El arranque de 2012 estuvo marcado por un clima agitado en el ámbito de la educación. Los conflictos y las medidas adoptadas para sobrellevar la situación generaron diferencias y discusiones entre políticos de todos los sectores, entre los actores y el resto de la comunidad.
En el mes de febrero, tras la firma del acuerdo educativo interpartidario, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, anunció que este año comenzará a delinearse el Congreso Nacional de Educación. El primero tuvo lugar en 2006 y se le denominó “Maestro Julio Castro”.
En la actualidad, la realización del congreso está prevista en la Ley General de Educación, Nº 18.437 de diciembre de 2008; el artículo 44 establece que la integración debe ser “plural y amplia” con el objetivo de que “refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación”.
Asimismo, “constituirá el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación” y será convocado “como mínimo en el primer año de cada período de gobierno” por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Universidad de la República (Udelar) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Previa
Ante la posibilidad de que este año se concrete un nuevo congreso nacional, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de Extensión Universitaria organizó el viernes en el local del PIT-CNT un debate con algunos integrantes que formaron parte de la comisión organizadora del Congreso Nacional de Educación en 2006: el maestro Miguel Soler; Agustín Cano, que en aquel entonces integró el comité como representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); y Sergio Somaruga, quien representó al Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (CEIPA).
Cano fue el encargado de abrir el encuentro y hacer una síntesis de lo que fue el debate educativo seis años atrás. En primer lugar lo definió como “una experiencia muy rica, con todas las dificultades que tiene la participación en nuestro tiempo y la discusión del debate de ideas”. Asimismo, la describió como una experiencia “llena de contradicciones, de vaivenes, de polémicas, de disputas” porque estaban en juego distintas opiniones y concepciones sobre la educación y la ley educativa.
Reconoció que una vez finalizado el congreso se consolidaron dos opiniones entre gobernantes de la oposición y de “buena parte del gobierno”. En primer lugar, que el debate fue una experiencia manipulada por los gremios y las corporaciones, y por otra parte, que el debate se redujo a “un montaje que el gobierno hizo para validar una ley que ya tenía pensada”.
Cano relativizó ambas percepciones y argumentó su punto de vista detallando las instancias preparatorias del congreso, donde se desarrollaron más de 700 asambleas territoriales en distintos puntos del país, se registraron unos 19.000 asambleístas, participaron representantes de unas 150 organizaciones y se crearon más de 400 documentos que fueron enviados para debatir en el congreso. Más allá del involucramiento, el aporte global y la participación que se logró, opinó que la valoración de las ideas que surgieron del debate no fue la esperada ni la que ameritaban las iniciativas diseñadas.
Somaruga respaldó la importancia de la experiencia del debate educativo. En su exposición puso acento en la participación social, aspecto que no surgió de la herencia de antiguos gobiernos, sino que se trató de algo nuevo pero que se discontinuó. También se refirió al no aprovechamiento de las ideas que surgieron del debate, a la escasa atención brindada y a los criterios implementados: “No sólo los asuntos estratégicos y centrales que se resolvieron en el Congreso de Educación Julio Castro no fueron consagrados en la normativa, sino que nos encontramos que en la ley se consagran las posiciones minoritarias”. “Esto habla de que ya había una pre concepción de la ley antes del debate; esto es una forma de hipotecar la participación”, añadió.
Sin forzar
El maestro Miguel Soler reflexionó a partir del conocimiento y la experiencia que le ha dado formar parte del sistema educativo nacional desde hace muchos años. Aclaró que si bien integra el Grupo de Reflexión sobre Educación -conformado por trabajadores de la educación- habló a título personal, aunque leyó algunas de las recomendaciones recientemente efectuadas por el grupo. Se refirió al acuerdo interpartidario de educación firmado en febrero y a la realización del segundo congreso nacional, el cual surge “en una situación de notoria confusión, de enfrentamientos por el poder personal o institucional, de desaliento de muchos docentes que se hacen preguntas que no tienen respuestas, de debilidad de liderazgos, de desconocimiento del papel que les corresponde a las Asambleas Técnico Docentes, de decaimiento sindical, y de insuficiencia presupuestal”.
Cuestionó el alcance del acuerdo interpartidario y el protagonismo asumido por la Cámara de Senadores al coordinar en materia educativa. Además de citar la Constitución de la República para demostrar la existencia de contradicciones, se refirió a citas efectuadas a la prensa por legisladores, responsables de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad de la República y dirigentes sindicales.
Hizo especial hincapié en el rol de los medios de comunicación en la discusión: “Hubo, hay y seguirá habiendo un gran interés en los medios de comunicación por la educación pública durante toda esta legislatura. Es una participación, en general, sesgada, mayoritariamente crítica, con escasos aportes profesionales y con adjetivaciones casi siempre ofensivas para los trabajadores de la educación. Que tiende a crear en la ciudadanía un estado de espíritu sobre la educación pública que está basado en la ignorancia, en la simplificación, la exageración, la simple difamación”.
Al finalizar su exposición, Soler fue el primero en recibir consultas del público. Alguien que se presentó como un maestro que no ejercía y que se sentía “desmotivado”, le preguntó qué posibilidades hay de salir de la “situación de crisis” que vive la educación. Lo primero que argumentó el maestro fue: “¡Yo no pierdo el optimismo!”. “Los pueblos no desaparecen, las instituciones no desaparecen, la educación pública no va a desaparecer”. Además puso en duda el término “crisis” utilizado por el docente. “¡La educación está en crisis!, ¡La pusieron en crisis! La educación siempre vive en crisis si por crisis entendemos la necesidad de renovarla, mejorarla, de llevar adelante nuevas ideas, etcétera”.
Consideró que para que la educación apunte a consolidar una sociedad más solidaria, con mayor justicia social y sin pobreza, debe seguir un proceso dinámico y hacia adelante, “y creo que éste es el caso de nuestra actual sociedad”. Es aquí que docentes y educadores cumplen un papel fundamental; no deben ser ajenos al debate ni a las ideas establecidas en acuerdos multipartidarios, sino que tienen que ser protagonistas en la toma de decisiones.