Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A veces son muy extrañas las argumentaciones desde el Poder Ejecutivo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer, entre otros datos sobre la respuesta de los gobiernos de la región a la pandemia de covid-19, que la inversión de Uruguay para paliar los efectos de la emergencia sanitaria equivale apenas a 0,7% del producto interno bruto, y se ubica entre las más bajas. El presidente Luis Lacalle Pou afirmó ayer que eso “no es cierto”, que el organismo internacional “se equivoca”, y que debe rever su informe, pero en realidad no se refería a que sea falso el dato, difundido también por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ramón Pampín, integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo en una reunión organizada por la CEPAL que el bajo monto de esa inversión debe ser evaluado teniendo en cuenta tres particularidades de nuestro país: la situación fiscal que afronta, el “bajo impacto sanitario” de la enfermedad, y la existencia previa de instrumentos “institucionalmente muy afiatados” para atender problemas sociales, incluyendo el seguro de desempleo.
Esos argumentos resultan muy discutibles. Para empezar, es obvio que en la región hay problemas de déficit fiscal bastante más complicados que los nuestros. Según el canciller Francisco Bustillo, “la situación de la que partió Uruguay era muy distinta a la de otros países”, pero (los diplomáticos suelen elegir con cuidado las palabras) eso no significa que fuera peor que la de todos los demás países. Muchos gobiernos, pese a su gran escasez de recursos, priorizaron los intentos de aliviar la situación de su población más vulnerable. La CEPAL dio cuenta de los hechos, y no le corresponde juzgar quién tomó decisiones más acertadas.
En segundo lugar, nadie duda de que haber contenido los contagios sea un destacado logro, y ese dato no es ocultado por la CEPAL, pero nuestra situación relativamente privilegiada implica, entre otras cosas, que como no hay que realizar “gastos directos fuertes en el sistema de salud” (según dijo Pampín), es más factible destinar recursos a políticas sociales, porque no vivimos en la angustiosa necesidad de habilitar contrarreloj nuevos servicios de internación y de cuidados intensivos. En Uruguay hay, hasta ahora, un “bajo impacto sanitario”, pero también un alto impacto social, y los indicadores de desempleo y pobreza son muchísimo menos alentadores que los relacionados directamente con la covid-19.
Por último, hay algo que no cierra en el relato gubernamental. Altas autoridades, de Lacalle Pou para abajo, insisten en afirmar que durante los gobiernos del Frente Amplio las políticas sociales no llegaban con eficacia a sus destinatarios, y que los indicadores de pobreza y desempleo ocultaban problemas graves. Pampín destacó que uno de los motivos de que Uruguay no se haya visto en la necesidad de realizar grandes desembolsos para afrontar la crisis fue, por el contrario, que esas políticas sociales estaban bien articuladas, y que, evaluando los múltiples factores que determinan la pobreza, “actúan como estabilizadores automáticos”. ¿En qué quedamos?
Hasta mañana.