Parte médico

Editar

-La reforma apunta a cambiar el vínculo entre los distintos actores del sistema y que el usuario deje de ser paciente y se convierta en un sujeto activo. ¿En qué momento de ese proceso nos encontramos?

-Pasamos de una categoría de cliente a la de paciente, luego a usuario, y yo diría que tenemos que pasar hacia la de derechos ciudadanos. Nuestro modelo de atención pretende que se ejerza el derecho a la salud, por lo que entendemos que la relación entre ciudadano y equipo de salud debe ser diferente. La relación comunicacional está en el centro de la problemática y en eso somos muy concretos: un ciudadano no puede considerarse pasivo ante sus derechos, pero también debe reconocer sus deberes. Aún estamos lejos; hay que avanzar y estamos proponiendo varios mecanismos. Uno es romper con la inequidad Montevideo-interior, tanto en la formación del recurso en cantidad y calidad, como en el acceso a la salud, o en aspectos salariales. Pero también debemos reconocer que los ámbitos académicos tienen destiempos con relación a la reforma. Por eso estamos trabajando con la Universidad de la República [Udelar] para formar recursos de forma distinta. Los planes de estudio son una forma de cambiar la concepción de salud, así como la relación ciudadano-recursos humanos.

-¿Cómo revertir esa desproporción?

-Esa desproporción va a durar mucho tiempo, y la reforma pretende ir cambiando ese modelo. Desde el punto de vista teórico el cambio es muy fácil, pero desde el punto de vista práctico lleva tiempo. Por un lado, pretendemos hacer programas que permitan llegar a la gente, uno de ellos es el de salud mental, que en su momento fue muy cuestionado pero ahora está dando grandes resultados. Yo creo que era una esfera en la que había ciertas concepciones hegemónicas. No había una concepción de que la salud mental no es un problema exclusivamente del médico y que va mucho más allá de la patología crónica o aguda. La salud mental es el comportamiento de todo lo que pasa a nivel social como las adicciones, comportamientos violentos, compulsivos y de consumo, entre otros. El segundo es el de salud rural, que apunta a aquella población que de derecho tiene acceso, pero de hecho no le llega. Tercero, estamos trabajando en el observatorio de recursos humanos en conjunto con la Udelar, que nos permite planificar estratégicamente a mediano y largo plazo.

-¿El caso de los enfermeros homicidas marcó un antes y un después en la relación?

-Yo creo que fue un evento no esperado. En primer término, los que trabajamos en la salud, trabajamos por la vida y no en el marco del asesinato y la criminalidad. Segundo, este tema planteó algunos elementos que estaban en la vuelta, como la confianza en el equipo de salud y en las prestaciones. Es un tema que la sociedad venía durante mucho tiempo planteándose veladamente, pero nunca tan descarnadamente como ahora. Yo creo que no se puede ser reduccionista con un tema así; no estamos ante una nueva etapa sino ante una etapa aguda que hay que superar. Cuando digo que no hay que ser reduccionistas me refiero a que tenemos que aprender sobre un hecho inesperado y ajustar los mecanismos del error, la mala praxis o la muerte inexplicable. No podemos reducir el vínculo a la criminalidad.

-¿Considera que la opinión pública y el sistema político abordaron de distinta forma el caso según se tratara del Maciel -por ser una institución pública- o de la Asociación Española -por ser privada-?

-Creo que hay una visión del derecho administrativo que nos permite ver al sector público como el que representa todo. Las instituciones privadas están en el sistema y tienen tantos derechos como cualquier institución. Acá también juegan de forma solapada los medios de comunicación, ¿dónde han puesto el mayor reparo? En la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE] y en el Maciel. Yo no voy a dar la explicación, la tienen que dar ustedes también. Yo sé por dónde va la cosa. No podemos hacer juicios apresurados en los que el sistema público es el que se lleva las mayores reprimendas. Claro que tiene dificultades, porque antes de 2005 fue el sector más postergado y porque allí se atiende más de 50% de nuestra sociedad. Habría que preguntarse si no habrá una visión también de intereses frente a la salud. Yo creo que sí.

-¿Qué tipo de intereses?

