Quizás muchos ciudadanos, alentados por recomendaciones sobre buenas prácticas de higiene y convivencia, estén convencidos de que para contribuir con la limpieza de su entorno es suficiente con tirar sus residuos en los lugares indicados; pero el tema es bastante más complejo. En palabras de la ex directora de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM) Alejandra Ostria, “el ciudadano cree que su problema termina cuando los lleva al contenedor, pero la responsabilidad empieza desde que somos generadores del residuo en nuestras casas”, y por ello defiende la clasificación en origen, que consiste en la separación de los desechos húmedos y secos en los hogares, para que ese proceso no tengan que hacerlo en la calle o en sus propias casas, como ocurre actualmente, quienes los recogen de la vía pública.
En resumen, el mecanismo vigente funciona de tal forma que después de que las personas “sacan la basura” al contenedor o a la calle, una parte se la lleva el camión recolector pero otra es tomada por “clasificadores”, que en su gran mayoría se desempeñan individualmente levantando aquello que pueda servirles. Un porcentaje de lo que se llevan lo reutilizan en sus hogares -sin contar a aquellos para quienes los residuos son su fuente de alimentación- y para comida de criaderos de cerdos, pero el principal destino es la venta. ¿Quién o quiénes pagan por ese material? Ésta se transforma en una de las preguntas clave, porque si no existieran compradores, levantar residuos diariamente no sería una actividad redituable. Intentar responderla implica entrar en el costado más escabroso y menos visible del asunto.
Cronología
8 de febrero. Los intendentes de Montevideo, Florida, Canelones y Rivera viajan a la ciudad de Brescia, Italia, para conocer el proyecto de producción de energía a partir de residuos en plantas incineradoras.
12 de marzo. El Congreso de Intendentes transmite por escrito a Presidencia su conformidad con el modelo italiano, y propuso analizar la posibilidad de aplicarlo en el país.
1º de junio. La Intendencia de Montevideo (IM) pone en marcha el plan “Mi barrio clasifica”, consistente en que vecinos afincados en una zona delimitada por 87 manzanas de Pocitos comenzarían a clasificar en origen para que cooperativas de clasificadores levantaran los residuos secos.
8 de junio. Se inaugura en la capital la planta de remediación y captura de biogás generado por los residuos ya enterrados en las usinas de disposición final 6 y 7.
21 de julio. La IM solicita a la población mediante un comunicado que no deposite la basura en contenedores o en la calle ya que la recolección había sido afectada a raíz de medidas sindicales dispuestas por Adeom.
10 de setiembre. La Ucrus organiza la “marcha de los carros” desde la Plaza del Ejército hasta el Palacio Legislativo, en rechazo a “políticas represivas” por parte de las autoridades.
11 de setiembre. Se firma el convenio de implementación de la Ley de Envases para Montevideo entre la IM, el Mides, el MVOTMA y la Cámara de Industrias. El decreto de ejecución de la norma existía desde 2007.
20 de setiembre. Los ocho municipios capitalinos recibieron 13 barredoras mecánicas para la limpieza de las calles en sus territorios.
9 de octubre. La asamblea de la División Limpieza de Adeom resuelve solicitar a la IM el pago de una prima por insalubridad y marca discrepancias con la gestión.
29 de noviembre. Cierra el plazo para que interesados expresen su voluntad de participar en el Data Room convocado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se recibieron más de 30 solicitudes.
14 de diciembre. Cierre del Data Room.
El residuo finalmente llega a empresas formales, conocidas como “depósitos”, pero que no son las que compran directamente a los clasificadores, al estar impedidas por una normativa de la IM, según explicaron a la diaria los responsables de Pedernal. Esta firma, Rotondaro y Werba son las que dominan esta fase del mercado, representando el eslabón inicial y formal de la cadena. En paralelo tienen montado un esquema de intermediarios informales que son los que transan con los clasificadores para posteriormente revenderles a los depósitos legalmente establecidos.
El ciclo no se detiene allí, sino que estas compañías comercian una vez más los residuos, en esta ocasión luego de realizar un trabajo de acopio y prensado. Los voceros de Pedernal, que pidieron no ser identificados, sólo aceptaron explicar a la diaria las cuestiones básicas de funcionamiento, pero se excusaron a la hora de conceder una entrevista porque prefieren “trabajar en perfil bajo”. También porque, según señalaron, son conscientes de que el tema de la basura “genera mucha susceptibilidad” y porque siempre se los sienta a ellos en el banquillo de los acusados.
