Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Aceptemos, sin discusiones profundas sobre filosofía del derecho, que lo jurídico busca (en los países democráticos) regular la convivencia de acuerdo con lo que la mayoría de la sociedad considera justo. Por supuesto, la noción de lo que es justo puede variar mucho entre diferentes personas o grupos, y todos los días hay ejemplos de esto.
Guido Manini Ríos sostuvo, cuando todavía era comandante en jefe del Ejército, que el sistema judicial no había tratado en forma justa a muchos militares acusados por su participación en el terrorismo de Estado. Esta posición es compartida en la plana mayor de Cabildo Abierto (CA), pero los tres senadores de ese partido (Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano) niegan que su proyecto sobre prisión domiciliaria tenga que ver con el asunto. Dicen que los motivos son otros y que incluyen, además de consideraciones humanitarias generales, la intención de disminuir el hacinamiento carcelario y las posibilidades de contagio de la covid-19.
El hecho es que, por la forma en que está redactado ese proyecto, su aprobación implicaría que no quedara ningún violador de los derechos humanos preso en la cárcel de Domingo Arena. El diputado cabildante Eduardo Lust opina que la iniciativa fue pensada para esas personas, y no le parece mal que un partido político “que se identifica con un sector de la población presente un proyecto de ley para beneficiar a ese sector de la población”, aunque considera que debería decirlo.
Desde el mismo sector de la población, la organización de familiares de los presos en Domingo Arena sostiene que el proyecto de CA busca “establecer justicia”, y que hablar de terrorismo de Estado es parte de una “persecución política”.
Al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, no le parece que la iniciativa sea justa. Entiende que presenta “muy importantes deficiencias técnicas” e “incongruencias”, y que sus resultados serían “muy extraños e inquietantes”, ya que personas “sin ninguna afectación de su salud o capacidad cognitiva” y “autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia” serían enviadas a sus casas, “sin haber participado de ningún programa de rehabilitación o tratamiento”.
La tensión entre las consideraciones jurídicas y las nociones de lo que es justo también puede tener consecuencias extrañas e inquietantes cuando un magistrado argumenta en beneficio propio.
El juez Leonardo Méndez presentó, al igual que decenas de sus colegas y que varios fiscales, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.874, que estableció el Fondo Solidario Covid y su financiamiento mediante un impuesto a las mayores remuneraciones en el sector público. Entre ellas, la de Méndez, que cuando se aprobó la norma tenía un salario nominal de 204.896 pesos.
El juez alegó, entre otras cosas, que muchos de los afectados por el impuesto deben pagar alquileres, cuotas hipotecarias, préstamos financieros o la educación privada de sus hijos. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso y los argumentos de Méndez, aunque sobre algunos de ellos mantuvo un piadoso silencio.
Hasta mañana.