Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los últimos seis artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) establecen el “derecho a la portabilidad numérica” y el modo en que el Estado garantizará su ejercicio. Se trata, según la definición incluida en la propia norma, de “la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador”.
Esos artículos están entre los 135 que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo, porque se los considera perjudiciales para Antel, pero el Poder Ejecutivo decidió seguir adelante con lo dispuesto en la LUC, y preveía habilitar los cambios a mediados de este año. Hubo tres prórrogas por razones administrativas y técnicas, y ahora confía en que todo estará pronto “en los próximos días”. Faltan apenas tres meses para la consulta popular y cuesta comprender los motivos del apuro, que sólo es comprensible desde los puntos de vista de Claro y Movistar.
El consorcio Cleartech-Cietel administrará la base de datos requerida para que los números de teléfono se trasladen de un proveedor a otro, y a su contrato se le agregaron cláusulas que exoneran de responsabilidad al Ejecutivo si gana el Sí a la anulación de los 135 artículos. La idea es que no pueda reclamar una indemnización por sus inversiones de tiempo, trabajo y dinero, y se supone que habrá un blindaje jurídico similar para evitar que las empresas telefónicas privadas demanden al Estado.
Cabe imaginar que las personas que estén muy apuradas por acogerse a lo que dispone la LUC también deberán firmar algún documento que les impida iniciar acciones legales si gana el Sí, pero lo que no está claro es qué podría pasar con sus números de teléfono.
Dicen las autoridades de Antel que el cambio sería irreversible, y que esas personas quedarían con el nuevo proveedor y el número de siempre. Desde el punto de vista legal eso es discutible, por motivos que tienen que ver con la diferencia entre derogar y anular una norma. Caben otras posibilidades, no necesariamente simples, instantáneas y gratuitas.
Esto es muy distinto de lo que pasa con el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, basado también en artículos impugnados de la LUC. Si su aplicación hubiera determinado que esos precios disminuyeran, pocas dudas caben de que mes a mes el oficialismo lo destacaría, exultante, o de que buena parte de la propaganda por el No en el referéndum se centraría en alegar que con la anulación de los 135 artículos, entre otras presuntas calamidades, abastecerse de nafta o gasoil pasaría a ser más caro.
Sin embargo, los astros –o más bien los precios internacionales– se alinearon contra el interés de la coalición de gobierno, y el Ejecutivo ha optado por congelar los precios hasta que se realice el referéndum, aprovechando ingresos imprevistos por la venta de energía a Brasil. Después se verá.
En lo relacionado con la portabilidad numérica, se decidió acelerar un proceso de cambios que puede ser efímero. Parece “un capricho burdo”, como dice la letra de “Brindis por Pierrot”. Ojalá que ningún apurado sufra perjuicios y termine clamando, como en la misma canción, “que el Diablo se apiade de mí”.
Hasta mañana.