Los procedimientos policiales motivados por la denuncia presentada por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) de la Facultad de Derecho continuaron ayer pero cambiaron de centro universitario. Desde la mañana funcionarios de Interpol estuvieron en un local de fotocopias frente a la Facultad de Psicología que pertenece a uno de los dueños de un local de la galería Montecarlo, que estaba cerrado desde ayer por precaución, según dijeron desde el entorno de la facultad. Sobre la media tarde llegó uno de los camiones que el lunes se habían llevado 70 máquinas de los locales de la galería, e hizo lo mismo ante la sorprendida mirada de estudiantes, docentes y funcionarios de Psicología.
Ayer también hubo novedades en el plano judicial. El juez de Crimen Organizado Martín Gesto procesó sin prisión a 14 personas por “venta, reproducción y almacenamiento de una obra publicada, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares”, de acuerdo a lo solicitado por la fiscal del caso, Mónica Ferrero. Además, la Justicia también investiga la conexión de los delitos con evasiones fiscales.
Consultado por la diaria, Pablo Ferreri, de la Dirección General Impositiva, dijo que fueron citados expertos como auxiliares de la Justicia para colaborar en la investigación y explicó que si de ésta surge alguna otra instancia continuarán los procesos pertinentes.
Se declararon
Ayer también fue un día de varias declaraciones. La FCU rompió el silencio y en un comunicado aclaró que “la denuncia presentada no fue dirigida contra pequeños comerciantes que colaboran artesanalmente con facilitar el acceso de estudiantes al conocimiento, sino contra verdaderas organizaciones empresariales que basan su actividad no sólo en la evasión del pago de obligaciones fiscales sino en el abuso de la actividad e inversión de autores y editores, a costos inexplicables que ameritarán seguramente otras indagatorias”.
Además, el comunicado explica que el fotocopiado de obras es precisamente uno de los factores que generan el encarecimiento de los libros porque reduce sus ventas, lo que genera que el tiraje sea menor y que, por lo tanto, los ejemplares aumenten sus precios. También expresa que la FCU estudia permanentemente formas de democratizar el acceso a los libros y menciona que, por ejemplo, tiene un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos y con buena escolaridad. Al mismo tiempo, propone que se vendan sus libros a precio de costo a bibliotecas públicas, aunque en diálogo con la diaria, el presidente de la FCU, Marcelo Vigo, explicó que para pensar otras iniciativas hacen falta recursos con los que no se cuenta. La FCU también se muestra afín a colaborar en la formación y mantenimiento de plataformas “seguras” en las que habilitar lecturas digitales.
Por su parte, el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) también emitió una declaración en la que muestra su profunda preocupación por el acceso a los materiales de estudio de la Facultad, al tiempo que expresa su solidaridad con los estudiantes detenidos que trabajan en la galería Montecarlo. Además reclaman que se convoque en forma urgente a una reunión entre autoridades universitarias y de la FCU para evaluar medidas en el corto, mediano y largo plazo para solucionar la situación del acceso a materiales de estudio. En esa línea, plantean la urgencia de que se retomen y profundicen algunas acciones al respecto, como un proyecto de ediciones estudiantiles de libros a bajo precio, otro de ediciones digitales, becas en fotocopias y la promoción de autorizaciones para el fotocopiado a cambio de un canon.
En contacto con la diaria, el integrante del CED Nicolás Brener explicó que la FCU no tiene ningún vínculo con el centro de estudiantes y que funciona en un régimen de empresa. “El CED no fija el precio de los libros de la FCU, no decide ni opina sobre qué libros hay que imprimir y tampoco trabaja con esos libros. Tampoco tiene acceso a su rendición de cuentas”, aclaró. Además explicó que la FCU tiene su sede en la calle 25 de Mayo, separada de la Facultad de Derecho, y que si bien hay una coordinación, porque en sus orígenes fue erigida por el CED, el centro no tiene ninguna injerencia en la FCU. Sin embargo, en la página web institucional de la FCU se establece que los integrantes de su junta directiva “deben contar con la confianza del CED”, que tiene potestades para sustituir a cualquiera de sus integrantes en todo momento.
Otras voces
Juan Andrés Ramírez, docente de la Facultad de Derecho, dijo a la diaria que, como en cualquier otra actividad, “lo que no es permitido es el exceso”. Agregó que “es obvio que la utilización de fotocopias para uso privado o para uso académico y estudiantil -como apoyo de clases-, es algo absolutamente natural. Normalmente los docentes llevamos fotocopias de sentencias o un capítulo de algún autor para repartir a los estudiantes que no lo tienen y lo puedan leer”. Aclaró que, a su juicio, el “uso de las fotocopias es absolutamente legítimo” cuando no tiene otra finalidad que “la de permitir un mejor estudio por parte del alumnado”. Pero “cuando se sobrepasa la racionalidad y la utilización del método de fotocopiado, compitiendo contra la industria editorial, y contra el derecho de autor y del editor, ahí claramente debe prohibirse”. Ramírez considera que la solución sería el acceso a ediciones más baratas, con las que “sólo se puede contar con la prohibición de la forma ilícita”. Asegura que la violación a la ley se lleva a cabo cuando el fin de la reproducción es la concurrencia -la competencia en el mercado-, por lo que, si se fotocopia entre estudiantes para compartir entre ellos, “no se incurre en la violación de la ley por esta reproducción parcial. Lo que uno no puede hacer es salir a vender libros”.