-Económicos, ideológicos y de concepción de la salud pública. La salud pública es todo, toda la sociedad. No es el MSP. Este ministro es de todos los uruguayos, no es ministro de ASSE o del Hospital Policial. La forma de concebir a la salud como una mercancía colide muchas veces con los intereses de la salud pública como concepción. Por eso en mi interpelación dije que hay que caminar por los hospitales y hay que saber de salud, no en forma peyorativa, pero hay que trabajar con todos los prestadores por igual. Por eso los seis puntos que desarrollamos como respuestas frente al caso de los enfermeros fueron para todo el sistema y no sólo para el público.

Los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud [OPS] fueron tanto al Maciel como a la Española. Los intereses en salud son los intereses del país y no los de un subsector.

-¿Qué novedades hay sobre las investigaciones administrativas realizadas en ambos servicios?

-Vamos a acudir el 5 de junio a la comisión de Salud del Senado para dar el informe. Tenemos ya el informe previo de ASSE y vamos a esperar el de la Española.

-¿Se instalarán cámaras de video en los centros de salud?

-Es una propuesta y hay que estudiarla mucho. Yo diría que es una herramienta que permite visualizar algunas cosas pero también tenemos que tener otras visiones. Una de ellas es el derecho del usuario a su propia intimidad, o el de los trabajadores a realizar sus actividades competentes. Puede ser, hay que estudiarlo. No hay resultados internacionales sobre eso. La cámara resuelve la visibilidad pero no el acto. Un paciente internado en un CTI realiza más o menos 200 actos en salud por día; saque conclusiones. Hay que preguntarse si el instrumento hace al método.

-Varios grupos de enfermeros presentaron quejas acerca de la escasez de personal y bajos salarios, que los lleva a tener más de un empleo, lo que produce un agotamiento mayor. ¿Qué opina usted al respecto?

-Hay que diferenciar a la Enfermería profesional de los auxiliares de Enfermería. Creo que estamos frente a un recurso escaso e invertido. Hoy en día hay seis o siete médicos por enfermero profesional, lo que es una dificultad. Nos parece que hay que trabajar en formación de recursos humanos, no sólo en cantidad sino también en calidad. En el equipo médico en general hay desgaste, por temas como la situación laboral y el poliempleo. Por ejemplo, los pediatras tienen 3,7 empleos en promedio, 60 horas semanales. Son diez horas por día de trabajo si descansan los domingos. Pongámonos en el lugar del enfermero, un modelo casi parecido. Poco descanso, mucha fatiga y situaciones laborales complejas.

-¿Qué se hace con ese diagnóstico?

-Estamos trabajando, primero en una comisión del observatorio para ver la planificación de recursos humanos. Segundo, nos parece que tenemos que ir rumbo al monoempleo y al trabajo en un servicio único. Yo digo que acá hay tres círculos: el primero es pensar que todo se resuelve con el tema salarial. Hay que cambiar las condiciones de vida y de trabajo. No se puede pensar que la medicina resuelve todo; hay que cambiar las condiciones de vivienda, trabajo, dispersión y tiempo de ocio. Lo más duro es que los mismos profesionales se van a resistir a dejar el poliempleo, porque el ingreso es diferente.

-¿Cuál es su postura en torno a la legalización del aborto? ¿Por qué cree que al sistema le cuesta tanto su resolución?

-Yo creo que el tema se ha politizado y se ha puesto en un lugar de criminalización de la situación, y no es así. La interrupción del embarazo es un derecho del ser humano, tanto de la mujer como de la pareja en conjunto. Nadie está a favor del crimen, excepto que tengas alguna perturbación en el comportamiento. Dar las condiciones de salud adecuadas para ello es una labor de vida. Mi posición es que hay que legalizar la interrupción del embarazo por una razón obvia: de cualquier manera se van a seguir haciendo abortos clandestinos bajo condiciones en las cuales el sector de la sociedad involucrado lo hace en peores condiciones, lo hace de forma infrahumana. El sistema político ha politizado e ideologizado el tema y me parece que va mucho más allá. La muerte de una madre que aborta clandestinamente es mucho más fuerte que la decisión ideológica. Si se hacen más de 30.000 abortos -yo creo que se hacen muchos más-, ¿por qué lo desconocemos? No está comprobando en el mundo que cuando se legaliza, aumenta la cantidad de abortos, eso es una falacia. La segunda falacia es que disminuye la tasa de natalidad, eso tampoco pasa, y está comprobado.

