Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En el discurso oficialista, la justificación de que el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) abarque tantos asuntos es que, como la ciudadanía votó mayoritariamente a partidos que proclamaban la necesidad de revertir muchas políticas de los gobiernos del Frente Amplio (FA), hay que proceder cuanto antes a cumplir con ese mandato. Esto presupone que todos los integrantes de la “coalición multicolor” estaban y están de acuerdo acerca de los cambios que es preciso llevar a cabo; y que cuentan con planes bien estudiados para aplicar políticas nuevas. Ambas premisas están mostrando algunas debilidades durante la discusión parlamentaria del proyecto.
Ayer, las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería anunciaron que se retiraban dos artículos muy controvertidos, que obligaban a Antel a alquilar su infraestructura, y especialmente sus redes de telecomunicaciones, a empresas privadas. Los jerarcas dijeron que esto será objeto de una “discusión más general”, pero quizá el problema era, por el contrario, que los artículos eliminados se apoyaban en postulados demasiado generales acerca de las ventajas de la libre competencia. En todo caso, la vida demuestra que los planes no estaban tan afinados, y que no conviene acelerar la resolución de algo tan relevante.
Probablemente sería razonable usar el mismo criterio en relación con otros temas incluidos en el proyecto, pero por ahora no se han retirado los artículos que derogan monopolios estatales gestionados por ANCAP. Estos también parecen más basados en premisas ideológicas que en un estudio preciso de la realidad, y además presentan el inconveniente nada menor de que no cuentan con los votos necesarios para ser aprobados.
Tampoco les haría mal un poco más de debate a la propuesta de “regla fiscal”, cuyos alcances no están definidos con precisión, y a la de aflojamiento de las exigencias de bancarización, que restaura posibilidades de pago de salarios sin los aportes correspondientes y de lavado de activos.
Otra premisa en el discurso de campaña de los partidos que hoy gobiernan fue que los gobiernos frenteamplistas eran responsables de todo tipo de irregularidades, y en esa línea se prometió un aluvión de auditorías, unas veces insinuando y otras veces asegurando que habría pasajes a la Justicia y condenas. En esta materia también hay urgencia de cumplir con lo anunciado, y era esperable que la mira estuviera puesta, sobre todo, en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creado por el FA y singularmente aborrecido por muchos de los actuales oficialistas.
Esta semana comenzaron las primeras escaramuzas, mediante denuncias de “desvío de fondos”, una expresión que se suele usar cuando, en el Estado, un funcionario cambia el destino previsto de dinero público, pero que aquí se refiere a alquileres no pagados por organizaciones no gubernamentales con dinero que les daba el Mides.
Esto se anotó en la lista de “irregularidades ocultas” que ahora estarían descubriendo las nuevas autoridades, pero la ex subsecretaria del Mides, Ana Olivera, aseguró que estas fueron advertidas, y que ya se habían hecho denuncias penales.
Hasta mañana.