Reinserción social
La semana pasada, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior firmaron un convenio para la aplicación de políticas sociales a personas privadas de libertad. El acuerdo celebrado promoverá la ejecución conjunta de programas y proyectos con la finalidad de mejorar la calidad de vida y aumentar la reinserción social de los reclusos. La duración del convenio será de dos años, con posibilidad de extensión a dos años más. En el documento ambos ministerios se comprometen a la cooperación en distintas modalidades: intercambio de información en el ámbito cultural, científico y tecnológico; utilización de sus respectivas infraestructuras; realización conjunta o coordinada de programas de investigación; desarrollo de actividades promoviendo el relacionamiento con la comunidad, son algunos de los puntos establecidos en el acuerdo firmado.
Unas 60 personas privadas de libertad, divididas en tres cuadrillas de 20, distribuidas por Canelones, Maldonado y Rocha, se dedicarán durante tres meses a la tarea de limpieza de predios y terrenos baldíos de la costa para contribuir a la reducción de potenciales focos ígneos. El arranque de la iniciativa estaba previsto para los primeros días de febrero, pero se postergó para mediados de mes. Jaime Saavedra, director general del Patronato, adelantó a la diaria que en Canelones y Rocha es casi un hecho que empiecen a trabajar el 15 de febrero, en tanto en Maldonado todavía se estaban terminando de resolver aspectos logísticos, lo que puede demorar el inicio.
Uno de los puntos en los que hizo hincapié el director general del Patronato es que las cuadrillas están integradas por mujeres. No especificó cuántas, simplemente destacó que la presencia de reclusas era “condición indispensable” para pensar en un programa de estas características. Explicó que éstas “además de sufrir discriminación de género son discriminadas por su condición” de privadas de libertad. Por la labor que desarrollen, los reclusos cobrarán un sueldo mensual de 3.000 pesos, en promedio medio salario mínimo, dinero que será asignado en parte a la familia, otra estará destinada a sus gastos personales y parte será depositado en una caja de ahorro.
La elección de las personas con “aptitud y actitud” para trabajar estuvo a cargo del Instituto Nacional de Criminología que funciona en la órbita del MI. En la nómina conformada se tuvo en cuenta principalmente a quienes estaban más próximos al vencimiento de la pena, además de las ganas de trabajar. Durante las jornadas de limpieza se tomarán medidas de seguridad para evitar incidentes extraordinarios.
Los reclusos también contaron con capacitación previa, tanto para la labor a desarrollar así como para concientizar en la importancia de la experiencia y de la oportunidad brindada. “Impulsamos procesos grupales para generar conciencia de que es la primera experiencia, y si funciona bien, si no tenemos dificultades, se nos van a abrir varias puertas”, sostuvo Saavedra. Seguidamente agregó: hoy el convenio es con el SINAE pero mañana puede ser con cualquier otro”, y explicó que en la actualidad se está en conversación con el directorio de AFE para que cuadrillas de reclusos se hagan cargo de la limpieza de las vías en todo el territorio nacional.
Valorados
Este año, durante el desfile inaugural de Carnaval participaron los dos carruajes realizados por reclusos del Centro Nacional de Rehabilitación, Cabildo y la Cárcel de Canelones, Ave Fénix y Comunicaciones, y obtuvieron una mención especial. La experiencia que se viene desarrollando desde hace tres años es una muestra de lo que las personas privadas de libertad son capaces de construir.
Durante el acto de presentación de los carros realizado semanas atrás en el Museo del Carnaval, Uberfil Monzón, presidente honorario del Patronato, sostuvo en conversación con la diaria que la sociedad debe involucrarse con la problemática. “El peor obstáculo que tenemos es que la sociedad nos dice ‘déjenlos que se mueran de hambre’. Yo entiendo que hay miembros de la sociedad que están dolidos por algo que les ha pasado, pero hay que darles una segunda oportunidad”, reflexionó.
En referencia al ambiente de la cárcel, Monzón comentó que “es deshumanizante” y aclaró: “Ahora estamos tratando de transformar la cárcel en un instituto de recuperación para que las personas se recuperen de verdad”.
Enfatizó la importancia de que los presos trabajen y perciban un ingreso por ello. “Si bien es cierto que la Constitución no nos permite obligar al preso a trabajar vamos a estimularlo por lo que va a ganar y por la disminución del tiempo de cárcel”, expresó.
En cuanto al pago del trabajo, Saavedra ratificó que las personas tienen que recibir dinero por la tarea que desempeñan; “No puede ser de otra manera, hoy por ley la gente que trabaja tiene que cobrar, el trabajo forzado no existe”.
En Uruguay, la ley 14.470 es la que establece un sistema de normas sobre reclusión carcelaria. El artículo 45º establece que “el trabajo del recluso deberá ser remunerado. Dicha remuneración se ajustará teniendo en cuenta la naturaleza, perfección y rendimiento del mismo”.
La paga estará determinada por los reglamentos, y “en ningún caso podrá ser inferior al tercio del salario común”. La distribución del sueldo “podrá destinarse, por la autoridad carcelaria, hasta el 30% para atender sus gastos personales y hasta otro 30% para asistir al presupuesto de su familia si ésta lo pidiere y fuera necesario”, cita la ley. Además, 20% podrá ser utilizado por concepto de reparación de daños dentro del establecimiento carcelario.
Varias puntas
Mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad es un tema que ha adquirido relevancia. “Hay un acuerdo multipartidario para encontrarle la vuelta a un sistema carcelario que ha tenido muchísimas dificultades”, aseguró Saavedra.
Explicó que para lograr el cambio deberán abordar cuatro ejes: trabajo, educación, cultura y deporte. Reconoció que en los dos primeros ha habido más desarrollo, mientras que el aspecto cultural es el más olvidado. “Quién no se emociona escuchando música, leyendo un buen libro... ¡eso está ausente del sistema penitenciario!”, exclamó.
Por último, Saavedra se manifestó optimista por los resultados que los cambios pueden llegar a generar, más teniendo en cuenta que “de 9.000 reclusos, 70% son jóvenes de entre 18 y 29 años, en un país de población avejentada”.