Los operadores penitenciarios son el personal civil que trabaja en las unidades penitenciarias del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Los trabajadores agrupados en la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) denunciaron la falta de un diálogo genuino en la instancia de negociación colectiva con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, donde plantearon carencias en las condiciones de trabajo, como falta de seguridad en las instalaciones edilicias, incumplimiento de las medidas de higiene,mala alimentación, abusos por parte de superiores y falta de personal, lo que también repercute en la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Además de ser director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, González se ha presentado como asesor en materia penitenciaria del ministro del Interior Jorge Larrañaga.
“Lamentablemente la reunión debió culminar en forma abrupta por parte de la organización, debido a la postura adoptada por parte del Sr. González, quien con una actitud sumamente soberbia, agresiva, violenta y alzando la voz en todo momento, su única respuesta fue la de desacreditar los diferentes problemas planteados, justificando la situación actual a que es una herencia del gobierno anterior“, expresaron los operadores penitenciarios en un comunicado.
En diálogo con la diaria, el presidente de OFUCIPE, Juan Nolasco dijo que si bien los reclamos del sector vienen desde el gobierno anterior, en esta administración no se les reconoce la situación que plantean.
“Lo que molesta no es que no nos den una respuesta, sino que cuando salen a la prensa hablan del buen vínculo que tienen con el sindicato y con lo de ayer quedó bien claro que no. Las negociaciones tienen un ida y vuelta, lo que queremos es que las propuestas que llevamos se traten con el respeto necesario”, afirmó.
Además, los trabajadores expresaron su preocupación por un borrador de un protocolo de trabajo que fue presentado por las autoridades del INR el pasado 16 de junio que modificaría la naturaleza del trabajo de los operadores.
“Nos trajeron gran parte del protocolo armado y cambia notoriamente el trabajo, ya estamos hablando de represión por parte de los operadores, un retroceso muy grande, están hablando de una reinstrucción en seguridad, en manejo de cachiporras, escudo y reducción. Hay mucha gente que está en contra de este tipo de trabajo, si no hubieran ingresado a otros lugares”, agregó Nolasco.
En las 26 dependencias del INR trabajan 2700 policías, 500 efectivos de la Guardia Republicana, ambos cuerpos destinados a tareas de seguridad. Además, hay 1500 funcionarios civiles, 1200 son operadores penitenciarios y 300 son técnicos y docentes.