El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, solicitó ser recibido por la Comisión de Industria del Senado para exponer la situación de la empresa, que enfrentará próximamente “un cambio rotundo de paradigma” con el nuevo esquema en materia de fijación de precios. Según lo dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC), desde 2021 —aunque el gobierno puede establecer un cronograma de implementación gradual— los precios de venta de los combustibles se fijarán previo a la distribución en función del precio de paridad de importación (PPI).

Así resumió el cambio Stipanicic ante los legisladores: “ANCAP hasta ahora, básicamente, ha mostrado resultados que son función de lo que ha determinado el gobierno; así ha sido históricamente. Sin embargo, cuando el nuevo régimen esté implementado, los resultados de ANCAP van a ser netamente su gestión. Porque se le impone el monopolio y que esos productos monopólicos tengan que venderse a un determinado precio —que es el precio de un competidor ideal en Uruguay—, y con esos ingresos tiene que manejar su presupuesto y su operativa”.

Para dimensionar lo que significa esto, el jerarca dijo que “ya no valdrá la pena comparar los resultados del año 2021 de ANCAP con los de años anteriores, porque estaríamos comparando negocios completamente diferentes”.

Al referirse a los resultados y a la situación de las finanzas de la empresa pública, Stipanicic explicó que “en los últimos años la diferencia entre los precios locales y los precios teóricos de la paridad de importación generó un colchón para ANCAP”: vendía combustibles por encima del valor teórico de mercado y tenía mayores ganancias. “Ese colchón de resultados es una contribución que esencialmente hace la sociedad a través del precio de venta al público, y que le permitió a ANCAP mantener su patrimonio, retornar algo de la capitalización ocurrida en 2015 y cancelar algunas deudas”, complementó. Pero ese margen positivo “se consumió en 2018 y fines de 2019”.

¿Cuál es la situación ahora? La petrolera cerró el primer semestre con un resultado negativo de 41 millones de dólares, afectado principalmente por pérdidas financieras producto de la devaluación del peso. En la comisión del Senado, Stipanicic dijo que “el nivel de endeudamiento de ANCAP es muy alto” y se concentra mayormente en moneda extranjera, con una deuda acumulada de 290 millones de dólares.

El jerarca sostuvo que ese monto “al 1º de enero era un valor en pesos uruguayos, y en el presente, con el aumento del tipo de cambio”, es bastante más —el dólar se incrementó 14% en lo que va del año—. “La pérdida por tipo de cambio puede ascender a 70 millones de dólares” a finales de 2020, indicó el jerarca. Agregó que estos aspectos son relevantes “porque la situación de endeudamiento también supone un estrés en los resultados y en el patrimonio de ANCAP”.

A modo de resumen de las líneas estratégicas que tiene el directorio que asumió meses atrás para enfrentar este escenario, Stipanicic señaló: “ANCAP tiene un nivel de desarrollo industrial adecuado que hay que mantener; hay que reinvertir, pero tiene un nivel que no necesita de grandes obras adicionales ni de más o mayor capacidad instalada en ningún tipo de instalación, salvo las normales del crecimiento del negocio. Por lo tanto, nos vamos a enfocar mucho en la gestión”.

La discusión que se viene sobre la tarifa de los combustibles

Stipanicic se refirió luego a las “grandes presiones” que hay sobre la empresa por el precio de los combustibles, y dijo que en el valor al público influyen distintos aspectos que a su entender “merecen una discusión política más profunda, fuera del ámbito de ANCAP”.

De hecho, la LUC también disparó la conformación de un comité de expertos con actores del sector público —que liderará el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)— que, según comentó a la diaria una fuente oficial, analizará los impuestos y subsidios que inciden en el valor de los combustibles, la ley de agrocombustibles que obliga a ANCAP a comprar biodiésel y etanol a Alcoholes del Uruguay (Alur), y las reglas del mercado de distribución.

Sobre los biocombustibles, el jerarca indicó que “la sociedad uruguaya está pagando un sobreprecio de 97 millones de dólares” por la mezcla, que surge de comparar el costo de producción de etanol y biodiésel con el valor del combustible fósil que sustituyen. Esta es una decisión política vinculada a temas medioambientales y va más allá de la discusión sobre los costos de producción de Alur, subsidiaria de ANCAP. “Los biocombustibles reciben un subsidio cruzado y en todas partes del mundo eso es necesario para que haya biocombustibles. ¿Dónde ponemos la aguja? ¿Hasta dónde está dispuesta la sociedad a pagar un sobrecosto por los biocombustibles?”, planteó Stipanicic a los legisladores.

El nivel mínimo de mezcla y que los biocombustibles sean de origen nacional fue establecido por ley tras un acuerdo multipartidario en 2007. El jerarca advirtió que la decisión en cuestión sobre los biocombustibles no es sólo “económica”, ya que “también tiene un impacto social y en el desarrollo del país muy importante”. Esto se vincula con la relevancia que tiene la operativa de Alur en zonas del país como Paysandú y Bella Unión.

“Es incompatible la exigencia a ANCAP de que baje el costo de los combustibles, cuando uno de los principales costos son los biocombustibles, o que se baje el precio de venta al público, cuando uno de los costos son los biocombustibles”, sentenció Stipanicic.

También dijo que habrá que hacer evaluaciones similares sobre otras variables que influyen en la tarifa, como el Imesi (Impuesto Específico Interno), la tasa de inflamables que se paga a la Intendencia de Montevideo (IM) y el fideicomiso que subsidia el boleto a través del gasoil. Estos aspectos requieren “un estudio particular y sistémico para atacar el tema de precio de venta de los combustibles”, añadió.

Kechichian: “Parecía que era muy fácil” bajar las tarifas

La enumeración de variables que influyen en el precio al público de los combustibles llevó al senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech a decir que “a veces hacemos mucho hincapié en la empresa ANCAP, pero quizá el problema del costo esté por fuera”, por “estas condicionantes que se le imponen”.

Esto provocó una respuesta de la presidenta de la comisión y senadora frenteamplista Liliam Kechichian. “Fuimos parte de un gobierno al que durante 15 años se le dijo: no a la suba, sí a la rebaja. Parecía que era muy fácil; es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo si uno quiere la sostenibilidad de una empresa. No es tan fácil de resolver cuando uno es responsable del manejo de las tarifas”.