La operativa que llevan a cabo, de acuerdo con el relato brindado, comienza cuando le compran residuos a empresas y a particulares, y tras procesarlos exportan una parte y el resto en su gran mayoría lo venden a las industrias uruguayas Ipusa y Pamer, que son las principales productoras locales de cartón y papel, conocidas por sus marcas Elite, Higienol, Sussex, Babysec, Ladysoft, Cotidian, Astoria, Suavex, Windsor y Silky, casi la totalidad de las que se encuentran en los comercios. La gente compra el papel y el cartón, los usa y convierte en residuos, cerrando y abriendo al mismo tiempo una vez más el circuito.
A pesar de que el mayor movimiento del mercado se da con el plástico, el papel y el cartón, también hay depósitos de metales y vidrios, y sobre los cuales recaen sospechas de que muchas veces el material que reciben proviene de objetos robados. Esto último, según una fuente de la IM consultada por la diaria, se desprende del siguiente dato que “llama la atención”: Uruguay es el segundo exportador de cobre en América del Sur detrás de Chile, a pesar de que no es un país productor de ese metal.
Como en las películas
El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Juan Canessa, sostuvo que en el sector existen prácticas mafiosas, y puso como ejemplo a empresas que ocupan terrenos sin autorización o la ubicación de volquetas en lugares inconvenientes. También destacó situaciones tales como que los dueños de un depósito intermediario -muchos de los cuales están ubicados en asentamientos- son propietarios de automóviles muy valiosos. “Entre las empresas legales y los clasificadores hay una cantidad importante de depósitos que en el mejor de los casos lindan con la legalidad. No parece sano como sociedad ir a un asentamiento y ver que el dueño del depósito está en un Audi 4, vehículo que para poder comprarlo un clasificador debería juntar plata durante toda su vida y aún así nunca” lo lograría, ilustró.
En este punto el jerarca se refirió a lo que pasa en Italia, donde las mafias dominan buena parte del negocio y han hecho caer gobiernos. Consultado acerca de posibles presiones de los empresarios locales sobre el gobierno, Canessa desestimó tal posibilidad y señaló que “el Frente Amplio [FA] no es afectable por presiones de ese tipo”. Y si bien el dato no permite concluir lo contrario, una fuente del Poder Ejecutivo confirmó a la diaria que desde esta rama se aportaron fondos a la campaña electoral del FA en 2009, y que según su interpretación esto explicaría el freno a algunos intentos de regular el sistema, como así también la remoción de jerarcas. Desde el FA confirmaron que tanto Ipusa como Pamer contribuyeron económicamente con aquella campaña. Sin embargo, desde Ipusa aseguraron que el dato no es cierto (ver nota “El papel”).
Impulso y freno
En abril de 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por intermedio de una consultoría del sociólogo y docente de la Udelar José Fernández, buscaba una forma de erradicar el trabajo infantil en la clasificación de residuos y sostenía que la única vía es mediante la regularización de todo el sistema, incluyendo la labor de los “clasificadores”. Recomendaba una serie de acciones a partir de un cronograma que establecía que para 2015 el mercado debía estar totalmente formalizado. La fuente gubernamental dijo que el plan era “totalmente posible”, y apuntó a la IM como la responsable de que se trancara. Consultado sobre este punto, Canessa replicó que lo que proponía la OIT era crear “una cooperativa de clasificadores, después otra, y luego prohibir la clasificación de residuos, lo cual en un gabinete académico puede ser algo lógico pero no lo es en la práctica”.
Entrañable transparencia
Semanas atrás tomó estado público el conflicto de la División Limpieza de Adeom, que entre otras cosas reclamaba que a los funcionarios se les pagara una prima por insalubridad que había sido suprimida por la última dictadura. Sin embargo, los municipales también son parte del confuso sistema de gestión de residuos. Según narró Sarachu, se han registrado desvíos de camiones recolectores conducidos por funcionarios hacia los depósitos, para su venta, cuando debían ir a las usinas de disposición final. Sin embargo, según dijo Ostria, durante su gestión no pudo comprobar tales acciones.
Pero en las transacciones también pueden constatarse otras dinámicas poco transparentes, como las de algunos porteros de edificios que cobran a los “clasificadores” para retirar los residuos “a su cargo”, o entre las propias empresas formales. Según dijo Jorge Ramada, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del PIT-CNT, Ipusa y Pamer tienen un precio diferencial con los depósitos, y les compran a un valor más elevado que a cualquier otro oferente. El dirigente sindical señaló además que no se han podido organizar sindicatos en los depósitos porque son disuadidos por las empresas, pese a algunos intentos realizados por la central. Otro ejemplo son las variaciones en los pesajes, sobre las que depositeros y recolectores se acusan mutuamente de intervenir a su favor, para de esa forma obtener mayores ganancias.
