El juez penal de 1º turno de Canelones Luis Sobot suspendió la audiencia de la causa que investiga el centro de detención clandestino Los Vagones que funcionó en el Parque Artigas de Canelones desde fines de los sesenta hasta el fin de la dictadura.
Este miércoles se debía realizar la audiencia de control de acusación, la instancia previa al juicio oral, donde las partes establecen las condiciones y las pruebas que se admitirán en el juicio. Sin embargo, la instancia fue suspendida luego de que Sobot planteara la necesidad de analizar un recurso de reposición contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, presentado por las defensas de los policías retirados Winston Vitale y Alejandro Ferreira .
El argumento de la defensa de los policías para pedir la recusación de Perciballe y la fiscal adjunta Graciela Malvarez es la falta de “objetividad que debe tener”, según el escrito de recurso de reposición al que accedió la diaria. La defensa de los policías cuestiona a Perciballe por entender que “asume como cuestión propia la condena de los imputados”, además de “presentarse a la prensa dando por probados hechos que no se encuentran acreditados al momento”. En cuanto a Malvarez sostienen que las declaraciones recabadas por ella fueron el resultado de “una puesta en escena” y por suponer vínculos personales con la causa, dado que una de las víctimas está casada con una persona con su apellido.
Fuentes allegadas a la causa calificaron como “disparate” el recurso presentado por la defensa de los policías, dado que los fiscales no pueden ser recusados cuando actúan como parte del proceso, y lamentaron la decisión del juez de suspender la causa, considerando que debió tramitarse en piezas separadas pero sin suspender las actuaciones, tal como lo indica el artículo 281 del Código Penal.
Las fuentes también señalaron que ni siquiera la defensa de los policías que presentó el recurso estaba de acuerdo con la suspensión de la causa por entender que el tema podía resolverse en la misma audiencia.
“Ya tuvimos una paralización por la excepción de inconstitucionalidad, ahora vamos a tener esta suspensión y probablemente después tengamos el tema de la prescripción. ¿Cuándo vamos a llegar al juicio oral y público“, cuestionó el fiscal Perciballe durante la audiencia, en la que anunció que se presentaría ante el Tribunal de Apelaciones.
Además de la recusación de Perciballe, la defensa de los policías formalizados había presentado un recurso de inconstitucionalidad de la ley 18.831, interpretativa de la Ley de Caducidad, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia y un recurso de prescripción de los delitos, sobre el que aún no hay resolución.
La historia de la causa
La denuncia fue presentada el 6 de mayo de 2019 por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y miembros de la asociación civil Ágora que fueron víctimas del centro de tortura Los Vagones. Esta es la primera causa vinculada a crímenes de la dictadura que se rige por el nuevo código de proceso penal, dado que se presentó después de su puesta en marcha, por lo que el juicio será público.
La causa se inició en el marco de un trabajo de recuperación de archivo y memoria que estaba realizando la asociación civil y que llegó a manos de Rubino, que entendió que tenía la obligación, en su calidad de funcionaria pública, de presentarse ante la Fiscalía.
“Lo que estamos haciendo es recuperar la memoria para construir la verdad histórica de lo que pasó en los vagones de Canelones. A través de los testimonios de las víctimas,le dimos visibilidad a un centro clandestino que estuvo invisibilizado por más de 40 años”, señaló a la diaria María Julia Izaguirre, secretaria de Agora.
En el correr de 2019, con el avance de la investigación en fiscalía la causa pasó de sus tres testigos iniciales a 40 personas que dan cuenta del funcionamiento del centro clandestino.
El 29 de noviembre de 2019 se realizó la audiencia de formalización a los tres policías retirados acusados en la causa, Winston Vitale, Alejandro Ferreira y Hugo Guillén, este último perteneciente al departamento de inteligencia y enlace de la Jefatura de Canelones, que estaba a cargo de Los Vagones.
El juez Sobot dispuso su formalización por un delito continuado de privación de libertad especialmente agravado por efectuarse por funcionarios, un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos y un delito continuado de lesiones graves, así como prisión preventiva por 120 días, que vencieron el 27 de marzo.
Vencido el plazo, las defensas de los acusados, que estuvieron recluidos en la cárcel Domingo Arena, pidieron la prisión domiciliaria, que fue concedida por la sede.
Los Vagones
El centro clandestino Los Vagones funcionó en dos locaciones en la zona del Parque Artigas de Canelones. En una primera etapa, entre fines de los sesenta y 1975, funcionó en el edificio de la Escuela de Policía de Canelones, donde ahora está instalada la sede de la Policía Alta Dedicación Operativa. Al fondo del edificio se instalaron tres vagones de ferrocarril, dos en los que se recluía a dirigentes sindicales y políticos -algunos llegaron a permanecer meses en el vagón- y otro donde se depositaban las pertenencias de los militantes apropiadas en los operativos de detención. La tortura se ejercía dentro del edificio.
Entre setiembre y octubre de 1975 los vagones fueron trasladados a unas cuatro cuadras de distancia, detrás del estadio de Canelones, en el Barrio Olímpico. En esa época, el centro de reclusión fue parte de la Operación Morgan, que implicó la desaparición y tortura de decenas de miembros de la dirigencia del Partido Comunista.