Con el paso de los años, la vieja parrillada de Pepe, un tenaz comerciante nacido en el barrio de Villa Española a fines de la década de 1920, fue mutando hasta transformarse en un incipiente hotel de baja categoría. En sus inicios llegaban hasta allí turistas que eran acompañados desde el puerto de Montevideo por el mismísimo propietario del emprendimiento. Tanta dedicación y sacrificio laboral generaron que el negocio funcionara a la perfección; el inmueble creció en altura y en cantidad de habitaciones. A fines de la década de 1970, el hotel pasó en calidad de arrendamiento a su primogénito. Esa concesión familiar, que duró casi dos décadas, permitió el mejoramiento del edilicio y la profesionalización de los servicios.
A mediados de la década de 1990 y luego de haber disfrutado de placenteros años de júbilo junto a su esposa, Pepe decidió volver a tomar el mando de la empresa, ya con unas cuantas canas de más. Para ese entonces, y por cuestiones de mayor rentabilidad económica, el perfil de su clientela había comenzado a cambiar. A los pocos residentes permanentes que vivían en el edificio se sumaron parejas que acudían para pasar el rato, generando así mayor rotatividad y ganancias.
Las obras de construcción de diez nuevas habitaciones destinadas a ampliar la capacidad hotelera implicaron la solicitud de sucesivos préstamos a instituciones bancarias. Reiterados controles y exigencias estructurales por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) generaron la clausura de algunas de las habitaciones. Por otro lado, la crisis de 2002 potenció significativamente la deuda que mantenía con los bancos. Disputas internas generaron la ruptura de la sociedad familiar. Pepe quedó solo y a merced de nuevos inquilinos que se aprovecharon de su delicado estado de salud para instalarse definitivamente, de manera ilegal, en el lugar.
Capacidad colmada
Desde 2008 el ex hotel Casino, ubicado en la esquina de Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain, es ocupado y “administrado” en exclusividad por una veintena de familias en situación de calle. Conviven allí trabajadores de la construcción, feriantes y delincuentes. Si bien los vecinos están molestos por la proximidad de una boca de venta de pasta base y por tener que atravesar constantes situaciones de inseguridad, el problema que verdaderamente preocupa es el de la falta de higiene.
El edificio, que presenta en la actualidad una deuda superior a los cinco millones de pesos con la comuna, cuenta con algunos servicios de funcionamiento. Posee luz gracias a que los residentes se han “colgado” del tendido eléctrico y de la conexión de agua, por una disposición del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que legitima el acceso del recurso a personas ocupantes. Sin embargo, la red de saneamiento no funciona y periódicamente un camión de una empresa barométrica hace el desagotamiento de las aguas estancadas que se encuentran en una de las dos cámaras sépticas. Parte de ese orín, que es drenado hacia la cisterna del camión, se derrama de manera accidental en la calle, corre próximo al cordón de la vereda y desciende por Gonzalo Ramírez hasta morir en el cruce con Requena. En su primera intervención, se vaciaron ocho tanques de aguas servidas. Estos trabajos de “mantenimiento” se realizan como consecuencia de que en mayo pasado, luego de varios reclamos vecinales, la IM declaró insalubre el lugar y decidió tomar cartas en el asunto.
La peor parte de esta situación irregular la sufre el edificio lindero, casualmente homónimo al ex hotel. Desde el momento en que se ingresa al patio exterior, se percibe un pronunciado olor nauseabundo. La mencionada falta de mantenimiento de las cañerías ha provocado filtraciones en las paredes de la planta baja y de los apartamentos ubicados en los primeros pisos, muchas veces conteniendo materia fecal y orín. La viviendade la vecina de la planta baja está totalmente inundada por esa agua contaminada, que llega a desembocar en el palier del edificio. Otro vecino puso en venta su apartamento pero no tuvo mucho éxito; mudarse del lugar resulta difícil ya que nadie está interesado en comprar un inmueble en estas condiciones.
Según Fernando Rodríguez, defensor del Vecino, el panorama para desalojar el viejo hotel es "bastante complicado". Actualmente, entre las 250 situaciones problemáticas de ocupaciones clandestinas registradas por la Defensoría, el caso del ex hotel Casino es prioritario para buscar soluciones. Por tal motivo se está procediendo a relevar el estado de las familias ocupantes para decidir qué destino tendrán.
Hay una persona interesada en asumir la deuda para comprar el inmueble, mediante un proyecto de refinanciación con la IM, para luego rematarlo al mejor postor. Una vez concluida esta instancia se podrá concretar el desalojo de los intrusos. Vale recordar que en mayo pasado el gabinete departamental analizó la situación y recordó que si el local siguiera registrado como hotel en actividad, la IM podría intervenir de inmediato en el desalojo. Sin embargo, al ser un ex hotel y estar en condición de ocupación, ésta no puede actuar por cuenta propia.