La propuesta de acción de la OIT, a la que accedió la diaria, recomendaba que a través de un proceso de acompañamiento a las familias de recolectores por cuenta propia se produciría la formalización del sector, lo que traería consigo una mejora en la calidad de vida (cobertura de salud, capacitación laboral, reinserción educativa) y se buscaría una redistribución de la renta en favor de los “clasificadores” (formación de emprendimientos, apoyo económico). Las principales soluciones para las familias provendrían tanto de fuera como dentro del rubro. A su vez, la consultoría marcaba la necesidad de regular el mercado, “fijando y/o controlando precios a los efectos de controlar prácticas monopólicas o niveles de competencia que atentan contra el bienestar de los trabajadores fuera de la relación de dependencia”.
Actualmente los precios son fijados por el depositero, y si de una semana a otra quiere variarlos, no tiene impedimentos. Los recolectores tienen muy poco margen para incidir, y según Canessa pueden constatarse diferentes precios en distintos puntos del país, y muchas veces se establecen “según la cara del clasificador”. Explicó también que eso se traslada a la limpieza de la ciudad, porque cuando el país tuvo una fuerte baja en la producción de papel, dicho material quedaba en las calles porque el precio fijado por los depósitos también había caído.
De acuerdo al diagnóstico de la consultoría de Fernández, en la recolección de residuos el trabajo infantil es potencial, principalmente por la informalidad en el sector. Como la mayoría de los “clasificadores” lleva a su casa los residuos para la separación, los niños los naturalizan como parte de su vida cotidiana. Además, al ser una actividad de riesgo, muchas veces el jefe de familia sufre lesiones o enfermedades que le impiden salir a la calle, y son los niños quienes deben encargarse de la tarea o al menos dar ayuda para asegurar el ingreso diario en sus hogares.
La mano invisible
Canessa consideró que no se intervino hasta el momento porque durante muchos años se miró solamente la faceta social del tema y se desconoció la económica. “Acá hemos tenido la idea de que si cortamos con esto, los clasificadores se van a quedar sin trabajo, pero si lo cortamos, se puede formalizar el sistema y lograr que la gente trabaje en mejores condiciones. Cuando en Argentina se cierra una fábrica en la que bolivianos son explotados nadie dice: pobres bolivianos, a dónde van a ir a trabajar ahora”, sentenció.
De todas formas afirmó que hubo avances, como un ajuste de impuestos a las empresas formales del sector, en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI). Según explicó su director, Pablo Ferreri, se reforzó la fiscalización sobre las empresas más grandes del sector y se ajustaron los impuestos a las ventas. Según explicó, se pasó de 5% a 8,5% sobre el total de las ventas, en un mercado que por año mueve 150 millones de dólares según las cifras de ese organismo estatal, aunque varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que a partir de la gran actividad informal, la cifra asciende a varios millones más. Sobre este punto, Gerardo Sarachu, coordinador de la Unidad de Estudios Cooperativos de Extensión Universitaria, dijo que en realidad el ajuste que se realizó a las empresas se trasladó de inmediato al precio de compra a los recolectores.
El director de Desarrollo Ambiental destacó además que desde la IM se definió abordar el tema en conjunto con la división de Desarrollo Social, y en coordinación con el Banco de Previsión Social y los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Interior, y Economía y Finanzas, y destacó el aporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para mejorar la gestión de residuos (ver páginas 6 y 7). Además, Canessa señaló que están trabajando en conjunto con parlamentarios del FA sobre el tema.
Consultado por la diaria, el legislador y presidente de la Departamental Montevideo del FA, Carlos Varela, sostuvo que la bancada oficialista no ha abordado el asunto hasta el momento, y que solamente lo han hecho los legisladores que coordinan la bancada con la IM. Varela comentó que los contactos que la bancada ha tenido fueron más que nada informativos, y señaló que en algún momento puede ser necesario elaborar un proyecto de ley. El diputado dijo también que cuando el Poder Ejecutivo lo considere pertinente se dedicarán a analizar el tema.
Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Marisol Mallo adelantó a la diaria que están elaborando un proyecto de ley sobre residuos que, además de buscar definir los lineamientos generales, dotará de los instrumentos concretos para su aplicación, en estrecha coordinación con los ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Social. Sin embargo, desde la cartera de Economía manifestaron desconocer la intención de concretar una ley con estas características, mientas que desde la de Trabajo dijeron estar trabajando en el tema únicamente por la erradicación del trabajo infantil.
Por su parte, Viviana Basanta, directora del Programa Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social, señaló que están participando en la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente, órgano que redacta el proyecto de ley en concordancia con lo que plantea Presidencia. Basanta consideró que la iniciativa está “avanzada”, si bien comentó que están un tanto atrasados en el cronograma, debido a que se preveía que estuviera pronto para mediados de este año.