Hace años que el edificio capitalino ubicado sobre Gonzalo Ramírez, entre Joaquín de Salterain y Pablo de María, es habitado por ocupantes. Allí dentro residen desde familias hasta personas señaladas como delincuentes. La convivencia entre ellos y con los vecinos de la zona siempre fue difícil y se han efectuado denuncias en diversos organismos municipales y estatales.
La ocupación de la antigua parrillada, regenteada por un perseverante comerciante de Villa Española que fue creciendo hasta convertir el predio en un hotel de escasas estrellas, comenzó en 2008. El hecho se produjo tras muchos años de endeudamiento, por la crisis económica de 2002, por diferencias familiares y dificultades en la administración.
El constante mal trato del edificio llevó a poner en riesgo no sólo la estructura central sino también los edificios linderos. El reclamo de los vecinos de la zona derivó en el pasado en una intervención por parte de la Intendencia de Montevideo para hacer obras en la sanitaria y el destino de las aguas servidas. Además, se incrementó la seguridad policial en la cuadra para reducir los robos y las situaciones de violencia a las que estuvieron expuestos los vecinos.
Finalmente, el martes 26 se producirá el remate judicial del inmueble sin base establecida. El edificio de cuatro plantas es presentado como una “oportunidad de inversión”. No obstante, entre otras cosas, se previene que “se desconoce el estado de ocupación del bien a subastarse”, y “que existe deuda de contribución inmobiliaria e impuesto de Educación Primaria, únicos rubros imputables al saldo de precio hasta la fecha de remate, desconociéndose cualquier otra eventual deuda que por otro concepto pudiera existir”.
Fernando Rodríguez, defensor del Vecino de Montevideo, definió el acontecimiento como una “buena noticia”, e insistió en que lo ideal sería “contar con una herramienta judicial legal” para resolver ésta y otras situaciones similares.
Asimismo, explicó que la semana pasada comenzaron a coordinar esfuerzos con distintos organismos del Estado para detectar en qué condiciones están los actuales ocupantes y las posibilidades de realojo para los núcleos familiares.
Carlos Varela, alcalde del Municipio B, aclaró que una vez que el edificio sea rematado -si es que hay ofertas- los desalojos correrán por cuenta del inversor. Sin embargo, adelantó que éste será respaldado. “Habrá que ver quién lo compra y cuáles son las acciones judiciales que tomará, y nosotros veremos desde lo institucional cómo podemos colaborar”.
Abandono
El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, presentará hoy al Parlamento un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, brindará herramientas al Estado para actuar ante situaciones de fincas abandonadas.
“Hoy el Estado se encuentra imposibilitado de actuar porque se argumenta que son inmuebles que pertenecen a privados”, comenzó detallando el diputado frenteamplista. Según el proyecto elaborado, una vez que la Justicia declare en estado de abandono una propiedad, un organismo nacional o departamental podrá actuar y en la mejor de las situaciones podrá convertir la propiedad en viviendas de carácter social.
La vivienda podrá ser declarada en situación de abandono una vez que se comprueben los cinco años de incumplimiento de las obligaciones que determina la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que rige desde 2008. Esa norma, entre otras cosas, establece: “Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el Gobierno Departamental competente”. Dice también que los propietarios del inmueble “deberán vigilarlos y protegerlos frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las acciones que éstos puedan ejercer”.