Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La realización de testeos diagnósticos del nuevo coronavirus importa por varios motivos: entre ellos, porque determina qué personas deben permanecer en cuarentena aunque no presenten un cuadro grave, y porque nos da una idea sobre cómo va evolucionando la ya famosa “curva de contagios”. Por lo tanto, también es importante la cantidad de testeos que se realiza: si son muy pocos, es más probable que personas contagiadas aumenten la circulación social del virus, y también que no tengamos información adecuada sobre el desarrollo de la pandemia en Uruguay.
Teniendo en cuenta lo antedicho, llama la atención y preocupa que, según los informes oficiales, los testeos diarios estén aún muy lejos del millar que se previó a comienzos de este mes. El Sistema Nacional de Emergencias informó ayer que se habían realizado 177, y en algunos días de la semana pasada habían sido más de 300. Los motivos de esto no están del todo claros, pero aparentemente están incidiendo factores económicos.
El procedimiento se incorporó el 1º de abril a los Programas Integrales de Salud y al Catálogo de Prestaciones definidos por el Ministerio de Salud Pública, pero su realización por parte de las instituciones prestadoras de servicios sanitarios debe ser aprobada por sus respectivas direcciones técnicas. Hay indicios de que existen ciertas reticencias a ello, relacionadas con la disponibilidad de los insumos necesarios y con los costos, ya que, por el momento, no se ha definido formalmente si el Estado contribuirá a financiarlos por completo o en parte.
Mientras se verifican retrasos en este terreno, en otros hay aceleración. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, declaró el domingo que le había pedido al presidente Luis Lacalle Pou que el postergado proyecto de ley de urgente consideración (LUC) fuera enviado al Parlamento el lunes que viene. Larrañaga alegó que la aprobación de algunos artículos de esa iniciativa es muy necesaria para el desempeño de su secretaría de Estado en estos días de emergencia sanitaria, aunque no aclaró cuáles, ni por qué considera que el Poder Legislativo debe comenzar ya el tratamiento de todo el proyecto, y no solamente el de esos artículos presentados por separado.
La cuestión es que, si Lacalle Pou accediera a la solicitud del ministro del Interior, empezarían a correr los plazos acotados para el proceso legislativo de toda la LUC (que, como recordarán quienes tengan hoy presente algo más que lo referido a la pandemia de covid-19, quedaría aprobada si no hubiera una votación negativa expresa en esos plazos). La inconveniencia de esto es muy obvia, como dijeron a la diaria varios legisladores oficialistas.
Mientras dure la emergencia sanitaria, no habrá posibilidades de recibir en comisión a la gran cantidad de instituciones y expertos a los que sería indispensable escuchar, y ni siquiera condiciones adecuadas para el funcionamiento del plenario de la Cámara de Representantes. Por supuesto, tampoco sería posible que se movilizaran contra el proyecto quienes ya adelantaron su oposición a él (más allá de medidas como el caceroleo, tan denostado cuando el PIT-CNT apeló a él para demandar respuestas del Ejecutivo a sus planteos).
Hasta mañana.