El director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, dijo que él y el titular de la cartera, Ricardo Ehrlich, consideran necesario tanto facilitar el acceso de los estudiantes a los textos como reconocer el derecho de sus creadores: “Se buscan mecanismos para reconocer los derechos; en primaria y secundaria se resolvió mediante las plataformas del Ceibal, con el pago correspondiente a los derechos para esos formatos”. Álvarez declaró que Interpol no se comunicó con Ehrlich, y cree que si se debe poner tras las rejas a quienes tengan libros fotocopiados “no quedaría nadie”, aunque reconoce que si la ley existe se debe aplicar; “no se trata de proteger negocios ilícitos sino de actualizar la ley, o por lo menos revisarla”, “sin quedar estancados en viejos clichés”.
Usos y gratificaciones
En la Facultad de Derecho el uso del EVA demoró algunos años en generalizarse; no obstante, en la actualidad es parte de las actividades cotidianas de los estudiantes y docentes. Según explicó la docente grado 4 del Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar Virginia Rodés, a cargo de la coordinación del EVA, entre el personal docente de la facultad “había una brecha digital más profunda que en otros servicios, porque no estaba tan habituado al manejo de tecnologías”. Rodés agregó que eso se unía al estilo institucional y el tipo de prácticas profesionales, lo que impactó en el uso del EVA, “postergando un proceso que ahora, no obstante, se encuentra en veloz y profundo crecimiento”. Prueba de eso son los más de 250 cursos universitarios que ya existen en el EVA.
La profesora titular de la Facultad de Ingeniería -ex decana de esa institución y ex ministra de Educación y Cultura- María Simon dijo: “Si hay leyes hay que cumplirlas, ya que esto es algo que todos dicen. Como también dicen que el acceso a la cultura debería ser libre, y yo estoy de acuerdo, aunque cuando uno sabe que hay autores que viven de eso hay que ser cuidadosos, aun cuando la que más percibe suela ser la editorial”. Simon considera que cuando hay autores y editoriales uruguayas que viven de esto, es necesario “preservarles su medio de vida, pero no sólo por medios coercitivos”. Sostuvo que en los casos a los que ella ha tenido acceso, se ha buscado contar con los libros disponibles de forma pública, cargándolos en páginas web o en programas auxiliares a la enseñanza, como la plataforma Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Dijo que los estudiantes tienen que poder acceder al material y “tal vez lo lógico es que el Estado, por intermedio de la Universidad o de la entidad que se quiera, genere un sitio web accesible, manteniendo un trato con los autores y pagándoles por integrarlos”. Consideró que esta medida podría incluso generar un tipo de biblioteca de “alta calidad”. Un ejemplo cercano es el proyecto del Plan Ceibal, que cuenta con un sitio de textos y remunera a los autores nacionales cuyas obras utiliza. Además, una propuesta estatal que surgió este año es el proyecto Copias Gratis Estudiantiles, cuyo objetivo es entregar 50 fotocopias mensuales a todos los estudiantes de secundaria del país. Sin embargo, esta propuesta es fuertemente criticada por la Cámara Uruguaya del Libro, que considera que viola abiertamente el derecho de autor.
En el marco de las actividades que generó la Universidad de la República en torno a la Semana del Acceso Abierto, el rector Rodrigo Arocena dijo ayer en el Paraninfo que “la propiedad intelectual genera una tensión que no se resuelve en blanco o negro” y que hay una tendencia en el mundo a hablar sobre el “alambramiento del conocimiento”. Están pasando dos cosas, dijo, “por un lado, hay una explosión de la generación del conocimiento, y por otro, hay una tendencia al cercamiento del conocimiento”. Expresó que sobre los aspectos públicos de la enseñanza, la investigación y la acción universitaria se “nos plantea un enorme desafío de cómo articular, protegiendo todos los derechos involucrados, teniendo en cuenta y promoviendo que los investigadores difundan su conocimiento, cómo hacemos para poner a disposición de todos ese conocimiento”. “La generación de conocimiento que hacemos en nuestras instituciones viene de los apoyos que nos da el Estado y parte de la vocación de servicio; por consiguiente, abrir el espacio a un conocimiento cada vez más público es un tema muy discutido en el siglo XXI”, concluyó.
En la misma actividad, la profesora e ingeniera Marisa de Giusti, de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, experta en la creación de bibliotecas y repositorios digitales, dijo que el derecho de autor fue concebido para proteger a éste pero destacó que “ha habido una tergiversación por parte de las editoriales”. Recomendó a los investigadores presentes en la jornada que cuando decidan difundir producciones profesionales, revisen los contratos y la letra chica “para no quedar atrapados” y alentó la difusión de estos contenidos en sistemas abiertos de publicación.