El presidente de la República, Yamandú Orsi, tenía previsto viajar a Paysandú este miércoles. Sin embargo, canceló su visita. En este contexto, el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales quería hacerle entrega de una serie de cartas para ponerlo al tanto de varias problemáticas socioambientales que viven en su territorio. La más reciente es del 30 de julio, donde abordaron la denuncia que presentó una docente tras haberse visto afectada, junto con estudiantes, por una fumigación en la escuela agraria de Guichón.
En la misiva, el colectivo expresa que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) les comunicó que “resolvió multar al empresario sojero que realizó las mencionadas pulverizaciones”, confirma que “hubo deriva” y que “los resultados de los análisis comprobaron que llegó glifosato al patio de la escuela”.
La resolución del MGAP de los primeros días de julio confirmó la multa al empresario Juan Andrés Miller por “provocar deriva”. La cartera también transmitió un “apercibimiento por incumplimiento de la inscripción obligatoria en los registros” de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Planteó que el productor “efectivamente incumplió la normativa que establece que equipos de tanque de 1.000 litros o más deben registrarse en el RUO [Registro Único de Operadores]”. Sobre los antecedentes del privado, la cartera apuntó que “no pertenecen a hechos infraccionales de la misma naturaleza”. La falta fue tipificada como “leve” y la multa fue de 6.518 unidades indexadas, cifra que equivale a poco más de 43.000 pesos. En su momento, los vecinos y vecinas de Guichón calificaron el monto como “vergonzoso”.
“Estas resoluciones generan antecedentes ya que este mismo empresario tiene otras denuncias por situaciones similares en este mismo predio, las que además involucran posible contaminación de cursos de agua”, manifiesta la organización en el comunicado. A su vez, insiste que la resolución “confirma la denuncia de la docente”, que “en ese momento fue desestimada por la dirección escolar y no tuvo mayor repercusión en las autoridades de la educación”.
Por otro lado, recuerda que “en este lugar está ubicada la Unidad Potabilizadora de Agua (UPA) de OSE”, que “está expuesta a las aplicaciones con agroquímicos”. “Estas preocupaciones fueron acercadas al presidente de este organismo pero no encontramos apertura y las autoridades territoriales de OSE tampoco han dado respuesta”, lamenta el colectivo.
“La escuela agraria de Guichón y la UPA de OSE están ubicadas en una zona que el plan local de ordenamiento territorial (Decreto 8058/20) declara como corredor de protección ambiental termal y turístico y tiene regulaciones que la Intendencia de Paysandú y el municipio tienen que aplicar y no lo hacen”, esgrime el colectivo en su comunicado más reciente.
Preocupación por fumigaciones cercanas a centros educativos y tomas de agua destinada a la población
En febrero de 2026, el colectivo le envió una carta a Yamandú Orsi. “Hace más de 15 años nuestra organización ha venido trabajando sobre los problemas socioambientales en la comunidad de Guichón y la región señalando conflictos y aportando propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros territorios. Hay situaciones que se pueden corregir con acciones políticas que seguro repercuten de forma positiva en la población y el ambiente. Tenemos algunas inquietudes respecto a las aplicaciones de agroquímicos cercanas a centros educativos y tomas de agua para consumo humano”, manifestaron los vecinos y vecinas.
En este contexto, le pidieron al presidente una reunión y destacaron que, en caso de aceptar, “sería la primera vez que un presidente accede a conversar” con el grupo. Aún no han tenido respuesta. Marcelo Fagúndez, integrante de la organización, contó que pese a la decepción de que el jerarca no haya ido a su departamento este miércoles, aún tiene “esperanza” de que los reciba en algún momento.
Uno de los pedidos del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales es que el Poder Ejecutivo no brinde más permisos a privados para aplicar pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos. Según datos a los que accedió la diaria a través de un pedido a la información pública, en seis años el MGAP brindó 100 permisos a privados para aplicaciones terrestres de pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos. El 96% de estas autorizaciones osciló entre los 10 y 50 metros de escuelas y liceos. El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, y especialistas afirmaron que era necesario rever esta normativa para cuidar a los y las estudiantes. En una de las cartas que el colectivo quería entregarle al presidente de la República se sostiene que “hay pruebas suficientes que indican el riesgo que significan estas aplicaciones con agroquímicos en cercanías de las escuelas”.
El ministro Alfredo Fratti fue consultado el martes en Desayunos informales sobre la denuncia por fumigación en Guichón y la aplicaciones a menos de 300 metros de centros educativos. Definió la situación como “un problemón” que “sigue ocurriendo”. “Hay reglamentaciones; lamentablemente pasan estas cuestiones que algunos no respetan, y tenemos estos insucesos que son lamentables”, dijo. “Después dicen: ‘multa’. La multa no arregla el problema, porque si vos fumigaste arriba de la escuela, con la multa no arreglo el problema que causé”, acotó. Al ser consultado sobre los permisos de aplicaciones terrestres para distancias inferiores a 300 metros, respondió: “Hay que discutirlo técnicamente con los servicios nuestros y, a su vez, con los agricultores. Yo no sé si son 300, 500, 200 metros, pero claramente tenemos que intentar que esto no nos vuelva a pasar”.
