a plantaciones forestales y las contrataciones directas de militantes del Partido Colorado y el Partido Nacional. Por otro lado, su comunicado más reciente refiere a la Rendición de Cuentas. En julio, los trabajadores y trabajadoras alertaron que el proyecto que está tratando el Parlamento impone una “reducción de recursos” y “limita la capacidad del organismo para desarrollar adecuadamente sus funciones”. Su lema fue que “sin presupuesto no hay cuidado ambiental”. El 24 de julio fueron recibidos por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y también entregaron un informe en el que relatan su situación. En este marco, la diaria habló con Rinaldo Rossi, María José Crovetto, Victoria Albez y Ana Clara Bouzas, integrantes de Atrama.
“El problema no es solamente lo que plantea la Rendición de Cuentas en sí, que es lo que más o menos le pasa a toda la administración central, sino de dónde venimos”, señala Rossi. En el informe que remitieron a los legisladores y legisladoras, el sindicato manifiesta que el Ministerio de Ambiente fue creado hace seis años y fue “financiado únicamente con los recursos que ya tenían dos unidades ejecutoras del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Aguas, ambas debilitadas previamente”. Detalla que, desde entonces, la cartera “pasó a tener cinco unidades ejecutoras y una responsabilidad institucional mucho mayor, pero nunca recibió el presupuesto correspondiente a ese crecimiento”.
“En oportunidad de la discusión del presupuesto quinquenal 2025-2030, Atrama propuso un aumento adicional de 150 millones de pesos anuales que se sumarían a los 80 millones de pesos de incremento anual propuestos por el Poder Ejecutivo (8% respecto del presupuesto de 2024). Finalmente, el Parlamento aprobó solo lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Cabe destacar que la mitad de este magro aumento fue destinado a apoyar a los gobiernos departamentales en la implementación de sus planes de residuos”, afirma. Pone sobre la mesa que, detrás del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente es el que tiene menor presupuesto. “Mientras se le exige al organismo sostener e incluso ampliar sus cometidos, se le retira presupuesto y capacidad de gestión al mismo tiempo”, destaca Atrama. Cita como ejemplo que comenzarán a regir nuevas normativas aprobadas que protegen humedales y la calidad del agua.
Vacantes técnicas suprimidas
En el documento, Atrama plantea que el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas propone “suprimir 37 vacantes” de la cartera y “un abatimiento del gasto de funcionamiento para el año 2027 por una suma aproximada de 2,5 millones de pesos”. En concreto, las vacantes están repartidas en la Dirección General de Secretaría (6), la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (13), la Dirección Nacional de Aguas (7), la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (6) y la Dirección Nacional de Cambio Climático (3). “Somos el ministerio más nuevo, tenemos muy pocos funcionarios; 37 vacantes representa un porcentaje importante para los funcionarios que tenemos. Estamos muy preocupados. Sabemos la realidad del país y acompañamos las prioridades, pero nunca pensamos que nos iba a afectar al ministerio de forma tan fuerte”, lamenta Crovetto.
El sindicato destaca que de las 37 vacantes eliminadas, 28 corresponden a “cargos profesionales específicos con perfiles clave para la administración (profesionales especialistas en control ambiental y evaluación ambiental, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, biólogos, analistas químicos, sociólogos, entre otros)”. “Se trata de perfiles técnicos indispensables que al organismo ya le cuesta reclutar y retener, pero de los que depende para evaluar proyectos ambientales, fiscalizar el cumplimiento de la normativa, gestionar los recursos hídricos de forma integrada y responder a la creciente conflictividad social en torno a los temas socioambientales”, esgrime.
Enseguida, el texto que proporcionaron a los diputados dice que “suprimir estas vacantes no es un ahorro fiscal, sino el desmantelamiento anticipado de la capacidad técnica que el propio Estado exige”. A su vez, cuenta que la cifra “representa más del 10% del total de los funcionarios públicos presupuestados con los que cuenta el organismo (poco más de 300), y un 60% de la totalidad de sus vacantes de ingreso disponibles”. Expone que el Ministerio de Ambiente tiene una plantilla de “560 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de un tercio son trabajadores contratados”.
Sobre los trabajadores contratados, Rossi señala que esto implica que “hay gente que cada seis meses o cada un año está renovando su contrato, que factura como empresa independiente, una situación que muchas veces te obliga a tener otro trabajo”. “Es complicado para conformar equipos y sostenerlos en el tiempo, también lo vemos con preocupación desde el punto de vista de la independencia técnica. Si vos sos un contrato y sabés que se te viene el vencimiento y sos el que tiene que informar de un proyecto o algo pesado, por más que no te bajen línea, lo tenés en la mente. Como garantía para la ciudadanía y la población, es complejo tener personal precario”, afirma. Crovetto aclara que no suele haber diferencias entre las tareas que lleva adelante un funcionario público y uno contratado, pero sí existen diferencias en cuanto a la estabilidad laboral.
