La fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, alcanzó un acuerdo abreviado con las defensas de cuatro policías de la zona operacional IV, que culminó con una condena a cinco años de cárcel y dos años de inhabilitación. Se trata del caso que investiga el secuestro y la extorsión de un vendedor de productos de limpieza, ocurrido en mayo de 2019.
El juez de Rosario, Damian Battó, dispuso la condena de los efectivos policiales por los delitos de extorsión, violación de domicilio especialmente agravado, privación de libertad, peculado, y asociación para delinquir. En la decisión pesó como agravante su carácter de funcionarios policiales y se consideró como atenuante la primariedad y la admisión de los hechos por parte de los imputados. Los policías se encuentran en prisión en cárceles de Rocha, San José, Cerro Largo y Flores.
El abogado Marcos Pacheco, representante de uno de los imputados, dijo a la diaria que se trató de “un buen acuerdo”, ya que la fiscal que inició el caso, Ana María Roses, había pedido 10 años de penitenciaría y no había accedido a acordar. Con la fiscal Fleitas, según comentó, la situación cambió y se comenzó a negociar, logrando en una primera instancia acuerdo abreviado con dos de los seis indagados por la causa. Cuando llegó a un acuerdo con los cuatro restantes, Battó se negó a aceptarlo, ya que había sido designado como juez de juicio. Sin embargo, la defensa apeló y el tribunal le dio la razón, en virtud de que el juicio aún no había comenzado.
Sindicato policial busca línea directa con Fiscalía para combatir corrupción
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) se reunió el viernes con el fiscal de Corte Jorge Díaz y planteó la necesidad de una línea directa para realizar denuncias de corrupción o abuso policial.
Para Díaz el hecho de que se investigue a una organización desde afuera mejora la efectividad de las investigación y da más garantías al denunciante, por lo que se está buscando la construcción de “un canal seguro” que facilite la denuncia, sin descartar, como aspiración a largo plazo, la creación de una fiscalía especializada.
La presidenta de Sifpom, Patricia Rodríguez, dijo que al sindicato llegan muchas denuncias que los policías “no se animan a hacer en otros ámbitos internos”, por ser un Ministerio vertical y “tener muchas jerarquías”. Rodríguez señaló que el departamento de Asuntos Internos “muchas veces es juez y parte porque son los propios funcionarios del Ministerio los que terminan haciendo la investigación”.
Además agregó que esas investigaciones a juicio del sindicato “demoran mucho” en resolverse “y eso no estimula a que el trabajador lo utilice como herramienta para denunciar”.
Los hechos que fueron probados
El 14 de abril de 2019 un hombre realizó una denuncia por amenaza de muerte contra un vendedor de productos de limpieza con el que trabajaba. La denuncia fue recibida por un oficial, circunstancialmente encargado del departamento de Delitos Contra la Propiedad y las personas de la zona operacional IV.
Tras recibir la denuncia el policía dio cuenta a la fiscal Brenda Puppo, quien dispuso la incautación de los productos de limpieza que se encontraban en poder de los denunciantes y llamó a declarar voluntariamente al denunciado. La incautación la realizaron cuatro efectivos que “se apropiaron de varios productos”. De la pericia del celular de uno de ellos surgen conversaciones sobre cómo distribuir lo robado de la incautación y “se recriminan unos a otros por apoderarse de productos y no repartirlo con el resto de los compañeros“, según consta en la sentencia a la que accedió la diaria.
El 22 de mayo, a las 06.30hs, los seis policías de la zona operacional IV imputados en la causa salieron en un auto oficial y una camioneta BMW X5 de uno de los efectivos rumbo a Colonia, para intentar ubicar al vendedor de productos de limpieza, dado que sabían que manejaba un gran cantidad de dinero, proveniente de presuntas estafas. Para averiguar la dirección, pararon en Nueva Helvecia, en la casa de la abuela del vendedor y le dijeron que lo estaban buscando porque había violado una medida de no acercamiento que el hombre tenía con su madre. Ante eso, la mujer le explicó a los policías cómo llegar a la vivienda de su nieto, en Rosario.
Al llegar los policías se identificaron y pidieron ingresar a la vivienda. Cuando el hombre les pidió la orden de allanamiento, le contestaron que la tenían en la camioneta y que después se la iban a mostrar. Los policías le incautaron dos torres de computadora y el teléfono celular y le dijeron que estaba “complicado” a raíz de la incautación de los productos de limpieza. Para dejar de ser investigado, le pidieron 500 mil pesos. El vendedor respondió que no tenía esa plata y se lo llevaron a Montevideo, a la sede de Investigaciones de la zona operacional IV, en Santín Carlos Rossi y Ruta 1.
Allí, lo interrogaron por maniobras de estafa con la venta de productos y le dijeron que puede terminar siendo asesinado en la cárcel, o “limpiar todo” y seguir con su negocio. Además, le plantearon que le dirían a la fiscal Puppo, en relación a la denuncia de amenaza, que se había tratado de una broma. También le permitieron hablar con su familia, que desde que lo habían llevado esa mañana intentaba comunicarse con él. El hombre, que alcanzó a dar detalles de los hechos sobre los que lo indagaban, ofreció 270 mil pesos. Tras una breve reunión los policías aceptaron el dinero y le indicaron la forma en la que lo sacarían del banco. Le hicieron firmar al comerciante un comprobante de que había permitido el allanamiento de su casa y que se le habían devuelto las dos torres y el celular. El hombre salió caminando de la sede de la zona operacional IV cargando sus dos torres en una caja. Unas cuadras después lo pasaron a buscar en la BMW para ir a la sucursal del Banco República de Paso de la Arena.
Lo dejaron a una cuadra para evitar las cámaras de seguridad y le pidieron que fuera con el dinero hacia la terminal del ómnibus. El hombre entró solo al banco y retiró en la caja 90 mil pesos y 5.600 dólares. Al salir consultó a un peatón dónde quedaba la terminal y avanzó hasta el lugar de encuentro. Fue recogido por otro policía en un Ford Escort blanco y, unas cuadras después, trasladado a la BMW donde entregó el dinero al conductor. Antes de dejarlo en libertad, le dieron 5.000 pesos para que regresara en taxi a su casa en Rosario.