Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Durante 15 años, el Frente Amplio tuvo muchas oportunidades de reflexionar sobre la distancia que hay que recorrer entre las premisas ideológicas y las medidas de gobierno. Los partidos Nacional y Colorado, integrantes del actual oficialismo, tienen una larga experiencia histórica en la conducción del Estado, pero gran parte de quienes ocupan altos cargos carecen personalmente de tal experiencia, y da la impresión de que a veces las convicciones doctrinarias los llevan a saltearse algunos datos de la realidad.
Durante años el precio de los combustibles ocupó un lugar central en el discurso de muchos integrantes del actual gobierno, que lo presentaron como un caso emblemático del excesivo “costo del Estado”, y en especial del lastre que, según su relato, ese costo le imponía al “país productivo” agropecuario. A menudo se afirmó que la solución era liberar la importación, eliminando el monopolio de ANCAP, pero cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración esa medida no tuvo apoyo suficiente para ser aprobada. No fue sólo por visiones ideológicas distintas acerca del papel del Estado, sino también porque, sencillamente, no se presentó evidencia de que la desmonopolización pudiera determinar una rebaja.
De todos modos, se decidió revisar los procedimientos para estimar el precio teórico de venta al público de combustibles importados. La cuestión es que, mientras se avanza en esa línea, afloran discrepancias internas en el oficialismo y se ponen sobre la mesa factores que, como dijo ayer el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, determinan que la discusión no sea sólo económica. Entre ellos, el hecho de que parte del precio actual se debe a normas para el cuidado del ambiente.
En otras áreas, las iniciativas cargadas de ideología no son impulsadas por el gobierno nacional en su conjunto, y tampoco por alguno de los partidos que integran la “coalición multicolor”, sino como proyectos personales de legisladores. En esta edición publicamos notas sobre dos de ellos, que han pasado relativamente inadvertidos.
Uno de esos proyectos, que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores, habilitaría que se obligue a litigar en tribunales extranjeros a ciudadanos o empresas nacionales. El otro determinaría que las instituciones educativas puedan ser forzadas a brindar “las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las convicciones morales y religiosas más representativas entre los padres”.
Incluso en lo relativo a la emergencia sanitaria hay cierta tensión entre lo ideológico y lo práctico. Ayer el Poder Ejecutivo realizó una conferencia de prensa para anunciar medidas ante el aumento de la cantidad diaria de casos nuevos de covid-19, y en particular sobre las que se aplicarán en la ciudad de Rivera. Más allá de la discusión específica sobre esas medidas, es evidente que, por más que el presidente Luis Lacalle Pou reivindique la importancia ideológica de apostar a la “libertad responsable”, cuando la realidad indica que unas cuantas personas están ejerciendo en forma irresponsable su libertad no hay más remedio que apelar a la coerción estatal.
Hasta el lunes.