La respuesta del Ministerio de Ambiente
El 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente envió por escrito su respuesta a algunas consultas que surgieron durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Entre los planteos, aborda la temática de la supresión de vacantes. Enfatiza que el Poder Ejecutivo adoptó “la resolución de priorizar la asignación de recursos para áreas prioritarias de acción que responden a necesidades concretas valoradas particularmente por el gobierno y por la población: atención a la infancia y adolescencia mediante la unificación y el aumento de las transferencias, seguridad ciudadana, atención a las personas en situación de calle y educación”. A su vez, dice el texto de la cartera, se definió que “estas políticas serán financiadas a través de reasignaciones y racionalización del gasto, así como con aumento de la eficiencia tributaria”.
Agrega que “los distintos ministerios contribuyeron a la reasignación para el avance en las prioridades definidas en articulación con el Ministerio de Economía”. “Se retuvieron 42 vacantes y se suprimieron 37, no la totalidad. En concreto se retuvieron 31, a las que se suman las 11 que estaban en proceso en Uruguay Concursa, por lo que totalizan 42 los ingresos que tendrá el Ministerio de Ambiente, un número que si bien trabajaremos para aumentar en futuras instancias, permite mantener los importantes niveles de evaluación de impacto ambiental que informamos, importantes en cantidad y calidad, y mejorar en una perspectiva de fortalecimiento institucional que se complementa con los otros aspectos mencionados vinculados a la mayor eficiencia de la gestión”, resalta en su respuesta el Ministerio de Ambiente.
Buscar la forma
“Como trabajadores compartimos las prioridades fijadas por el gobierno en esta Rendición de Cuentas, ya que sería imposible desconocer la necesidad de atender la pobreza infantil, así como de invertir en salud y seguridad de la población más vulnerable. Lo que no podemos compartir es que la variable de ajuste sea la función pública, y mucho menos en lo que refiere al cuidado del ambiente, pues en última instancia sería la sociedad toda, y con mayor dureza esa misma población que se busca priorizar, la que más sufriría las consecuencias de la falta de servicio y garantías ambientales que debe asegurar el Ministerio de Ambiente. Es decir, conseguir los fondos necesarios para atender la emergencia social no puede ser a costo de resignar los servicios, controles y garantías ambientales de los que se beneficia toda la población”, afirman los trabajadores y trabajadoras de la cartera en el informe.
En este contexto, Atrama pide que “en lugar de recortar la capacidad operativa de un ministerio clave como el de Ambiente, deberían explorarse alternativas presupuestales de fondo, tales como la propuesta de nuestra central PIT-CNT de gravar con un 1% al 1% más rico de la población o la de reglamentar el artículo 531 de la Ley 19.924, el cual habilita el cobro de determinados trámites, particularmente de aquellos que por su magnitud insumen mayores recursos”. Asimismo, solicita al Parlamento que “se revierta la supresión de las vacantes previstas y que se revise el recorte de gasto de funcionamiento”.
Rossi explica que “el bajo presupuesto es difícil de justificar” cuando en el quinquenio pasado el Ministerio de Ambiente “evaluó y autorizó proyectos de inversión por más de 14.000 millones de dólares”. “Actualmente existen otros proyectos de gran envergadura, que requieren equipos técnicos capacitados para ofrecer a la población un tratamiento riguroso y brindarles las garantías a todas las partes. Es contradictorio exigir a un ministerio que asuma tal nivel de responsabilidad, mientras se reduce la estructura –aún incompleta– necesaria para ejercerla”, argumenta el sindicato en el documento.
A lo largo del texto y durante la entrevista, los integrantes plantean que se debe corregir la “distancia entre las responsabilidades que la ley y la propia Constitución de la República le asignan a esta cartera, y los recursos humanos y presupuestales con los que efectivamente cuenta para cumplirlas”. “El Ministerio de Ambiente no puede seguir siendo el organismo postergado del Estado uruguayo. La sociedad le exige respuestas cada vez más complejas, en temas cada vez más sensibles. Nosotros, quienes trabajamos ahí todos los días, les pedimos que nos den las herramientas para poder cumplir con nuestros cometidos”, les solicitan a los legisladores y legisladoras.
“Sabemos que este gobierno definió la lucha contra la pobreza infantil como una de sus prioridades centrales, y la compartimos. Pero no puede haber una política de infancia consistente si se desfinancia al organismo responsable de garantizar un ambiente sano. Son las niñas y los niños quienes resultan más vulnerables a la contaminación del aire, al agua de mala calidad, a la falta de saneamiento y a una gestión deficiente de los residuos, y son también las poblaciones en situaciones de pobreza las que sistemáticamente quedan más expuestas a esos riesgos”, señala.
Albez expresa que “sin presupuesto y sin trabajadores, no se puede bregar por un ambiente sano”, y afirma que existe un “gran debe” en materia de participación, cuando apenas cuatro personas son quienes sostienen las más de 15 comisiones y consejos de cuenca que se distribuyen a lo largo de todo el país. En el texto, el sindicato suma que “cada vacante que se suprime es, en los hechos, una tarea de fiscalización, de planificación, de concientización, de participación o de evaluación que no se va a hacer o que se va a realizar en peores condiciones que las actuales, que ya son críticas”. “Esas tareas no son abstractas, son las que evitan que un curso de agua se contamine, que un proyecto se ejecute sin las garantías ambientales adecuadas o que una denuncia ambiental de una comunidad quede sin respuesta”, finaliza.