-¿Qué rol cumple el MSP en el Plan Invierno del Ministerio de Desarrollo Social [Mides]?

-Nosotros trabajamos directamente con el Mides. El MSP no es un prestador de salud; el que trabaja directamente en la prestación de salud es ASSE. Yo tengo entendido que hay un grupo de ASSE que está trabajando en las comisiones para el diagnóstico y para permitir que las personas tengan condiciones de salud, y que no lleguen al extremo de la muerte. El MSP lo único que hace es normatizar y ver si están en condiciones, pero hay una confusión. La rectoría del MSP es normatizar, controlar, fiscalizar y fijar pautas de salud. Cuando interpelan al ministro, ¿qué interpelan?, ¿las políticas sanitarias o las de prestación? Es interesante. El plan que sí estamos implementando es el Puedes, para urgencias y emergencias en el invierno.

-La semana pasada se puso en marcha un resonador magnético en Tacuarembó y en el último tiempo su presencia [del ministro] en el interior fue reiterada. ¿Cuál es la estrategia que se traza el ministerio al respecto?

-Nuestra presencia en el interior es por una decisión política y técnico-administrativa. Entendemos que la reforma de salud no sólo debe aplicarse en los polos más desarrollados -Montevideo y Canelones-. Queremos estar donde están los problemas para dar las respuestas y realizar los ajustes necesarios, y también pretendemos conocer a los protagonistas. Recorrimos toda la zona del litoral por un tema como el dengue, por el que estamos muy preocupados. No solamente debemos realizar propuestas sino también ver a los comité de emergencia departamentales, sentarnos con los distintos intendentes, trabajar con los prestadores de salud, con la Policía y con los bomberos, entre otros. En lo que hace a los accidentes de tránsito, estamos frente a una epidemia. No solamente hay que trabajar con la Unidad Nacional de Seguridad Vial [Unasev], debe trabajarse en promoción y prevención con educación, pero también debe estar presente la fiscalización. No queremos trabajar sobre los lesionados o los heridos.

-¿Puede decirse que Tacuarembó se está convirtiendo en un polo importante de salud en el interior?

-El MSP tiene la potestad de fiscalizar, ejecutar y derogar aspectos tecnológicos. Hay que mantener un orden para que se impulse una tecnología en forma equitativa y que toda la ciudadanía pueda hacer uso de ella. En el caso del resonador magnético, que es una tecnología de alto porte, tiene que tener cobertura, eficacia y complementariedad regional. El hospital de Tacuarembó es un centro en desarrollo continuo, al igual que el de Salto, Bella Unión y Maldonado, y también los centros públicos de Montevideo.

Por lo tanto, poner tecnología de alto porte más allá del Río Negro es un avance histórico, por eso se eligió Tacuarembó. Tenemos en vista poner otro resonador que tenga características similares. Si se hace una inversión de este estilo -1.800.000 dólares- tiene que llegar a todos. De ninguna manera queremos restringir la tecnología, pero sí la queremos racionalizar. El otro resonador está en estudio: veremos si será en Young, en Salto, o en Paysandú. Tenemos que pedir los proyectos de complementariedad y la eficiencia en cuanto a gastos y utilidad. Queremos fomentar la regionalización para que nuestros usuarios no tengan que desplazarse 600 kilómetros para realizarse una intervención o un examen.

-¿Cómo evalúa la gestión de ASSE?

-ASSE es una institución que atiende a una población vulnerable y no a otro sector. Ha tenido temas de gestión que está reestructurando, está haciendo el plan estratégico de funcionalidad, está trabajando con cada una de las unidades ejecutoras que tiene el país -que son 64- para poder regionalizar y descentralizar; es una institución a la que hay que darle tiempo.

-¿Qué lugar considera que debe ocupar el hospital de Clínicas en el sistema de salud?

-Mi visión, totalmente comprobada y consensuada, porque trabajé muchos años ahí, es que el hospital universitario es un centro nacional de referencia. Tiene tres cometidos que son la investigación, la atención y la extensión, y al ser un hospital de referencia debe permanecer en la órbita universitaria. Ahí es donde tenemos que testear la tecnología y formar los recursos. Además, debe estar inserto en la red pública de atención.

-¿Y en materia presupuestal?

-Es un ente autónomo, y la Udelar debe darle prioridad a un hospital universitario, como lo hacen muchas universidades en el mundo.