“La inclusión de los bañados de Carrasco a la lista de humedales de importancia ambiental presenta limitaciones y contradicciones con lo que actualmente se encuentra en discusión en la Junta Departamental de Montevideo”. De esta forma comienza la misiva que difundió el Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco, días después de que el Ministerio de Ambiente anunció que firmó el decreto que incluye el ecosistema en una lista con medidas especiales de protección. Enseguida, en el comunicado se hace referencia al conflicto socioambiental que generó el proyecto inmobiliario que pretende instalarse en predios aledaños a los bañados, promovido por la empresa Bislun SAS y el empresario argentino Eduardo Costantini. La iniciativa busca construir 3.000 viviendas y su declaración de interés –el primer paso para conseguir las sucesivas autorizaciones– está siendo abordada en la Junta Departamental de Montevideo. En este contexto, los vecinos y vecinas destacan que la inclusión de los bañados de Carrasco en la lista de humedales de importancia ambiental “no impide la realización de una urbanización privada de 226 hectáreas en la zona de interfaz del bañado (o sea, pegado a la zona de protección)”.
El colectivo afirma que la medida tomada por la cartera “comprueba que el humedal se sacó de la lista de protección por mera resolución política y lo único que hace es evidenciar una acción de interés en el cambio de suelo”. “El decreto mencionado que determina un área que no incluye el megaproyecto termina siendo funcional a la valorización del suelo que buscan los promotores inmobiliarios. Esto, sumado a los anuncios convergentes entre representantes del propio desarrollador inmobiliario y el viceministro de dicho ministerio, resulta más que evidente”, manifiesta. Hace referencia a las declaraciones de Óscar Caputi a Info Capital, donde afirmó que el proyecto inmobiliario “podía llegar a ser una oportunidad para exigirle al desarrollador poner en valor el humedal”. Tras una investigación de Brecha que dio cuenta de los vínculos de Caputi con Costantini, uno de los promotores del megaemprendimiento, el jerarca dijo que sus declaraciones no fueron adecuadas. Sin embargo, organizaciones socioambientales pidieron su renuncia.
La organización insiste en que “considerar el bañado y el área donde se propone desarrollar la urbanización privada como cosas separadas resulta un error grave” porque “no se puede definir ese límite sin considerar esa área como parte de un ecosistema y de las funciones del bañado, como sostiene tanto la evidencia científica como las propias directrices de ordenamiento territorial”. Subraya que el Ministerio de Ambiente “de hecho sigue apoyando esta iniciativa de urbanización, ya que no se expide sobre la misma y desconoce las afectaciones del proyecto sobre el bañado”. A su vez, destaca que la medida tomada por la cartera también comprueba que “la lucha de este colectivo es una pelea justa en defensa de los bañados de Carrasco”. También señala que su unión “ha logrado la visibilización de una negociación meramente capitalista mercantil que viene a aprovecharse de los bienes comunes que son de todas y todos”. Finalmente, reclama que “no se apruebe el interés en la Junta Departamental” y que “sí se generen instancias amplias de participación real que trabajen en una propuesta de recuperación y preservación del bañado y la cuenca del arroyo Carrasco desde una perspectiva de justicia territorial”.