Otro caso emblemático de convivencia barrial caótica es el del edificio de oficinas ubicado en el cruce de la avenida 18 de Julio y Andes, sitio donde supo estar alojada la agencia internacional de noticias Reuters. Está ocupado en su gran mayoría por intrusos desde mediados de los años 90, y con motivo de las sucesivas actividades ilícitas que se desarrollaban en su interior, supo cobrar relevancia mediática en programas periodísticos televisivos como Zona urbana. También sufrió un incendio de características cinematográficas hace seis años, cuando dispositivos policiales, en conjunto con personal del Cuerpo de Bomberos, cortaron la circulación vehicular de la avenida para apagar las llamas de uno de sus pisos superiores. En la mayor parte de los 45 apartamentos disponibles residen ciudadanos procedentes de Perú. En los últimos tiempos y luego de constantes intimaciones judiciales, se produzco un recambio de la población. Una vecina de la zona expresó que los antiguos ocupantes fueron “vendiendo” los apartamentos a los ciudadanos peruanos a precios que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares.
Al no tener los servicios básicos funcionando, algunos de sus residentes suelen deshacerse de sus materias fecales y orina arrojándolas por la ventana. También se pueden apreciar bolsitas con desperdicios colgando en los techitos del comercio de la planta baja. “Lamentablemente, te acostumbras a ver este tipo de situaciones”, manifestó una comerciante que trabaja en dicho lugar. Al estar ubicado en una zona comercial muy transitada son muchas las potenciales víctimas de estos desechos que caen en picada desde lo alto.
Como otros tantos edificios inconclusos que existen en la ciudad, es propiedad de sociedades anónimas que quebraron hace mucho tiempo y, por lo tanto, es difícil para las autoridades competentes determinar quiénes son los responsables de saldar las deudas tributarias millonarias generadas con la comuna. Según Ricardo Prato, secretario general de la IM, este edificio en particular mantiene deudas de todo tipo, no sólo con la IM. El mes pasado, un acreedor interesado en proyectar otro emprendimiento en el lugar accedió a comprar éstas. Este hecho implica que en un futuro no muy lejano se procederá a llevar a cabo el desalojo total del edificio mediante orden judicial.
Demoliendo hospitales
El jueves 8 de setiembre, autoridades municipales, vecinos y comerciantes se presentaron frente al viejo sanatorio que perteneciera a la Cooperativa de Empleados Civiles (Comaec), ubicado en la esquina de Bulevar Artigas y Maldonado, para mostrar el comienzo de las tareas de demolición del inmueble. El improvisado encuentro, que contó con el estruendo de las máquinas piqueteras como banda sonora, sirvió para celebrar el fin de la angustiosa situación que se vivía en el barrio. Luego de una década de arrebatos, cobranza de peajes callejeros y otros problemas de seguridad y salubridad, los vecinos de las inmediaciones pudieron cumplir el sueño de ver desmantelada la popularmente denominada “Cueva de Alí Babá”. Hasta no hace mucho tiempo, compartían el mismo techo unas 40 familias, incluyendo a 20 niños de entre siete y 13 años.
Según Diego Galante, representante de vecinos y comerciantes de la zona que adquirieron el edificio, la tarea de recuperación no fue fácil ya que para erradicar el problema se tuvo que formar un equipo técnico de especialistas, que trabajó durante un año y medio, analizando los distintos aspectos jurídicos. Si bien la cifra económica desembolsada no es exacta, se sabe que supera ampliamente los 700.000 dólares. Para hacerse del inmueble, los inversores tuvieron que saldar un montón de deudas tributarias, fiscales, liquidaciones con ex empleados de la mutualista, contribución inmobiliaria, entre otras. También tuvieron que tramitar con celeridad los permisos de demolición.
El desalojo de los intrusos fue la primera experiencia exitosa de trabajo interdisciplinario en donde participaron el Mides, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Policía Comunitaria, la Administración de Servicios de Salud del Estado y la IM, en coordinación con la Defensoría del Vecino. “Hay un aprendizaje, que lo vamos a aplicar en los varios cientos de edificios que Montevideo tiene en situaciones similares”, señaló el ombudsman.
Diversos fueron los destinos de las familias ocupantes; algunas se pudieron recomponer gracias a los vínculos familiares, otras recibieron subsidios de alquiler proporcionados por el MVOTMA. Las restantes fueron realojadas en pensiones.
En lugar del ex sanatorio se planea construir un proyecto de viviendas acorde al nivel del barrio. El grupo inversor tiene un plazo de 18 meses para presentar una propuesta inmobiliaria ante la IM.
Complementan la lista de inmuebles ocupados problemáticos las construcciones inconclusas de la avenida 18 de Julio y Tacuarembó, el edificio donde funcionaba la empresa Tiempost, en Paraguay y César Díaz, otro ubicado en José Pedro Varela y Valladolid, y el ex sindicato Saedu, ubicado en la calle Guaraní.