“No sabía que era menor”; “Ella lo necesita y yo la ayudo”; “Hay gurisas que aparentan más edad”. Son algunas de las frases que figuran en la campaña “No hay excusas”, lanzada ayer al mediodía en la Torre Ejecutiva (ver más en www.nohayexcusas.org.uy). La iniciativa pretende incorporar en la sociedad el concepto de que la explotación sexual comercial infantil es una violación a los derechos humanos fundamentales de niños y adolescentes.
Jorge Ferrando, director del INAU, indicó en conferencia de prensa que se pretende introducir cambios en la “naturalización” respecto de situaciones de explotación. Mediante afiches y piezas radiales se procura “ir sacudiendo esquemas mentales que nos llevan a justificar lo injustificable y que incluso de parte de las autoridades no se llegue a considerar delito algo que claramente está penado por la ley desde hace un tiempo”, comentó. En este sentido, la Ley 17.815 penaliza la “violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces”, aprobada en 2004.
Lo que todos saben
Según Ferrando, en los últimos años se registró un leve incremento de las denuncias respecto de situaciones de explotación. Detalló que entre 2007 y 2009 hubo solamente 20, 21 en 2010, 40 en 2011 y 51 el año pasado. Sin embargo, reconoció: “Estamos bastante por debajo de lo que la realidad parece indicarnos”. Argumentó que son muchos los comentarios que se escuchan, pero a la hora de concretar la denuncia los testimonios se diluyen.
El director del INAU comentó a la diaria que las denuncias son efectuadas por particulares que se encuentran en bares o lugares públicos con adolescentes que tienen una actitud o vestimenta que hace presuponer que se está ante un caso de explotación, o de parte de técnicos que se desempeñan en los programas del instituto.
Sostuvo que la mayoría de ellas se recibe en el interior del país, lo que puede explicarse por el “impacto del trabajo de sensibilización que se viene haciendo”. “En Montevideo es donde estamos encontrando más dificultades para que se hagan las denuncias o eventualmente para poder detectar estas situaciones de explotación”, agregó.
La diferencia capital-interior del país puede estar relacionada además con el tipo de explotación que en cada lugar se efectúa. Existen situaciones vinculadas a las familias de los propios jóvenes y otras relacionadas a redes organizadas. En las primeras, en muchos casos la madre, el padre o un padrastro es cómplice de una oferta de tipo sexual, que no siempre es a cambio de dinero, sino que puede ser por regalos o promesas.
“El hecho de que en Montevideo esté costando más es por las propias características de la zona que es más masiva, y a veces porque se produce en whiskerías o locales comerciales, y no se identifica tanto a nivel barrial. También es posible que pesen más las redes organizadas y sea menos de carácter familiar”, puntualizó.
Ferrando consideró que la mayoría de las situaciones detectadas están vinculadas a la familia, al tiempo que destacó que han aumentado los procesamientos de clientes de consumo sexual de menores, “algo que estaba costando muchísimo”. Poco más de 20 fueron procesados a partir de las denuncias recibidas; la mayoría son trabajadores, fundamentalmente camioneros y del sector obrero. También se conoce información sobre comerciantes o personas influyentes que consumen prostitución infantil, pero ninguno ha sido procesado.
Por su parte, Luis Purtscher, presidente del Conapees, explicó que la explotación sexual es común en algunas zonas del país, y existen cierta “zafralidad” y “momentos picos”. Abundan casos en la frontera, en los puentes y pasajes, y en las rutas. Se incrementa cuando hay grandes emprendimientos productivos encaminados, y en los meses de verano aparecen más situaciones de lo común en departamentos del este.
Es así
“Tenemos la sensación de que es un tema que en determinado sentido recibe cierta aceptación cultural, no sólo en Uruguay sino en varios países”, dijo durante su exposición Egidio Crotti, representante de UNICEF en el país.
En relación a las denuncias tramitadas en los últimos seis años, destacó que “los derechos humanos son para todas las personas, no puede ser una cuestión de números”. La ponderación no puede ser en función de las denuncias, tiene que ser en relación al debe de la sociedad en su conjunto con estos jóvenes, puesto que la mayoría tiene una larga trayectoria de privación de sus derechos básicos. “Llegar a este último punto es un recorrido de negación de los derechos de la que nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo”, concluyó.
Purtscher también reparó en la necesidad de concientizar a toda la sociedad porque la responsabilidad no corre solamente por cuenta del sistema policial ni judicial.
Sobre el rol de estos actores, el director del INAU consideró que la campaña servirá para concientizar a los jueces y al personal policial al momento de tomar decisiones, recabar pruebas y colaborar para que estas situaciones se terminen. Aclaró que los casos de explotación no siempre son tratados por los jueces actuantes como tal, sino que “quedan disfrazados” en situaciones de violencia doméstica o de abuso. Consideró que las “debilidades” que hay en la formación del personal judicial llevan a que se sigan usando figuras que tradicionalmente se utilizan de acuerdo a la legislación relacionada con la familia, la niñez o adolescencia, y no se considera delito lo que plantea la Ley de Explotación Sexual.