Los cursos de formación se llevaron a cabo dentro del Proyecto Regional "Fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer, de Seccionales Policiales y de la Sociedad Civil para combatir la violencia de género". Proyecto que además se está desarrollando en Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres.
En total 257 policías fueron capacitados en nuestro país, 178 mujeres y 79 varones, y el jueves pasado se realizó la entrega de diplomas en el salón de actos de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Policial del Ministerio del Interior.
Previo a la entrega de los certificados que dan prueba de la capacitación recibida, representantes de diversas instituciones y organizaciones involucradas al proyecto reflexionaron sobre la importancia del curso y las dificultades que todavía enfrenta nuestra sociedad.
Mary Arias, co coordinadora de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, hizo un repaso de las primeras acciones desarrolladas por el MI. "Cuando en la zona metropolitana de Montevideo apareció la Policía Comunitaria parecía mentira, ver que teníamos en cada comisaría un aliado nos parecía que el trabajo se nos había reducido a la mitad, nos parecía que aquel tormento que era acompañar a una mujer a que presentara una denuncia, se había transformado en un proceso muchísimo más rápido y con mucha seguridad", compartió. Seguidamente valoró la instancia de formación, puesto que "no es solamente para capacitarlos en qué es lo que dice la guía o cómo es que tienen que actuar, sino que también tiene que ver con desarrollar una capacidad para comprender esta temática".
En siete pasos
Durante la entrega de diplomas, los funcionarios del Ministerio del Interior, pertenecientes a diversas dependencias policiales, recibieron un folleto que reúne "paso a paso" información sobre "La intervención policial en violencia doméstica".
Ítem tras ítem se guía al policía en cómo actuar en este tipo de situaciones. En primer lugar solicita al funcionario "mantener una actitud de escucha atenta y activa sobre el problema planteado". Seguidamente indica cómo debe ser la recepción de la declaración; allí el personal del MI debe indagar sobre la dimensión del problema, valorar el riesgo que corre la persona, dejar constancia en caso de registrarse lesiones físicas, y "observar especialmente" la situación de los menores, en caso de que los haya.
Luego el policía a cargo del caso debe realizar el parte policial donde tiene que incluir todas las "conductas de carácter agresivo y/o amenazante", para después sí "realizar la primera comunicación a la autoridad judicial".
El quinto ítem plantea "informar a la persona denunciante la decisión judicial", y en caso de resolución de medidas cautelares, tanto el denunciante como el agresor deben ser comunicados.
Por último, el policía deberá "ampliar información al juez", indagando en el entorno del denunciante y "comunicar inmediatamente al juez competente cualquier circunstancia de interés en relación a un eventual incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas". Al tiempo que tiene que "brindar información sobre medidas de autocuidado", vinculándose con organizaciones locales, equipos y/o redes que trabajan en esta problemática.
Por su parte, Eduardo Bonomi reflexionó sobre los indicadores de violencia y sostuvo que si bien aumentó la confianza en la Policía, no aumentaron las denuncias de casos de violencia doméstica. Recordó que éste es un tipo de violencia que "genera daños perdurables que se sostienen en el tiempo", que puede llevar a una persona a vivir años sometido a esa situación, que la mayoría de las veces se reproduce "de generación en generación".
En el juzgado
Selva Klett, directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y ministra del Tribunal de Apelaciones en lo civil del sexto turno, expresó a través de sus palabras que la Justicia "está en un momento histórico" por "la comunicación fluida que se instaló entre el MI y la Suprema Corte de Justicia".
En conversación con la diaria, Klett, quien participó en algunas de las clases dictadas, explicó que el curso permitió que la Policía Nacional entendiera qué es una situación de violencia doméstica, pueda medir el riesgo, "y que al mismo tiempo sepa trabajar para coleccionar, recepcionar y encontrar los elementos probatorios".
Para los jueces lo más difícil es la obtención de pruebas, principalmente en los casos o delitos de violencia psicológica o doméstica, y en las instancias de intercambio se lo pudieron transmitir a los funcionarios policiales de diversas dependencias. "Los jueces, para poder actuar bien necesitan que la Policía actúe bien; hoy por hoy la investigación previa la realiza la Policía Nacional, entonces es necesario que la Policía entienda qué elementos necesita el juez para poder tomar las medidas", detalló. Es así que en los cursos trabajaron sobre dónde se deben buscar las pruebas, qué elementos sirven, dónde investigar, y cómo actuar en caso de que ya existan denuncias y medidas cautelares.
Instruidos
Durante la jornada de cierre, Cristina Domínguez, directora de la Escuela Nacional de Policía y Marisa Lindner, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, realizaron un balance y analizaron las perspectivas institucionales para el abordaje de la temática.
“Podemos decir que, en forma sostenida en el tiempo, hace 23 años que el MI y la Policía Nacional están abordando el problema grave que resulta de conductas que van desde un empellón hasta el homicidio”, expresó la inspectora mayor Domínguez. Dijo que el tema es visto en algunas especializaciones de la Policía, pero aclaró que la tendencia es que todos los efectivos reciban instrucción sobre violencia doméstica y de género. Al momento de instruir al personal que se desempeña en las diversas dependencias policiales, se tienen en cuenta factores subjetivos como los prejuicios existentes o que muchas veces provienen de familias donde vivieron casos de violencia; además se contemplan aspectos sociales y percepciones de la comunidad.
“El oficial que egresa de nuestro centro docente debe conocer que, probablemente, en la mayor parte de su práctica profesional en servicio deberá atender casos de violencia doméstica, y en su carácter de líder de su servicio debe adoptar las medidas acordes a la norma. Ambos, superiores y subalternos deben egresar conscientes de que de sus repuestas depende la vida o la integridad física o la libertad personal de muchas personas recurrentes a su unidad policial”, reflexionó Domínguez.